La decisión de la Corte de revocar este último criterio y retar en su texto a los tribunales inferiores por “insistir en reconocer legitimaciones alejadas de la jurisprudencia” revela un sesgo de estricto orden formal que, en la práctica, le concede al Ejecutivo una victoria por la vía del hecho consumado. El problema es que el triunfo llega cuando el gobierno de Milei intentaba un giro discursivo “pro soberanía” con el tema Malvinas.

La ley de Tierras 26.737, sancionada en 2011 con amplio consenso parlamentario, imponía un tope del 15% a la propiedad rural en manos de extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal, prohibía que una misma nacionalidad superara el 30% de ese cupo, vedaba la compra de más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y restringía terminantemente la adquisición en zonas fronterizas o sobre cuerpos de agua estratégicos. El fallo de la Corte deja sin efecto este resguardo legal justo después de que el gobierno intentara en vano reflotar la extranjerización en el Senado dentro del proyecto de “ley de Inviolabilidad de la propiedad privada», capítulo redactado por el ministro desregulación Federico Sturzenegger que La Libertad Avanza debió retirar ante la masiva presión social y la tajante negativa de los gobernadores.

Las reacciones de la oposición y de diversos referentes políticos ante el fallo no se hicieron esperar, denunciando un mecanismo de elusión democrática donde el Poder Judicial convalida lo que el oficialismo no pudo ratificar en el Congreso.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, clasificó a la resolución judicial como “el fallo de la infamia”: “La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular. Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial. Se proponen legalizar la entrega y el saqueo. Termina de caerse la careta del supuesto Milei ‘malvinero’. Detrás de los discursos fingidos, el propósito es muy concreto: entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros. ¡Argentina para los argentinos!”

En el mismo sentido, el exministro de Agricultura Julián Domínguez apuntó directamente al desconocimiento que hace el tribunal sobre la representatividad de los excombatientes: “Resulta inadmisible que en un tema de ejercicio soberano de nuestro territorio se le niegue a los excombatientes de Malvinas la legitimación activa mientras se avala el DNU de un gobierno nacional que está entregando el patrimonio nacional. La Corte Suprema no escuchó el reclamo del Pueblo Argentino en las calles ni el debate que se dio en el Congreso cuando le dijo que NO a este avance del gobierno. Con este fallo la Corte abre el camino a la entrega y privatización de nuestro bien más preciado: la tierra”.

El diputado nacional de Provincias Unidas, Esteban Paulón, calificó el veredicto como un atropello a las garantías comunitarias y convocó a manifestarse: “El fallo es escandaloso. La Corte Suprema resuelve a espaldas de la enorme movilización social y deroga la ley de tierras. Hay que ir a calle Talcahuano para mostrar que el pueblo sigue defendiendo lo que es de todas y todos”,

La referente del Frente de Izquierda Myriam Bregman también cargó contra el gobierno y la Corte: “Dice que va a defender las Malvinas el mismo gobierno que entrega el continente. Son todos cómplices de la entrega”.

Al obturar la discusión de fondo bajo subterfugios de representatividad formal, el fallo de la Corte reinstala la urgencia en el terreno legislativo. Luego del rechazo del DNU 70/2023 registrado en el Senado en marzo de 2024, la Cámara de Diputados cuenta con las herramientas constitucionales para convocar a una sesión especial y derogar definitivamente el decreto mediante mayoría simple, clausurando el camino judicial de la extranjerización sin límites y restituyendo la soberanía sobre el suelo argentino. 

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