La contracara de esa inmediatez son las condiciones extremas de toma de deuda a la que se ven expuestos los sectores de menores ingresos. Y es que ofrecer una y otra vez vía notificación a las personas de a pie créditos con hasta el 800% de interés anual -según el perfil de los usuarios, y en este contexto- es usura explícita, con connivencia del estado, que al tiempo que desregula los servicios insiste en que “se trata de un tema entre privados”. Mercado Pago está ofreciendo créditos a gente que necesita plata urgente y que no puede acceder a ella por ningún medio, y que le podría aliviar unos días o unos meses de su vida a cambio de arruinarle sus cuentas por un largo tiempo, o empujarlos definitivamente hacia los márgenes. Además, opera una lógica de algoritmos e hipervigilancia que, ante el menor retraso en las cuotas, presiona y escracha: avisa a los contactos cercanos del usuario que están en mora, violando derechos constitucionales básicos de las personas como el derecho a la intimidad, la protección de datos personales, la ley de defensa al consumidor, entre otros. 

A la par de esa usura digital, la no injerencia del estado en un conflicto sistémico, consolida un fenómeno aún más complejo que lleva tiempo ganando espacio en el territorio: la aparición de las redes delictivas como administradoras del crédito. Son las redes narco las que proveen un servicio financiero en los barrios, muchas veces a mejores tasas que las fintech, pero con riesgos directos sobre la seguridad de las personas y de vínculos de dependencia y sometimiento que el estado -por omisión- se ocupa de garantizar. 

Esta bomba de tiempo, a punto de explotar en la cara del gobierno, permeó en distintos sectores de la sociedad en las últimas semanas. La Iglesia Católica alzó la voz para advertir sobre el impacto ético y social del mercado desregulado. Como lo contó Washington Uranga en una nota publicada publicada en 4Palabras tras la creación del «Domingo de la Justicia Social», el cardenal arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, remarcó que «cuando se eliminan las políticas públicas que cuidan a los más frágiles no se genera libertad, lo que se genera es desamparo», y advirtió que «a las periferias abandonadas no llegan las leyes del mercado desregulado» porque «el mercado busca la ganancia, no la fraternidad. Y cuando el Estado le suelta la mano a los más vulnerables, lo que queda no es la libre competencia, sino la ley de la selva».

Entonces, el debate no pasa por una condena moralista a las plataformas digitales. Como plantea Wilkis, el verdadero desafío exige discutir la regulación del sistema bancario y la urgencia de desarrollar infraestructuras financieras públicas. Porque si el Estado no fija límites a las tasas de interés ni ofrece herramientas de crédito flexibles, ágiles y con sentido social, el negocio de la desesperación seguirá siendo explotado por el algoritmo o el crimen organizado. 

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