“La justicia social es un mandato constitucional”
La declaración final del congreso universitario de posgrados en políticas sociales denuncia que el gobierno nacional está produciendo una “reforma constitucional de hecho” y denuncia la desfinanciación de las políticas sociales. Propone apoyar a quienes tienen responsabilidades institucionales para revertir la situación.
- septiembre 14, 2026
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“La justicia social es un mandato constitucional que debe ser garantizada por los tres poderes del Estado y por todas las jurisdicciones” se afirma en la Declaración de la Red Interuniversitaria de Posgrados en Políticas Sociales (RIPPSO), difundido al finalizar el Segundo Congreso de la especialidad celebrado en la ciudad de Córdoba. La red es un espacio académico que nuclea carreras de posgrado orientadas al estudio, la investigación y la intervención en políticas sociales.
Quienes integran RIPPSO sostienen que “el gobierno de La Libertad Avanza está produciendo una reforma constitucional de hecho al desconocer y dilapidar el conjunto de los derechos sociales reconocidos en nuestra historia”.
La declaración se produce al finalizar el congreso que reunió a tres centenares de académicos, docentes, investigadores y estudiantes de universidades públicas de todo el país, junto a integrantes de organismos públicos, organizaciones sociales y equipos de investigación para debatir sobre los desafíos actuales del Estado social, los derechos humanos y las políticas sociales en un contexto de profundas transformaciones.
En la misma declaración se afirma que el gobierno de LLA “en lo que va de su mandato ha debilitado deliberadamente la institucionalidad bienestarista nacional” y se señala que “la subejecución o nula ejecución presupuestaria han afectado gravemente el sistema de bienestar argentino”.
Advierte al mismo tiempo que “informes recientes dan cuenta de una inédita sub ejecución en áreas claves como vivienda y urbanismo, provisión de agua potable, promoción y asistencia social y salud”.
La declaración advierte que el gobierno de LLA “en lo que va de su mandato ha debilitado deliberadamente la institucionalidad bienestarista nacional” y señala que “la subejecución o nula ejecución presupuestaria han afectado gravemente el sistema de bienestar argentino”.
Se señala además que “el debilitamiento de las políticas públicas se combina con el mega endeudamiento externo y el impulso de reformas estructurales que comprometen la futura recuperación de la soberanía económica y territorial del país, lo que erosiona la democracia”.
En vista de lo anterior, los participantes del congreso y en su calidad de “comunidad universitaria de posgrados” proponen “colaborar con quienes tienen responsabilidad política para revertir los retrocesos institucionales y presupuestarios experimentados en estos años”. Entienden, a su vez, que “resulta urgente producir sustanciales mejoras en los servicios sociales y ampliar su capacidad protectora; modificar el sistema tributario para hacerlo progresivo; reconocer y apoyar los esfuerzos asociativos de trabajadrxs y de las organizaciones sociales que contribuyen al sostenimiento de la vida en los territorios y valorar a lxs trabajadores del sector público”.
La declaración finaliza afirmando que “una sociedad que merezca ser vivida requiere que el centro de la preocupación gubernamental sea el bienestar de la población”.
Durante el congreso se aprobó también la designación de la nueva coordinadora de la RIPPSO, la doctora Adriana Clemente (UBA), quien continuará la labor que hasta ahora venía desarrollando la doctora Nora Bristol (U. N. de Córdoba).
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