Mientras el gobierno celebra el Índice de Precios al Consumidor de agosto, las canastas que miden la pobreza y la indigencia treparon un 2,6%. Hoy una familia tipo necesita más de $1,6 millones para no caer en la pobreza. Así queda al desnudo la brecha entre las estadísticas oficiales y el costo de la vida cotidiana.

Manuel Barrientos

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) marcaron una fuerte contradicción. O pusieron al desnudo a una Argentina de dos velocidades. Por un lado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) indicó una suba del 1,7%, por debajo del 2,1% de julio. Así se presenta un acumulado interanual del 33,5% y un 21,3% en lo que va de 2026.

Sin embargo, detrás de esa estadística que celebran desde la Casa Rosada y el Ministerio de Economía, los números duros de la vida cotidiana exhiben una grieta cada vez más profunda. La paradoja central transcurre en las góndolas y en los servicios esenciales: mientras el promedio general pierde dinamismo, lo que no puede dejar de consumirse sube muy por encima del nivel general.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) avanzaron un 2,6% en agosto. Es decir, casi un punto porcentual completo por encima de la inflación promedio. Esa brecha debería desarmar cualquier festejo apresurado: una familia tipo –dos adultos y dos niños– necesitó durante agosto $1.605.497 para no ser considerada pobre y $726.469 para mantenerse a salvo de la indigencia. En tan solo treinta días, el umbral de la pobreza se encareció en más de $40.000.

En la medición interanual, la brecha de clase resulta todavía más contundente. Frente al 33,5% del IPC general, la canasta básica alimentaria acumuló un alza del 39,6% en los últimos doce meses, mientras que la canasta total escaló un 38,3%. Para explicarlo de forma más directa: la inflación golpea más fuerte en los sectores más pobres, allí donde no hay margen de ahorro ni capacidad de postergación.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) avanzaron un 2,6% en agosto. Es decir, casi un punto porcentual completo por encima de la inflación promedio. Esa brecha debería desarmar cualquier festejo apresurado: una familia tipo –dos adultos y dos niños– necesitó durante agosto $1.605.497 para no ser considerada pobre y $726.469 para mantenerse a salvo de la indigencia. En tan solo treinta días, el umbral de la pobreza se encareció en más de $40.000.

El desglose por divisiones del INDEC confirma este sesgo. La mayor suba del mes se dio en el rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que saltó un 2,8% a nivel nacional y alcanzó un preocupante 3,5% en la Región Pampeana. Educación escaló un 2,5%, mientras que Salud y Bienes y servicios varios anotaron incrementos del 2,4%. En el renglón de los precios regulados (2,2%), el arrastre de las tarifas, el transporte público y las cuotas de las prepagas continuó erosionando el poder adquisitivo de la clase media y trabajadora.

El capítulo de los alimentos expone otro problema claro en el Gran Buenos Aires. El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas cerró en 1,7%, alineado al promedio, pero impulsado por picos inverosímiles en productos de consumo básico e insustituible: la cebolla subió un 42,7%, el zapallo anco un 35,5%, la banana un 30,4% y la papa un 22%. A eso se sumaron incrementos sostenidos en esenciales de la mesa popular como el agua sin gas (5,5%), los fideos secos (4,5%), las galletitas dulces (4,3%) y el pan francés (3,8%). La baja estacional en la lechuga (-18,8%) o el tomate (que ya está otra vez por las nubes) sirvió para amortiguar el promedio de la planilla, pero no para aliviar los bolsillos de las familias.

Mientras el gobierno celebra la suba del 1,7% como un logro de gestión de la macroeconomía, el alza en las canastas básicas castiga la vida cotidiana. Cuando los alimentos esenciales y los servicios regulados aumentan muy por encima del nivel general, el índice de precios deja de ser un termómetro de la realidad para transformarse en un promedio abstracto. Y deja a las claras a qué se debe el creciente sobreendeudamiento de las familias argentinas.

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