En una de las salas del primer piso del lujoso hotel Llao Llao de Bariloche, propiedad de Eduardo Elsztain, cuelga la réplica de un mapa de 1869 conocido como Colton’s Patagonia: en la imagen cartográfica, encuadrada prolijamente detrás de un vidrio, las islas Malvinas figuran identificadas como “Falkland Islands”. Es un detalle menor, pero conecta con las ramificaciones inesperadas que tuvo el giro malvinense –tardío, por cierto– de Javier Milei por estos días: uno de los empresarios más ricos del país y cercanos al presidente admitió que tiene acciones en la Falkland Islands Company (hoy FIH Group) en una suerte de jugada patriótica –según dijo– para contribuir al reclamo por la soberanía de las islas.

El repentino discurso malvinero del gobierno no nació de una convicción sostenida en el tiempo. Nació de una frase de Donald Trump cuando se quejaba de que Londres no lo había acompañado militarmente en el estrecho de Ormuz. No hubo gesto de apoyo a la Argentina: sino que hubo un capítulo más de la fricción de Trump con Londres, en el que el país quedó como variable de ajuste de una pelea ajena. Puertas adentro de la Cancillería hubo nerviosismo por la comunicación entre Trump y el premier británico, Andy Burnham. El canciller Pablo Quirno presionó a dos puntas. Por un lado, al embajador en Washington, Alec Oxenford, para que “consiga algún gesto más concreto” del gobierno de Trump sobre su postura por Malvinas. Y a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para que averiguara el contenido del diálogo Trump-Burnham. Su respuesta habría sido que “no ha tenido acceso a esa información porque es reservada”. 

Burnham hizo público su posicionamiento este miércoles en una sesión de preguntas en la Cámara de los Comunes. Fue consultado por la escalada y contestó sin matices: “Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos. Esto nunca va a cambiar con este gobierno, y vamos a ser implacables a la hora de defenderlo”. El primer ministro laborista no mencionó a Milei ni a la Argentina por su nombre, pero la líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, sí lo hizo en el recinto al advertir que “la Argentina está ahora amenazando a las Malvinas”. 

Aun así, Milei aceleró en su narrativa de anunciar sanciones a las petroleras que operan en Malvinas y en –ahora sí– destinar fondos de Defensa a la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego, que está frenada desde la llegada del libertario al poder.

Pero la épica de la base naval, además, choca con hechos que contradicen al gobierno. El mismo decreto que promete avanzar con la Base Naval Integrada de Ushuaia –a la que el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, viajarán a visitar el viernes para “acelerar la obra”– convive con el decreto 764/2026, firmado el 21 de agosto, que autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a rematar 38 hectáreas de tierras de las Fuerzas Armadas en pleno centro de Ushuaia, lindantes con el predio de la propia base, valuadas en unos 2,5 millones de dólares según denunció la senadora fueguina Cristina López. 

Lo que Quirno y Presti verán este viernes será apenas un obraron en menos del 10%: la construcción de la base, iniciada en marzo de 2022, llevaba en agosto de 2025 apenas un 9,13% de avance. La contradicción no pasó inadvertida ni siquiera para los que respaldan la obra: el intendente de Ushuaia y presidente del PJ fueguino, Walter Vuoto, celebró este martes en una radio local la ampliación de la base pero cuestionó que el gobierno no convocara a las autoridades provinciales ni municipales para anunciarla. “Si van a hacer algo en nuestro territorio, armemos una mesa», reclamó. Y fue el primero en poner en palabras la contradicción de fondo: “No podés un mes atrás sacar a remate las tierras estratégicas que tiene la Armada en la ciudad y un mes después anunciar una base”.