La primera vez que la vi fue en una pantalla grande: en un cine de Rosario, cuando despuntaba la década del 90. Era joven, casi adolescente, llevaba el uniforme del colegio, esa sonrisa ancha y clara. Sin embargo, aniñada, Valentina Bassi era la protagonista de El caso María Soledad, la película de Héctor Olivera que narraba el caso de una estudiante de 17 años, en San Fernando del Valle de Catamarca, que había sido violada y asesinada, en una historia que provocó un escándalo político e institucional sin precedentes hasta ese momento, reveló las redes de encubrimiento y protección de los “hijos del poder”, desencadenó la caída del gobierno de los Saadi y dio origen a las multitudinarias Marchas del Silencio cuando todavía faltaban años para #NiUnaMenos. 

Su primer trabajo fue, quizás, premonitorio: el juicio a los asesinos de María Soledad aún no había terminado cuando rodaron aquella película. En su carrera le siguieron decenas de obras de teatro, series y películas, pero el compromiso social y político fue, sin dudas, una constante. En los últimos años fue la protagonista de Presente continuo, una película –a medio camino entre el documental y el biodrama–, que llevó adelante junto a su hijo Lisandro y el papá, el cineasta Ulises Rosell, que narra la convivencia y la cotidianeidad con un adolescente con autismo. Ahora también protagoniza el reestreno de Salvajada, que también la propulsa en temas incómodos, molestos, para una sociedad que tiende a homogeneizar todo lo diferente, lo diverso, lo que no encaja en la normalidad. La obra se puede ver en el Teatro Astros de la Ciudad de Buenos Aires.

El gobierno de ultraderecha de Javier Milei la puso, una vez más, contra las cuerdas: en todas sus apariciones en programas de radio, de televisión, en streaming, en los diarios, en las marchas frente al Congreso, semana tras semana, mostró una entrega precisa, sensible y contundente, como referente y activista por los derechos de las personas con discapacidad, que si bien llevaba adelante desde hace algunos años, cobró una nueva dimensión frente a los recortes de políticas públicas que afectaron de manera directa a todo el colectivo en estos últimos tres años. “En la primera clase de teatro te dicen: ‘No hay escena si no hay cuerpo’. Es lo mismo para mí: no hay vida si no ponés el cuerpo. Al menos es como yo me tomo la vida”, dice enfática, del otro lado del teléfono, sobre esta batalla desigual.   

¿Por qué la ley de emergencia en discapacidad aún no se cumple en su totalidad y qué debería lograrse para que se prorrogue?

La ley se tiene que cumplir igual aunque no se prorrogue. Los artículos que están dentro de la ley, los más importantes, son para siempre, no tienen un solo año de duración. Por ejemplo, el aumento por el IPC del nomenclador modificó la ley 24.901 y eso es para siempre; que los talleres protegidos cobren un 40% del sueldo mínimo es para siempre. O sea, si no sale la prórroga de la ley de emergencia (que estaría bueno que salga para decir que seguimos en colapso) igual van a tener que cumplir estos puntos y vamos a seguir la batalla judicial. Este año la pelea pasó a la Justicia: la ley no se cumple en su totalidad porque este gobierno es nefasto y hay que hacer una suerte de amparo colectivo para que comiencen a considerar cumplirlo. Lo cual es tremendamente desgastante pero en eso estamos. 

Fueron todos los casos que se presentaron por los amparos colectivos los que permitieron avanzar con la ley, ¿no? 

Sí. Hace dos meses, por ejemplo, hubo un amparo colectivo y salió una sentencia a favor para que paguen Incluir Salud, porque cortaron la cadena de pagos y ahora comenzaron a hacerlo. Por las sentencias judiciales comienzan entonces a cumplir algunos, pocos, artículos de la ley. Pero es muy desgastante porque hay que estar de manera permanente atrás para que lo hagan. En el caso del nomenclador faltan los aumentos que corresponden, porque se dio un incremento pero es insuficiente y por eso las instituciones son las que más están hoy en peligro: las escuelas especiales, los centros de día, los hogares, los CET, que son espacios que tienen que pagar sueldos a sus profesionales, que tienen que dar de comer a sus pacientes, que tienen que pagar infraestructura o servicios básicos y están muy ahogados y asfixiados, porque además no pueden pagar las deudas que tomaron el año pasado para no cerrar las puertas. Creo que son los que más sufrieron con los incumplimientos de esta ley. En el caso de los talleres protegidos se está cumpliendo la normativa y están cobrando un 40% de un sueldo mínimo, que es muy poquito, pero porque también debería subir el salario. Las compensaciones que tomaron todas las instituciones para no cerrar, ya pidieron un montón de trámites y facturas para compensarlas pero no las pagan.