Se reaviva la tensión minera impulsada por el litio. Asambleas y comunidades originarias en Andalgalá, Antofagasta, Fiambalá, Ancasti y Belén resisten por el agua, el territorio y el escaso impacto socioeconómico. Un hilo conductor une las protestas: el extractivismo carece de licencia social.

Marcelo Gallo (desde Catamarca)

La explotación del yacimiento de cobre, oro y molibdeno de Bajo de La Alumbrera, que se desarrolló durante más de dos décadas en Catamarca, no fue una experiencia que estuviese a la altura de las expectativas que había generado. A los cuestionamientos ambientales que son inherentes a toda operación de mina a cielo abierto, se le sumó el motorizado por el escaso impacto económico. Fue un gran negocio para las empresas, pero no para la provincia, dueña del yacimiento.

La minería ha retomado en los últimos años su auge en Catamarca de la mano, fundamentalmente, del litio. Y la resistencia al extractivismo, que se lleva todo y deja muy poco, se hace fuerte en algunos sectores de las comunidades locales y de los pueblos originarios.

Durante la explotación de Bajo de la Alumbrera el descontento entre los pobladores se manifestó con especial énfasis en el departamento Andalgalá, que se encuentra en la zona de influencia del yacimiento, sobre todo a partir de 2009, que fue cuando se conformó la Asamblea El Algarrobo. Este movimiento que se opone a la megaminería continúa vigente a partir del anuncio de la entrada en explotación del yacimiento Agua Rica con la infraestructura de Alumbrera. Y se han sumado otras asambleas populares, como Aguas Claras, que defiende la cuenca del río Choya. Pero la resistencia se ha extendido a otras comunidades locales, en otros departamentos, donde se explotarán otros yacimientos.

Los cuestionamientos combinan razones ambientales y económicas. En ambos casos, por una razón o por la otra, los habitantes históricos del territorio se sienten los perdedores.

En el noroeste de la provincia, en el límite con Salta, se desarrolla desde hace ya tres décadas la explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto. La Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano, en la que tienen una participación protagónica las mujeres, cuestiona cómo el proyecto afecta la cuenca del río Los Patos, clave para el ecosistema puneño, un humedal altoandino. La comunidad sostiene que el problema no se limita al volumen de agua utilizado por una empresa, sino al equilibrio de todo el sistema hidrológico del salar.

Otro proyecto de explotación de litio genera tensión en Fiambalá, en el oeste catamarqueño. El proyecto Tres Quebradas, operado por la empresa china Zijin-Liex, ha acumulado reclamos por parte de la comunidad, que no rechaza la actividad minera en términos generales, pero reclama más contratación de trabajadores y proveedores locales, mejores condiciones laborales y un mayor control del cuidado ambiental y de la transparencia en la ejecución del emprendimiento. El gobierno de la provincia ha constatado irregularidades y multado a la empresa.

La resistencia al extractivismo minero en Catamarca tiene variadas causas y formas de expresión. Abarcan razones ambientales, el impacto negativo en el turismo y en el patrimonio arqueológico o la reivindicación del territorio ancestral de las comunidades originarias.

La resistencia local a la explotación del litio por sus consecuencias ambientales y un impacto negativo adicional porque podría afectar la actividad turística, importante en la zona, se manifiesta con énfasis especial en los departamentos Ancasti y El Alto, en el este catamarqueño. En la Sierra de Ancasti, que atraviesa ambos departamentos, se proyecta explorar litio alojado en pegmatitas, es decir, en roca dura y no en salares como ocurre en otros proyectos catamarqueños. Desde 2017 los pobladores vienen oponiéndose, a través de la Asamblea de Ancasti por la Vida, a los proyectos Vilismán y Santa Gertrudis, expresando preocupación especialmente por la posible afectación de las fuentes de agua, los bosques nativos, la fauna y el rico patrimonio arqueológico de esta región.

Precisamente en 2017 se sancionó en Ancasti una ordenanza que declaró al municipio como Área Protegida y No Tóxico y estableció restricciones sobre actividades extractivas que impliquen sustancias contaminantes.

El conflicto se reavivó en septiembre de este año. Vecinos y asambleístas de Ancasti y El Alto forzaron la suspensión de una consulta pública y charla técnica informativa prevista para el miércoles 30 de septiembre relacionadas con la puesta en marcha del proyecto Litios del Norte. El argumento central de los vecinos movilizados fue que la difusión del proceso no habría cumplido adecuadamente con los plazos y mecanismos de información y participación.

El argumento de las organizaciones no se limita a cuestionar la eventual explotación, sino que también plantea que la exploración mediante perforaciones puede generar impactos sobre agua, suelo, bosques y patrimonio aruqeológico, y que las comunidades deben conocer el proyecto antes de que se adopten decisiones irreversibles.

Otro foco de resistencia minera se ha generado en los últimos meses en el norte del departamento Belén, particularmente en el territorio de la comunidad indígena Peñas Negras. Si bien el conflicto tiene varios años de vigencia, el reclamo se intensificó alrededor de proyectos de prospección de minerales en la zona de Aguas Calientes/Villa Vil. La comunidad argumenta que se trata de un territorio ancestral utilizado para ganadería de altura y actividades comunitarias, y reclama que las empresas no pueden avanzar sobre él sin autorización y sin respetar los derechos de la comunidad.

En el caso de Peñas Negras, los pobladores locales están enfrentados: existen otras comunidades originarias de la zona, como Aguas Calientes, Carachi, La Angostura y Corral Blanco, que manifestaron públicamente su respaldo a las tareas de prospección, esperanzadas en que la explotación minera traiga los beneficios prometidos por las empresas con autorización oficial para operar en la zona.

La resistencia al extractivismo minero en Catamarca, como puede observarse, tiene variadas causas y formas de expresión. En Andalgalá, Antofagasta de la Sierra el reclamo predominante es ambiental, por la utilización del agua que abastece a las poblaciones o mantiene vivo el ecosistema de esas zonas. En Ancasti y El Alto se suma, a la preocupación por el agua, la del impacto negativo en el turismo y en el patrimonio arqueológico. En Fiambalá la demanda se vincula con la necesidad de que los beneficios de la explotación de los recursos naturales lleguen a la población, particularmente a partir de la contratación de mano de obra y proveedores locales. En Belén, finalmente, se advierte una potente reivindicación del territorio ancestral de las comunidades originarias.

Hay, sin embargo, un hilo conductor que atraviesa todas las demandas: la minería es una actividad que en Catamarca, al menos hasta el momento y en su versión extractivista exacerbada por el modelo libertario, no cuenta con la necesaria licencia social.

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