Ese es el estándar frente al que hay que medir el ataque que Estados Unidos lanzó pocos días antes de la muerte de Mladić contra la Corte Penal Internacional (CPI). El 18 de agosto, el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones económicas contra la presidenta del tribunal, la jueza japonesa Tomoko Akane, y contra el abogado principal de juicios, el senegalés Abdoulaye Seye, a quienes calificó de integrantes de un «tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado». No es un hecho aislado: se suma a las sanciones que Washington ya había impuesto, desde 2025, a nueve jueces y dos fiscales adjuntos de la Corte, después de que el tribunal emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra en Gaza. 

Esta avanzada se enmarca en una campaña declarada por Rubio en julio para “desmantelar, ladrillo por ladrillo”, la institución con sede en La Haya, a la que acusó de librar “una guerra” contra Estados Unidos, “no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza del así llamado derecho internacional”. En su ataque destemplado contra la CPI, Rubio pone en duda la legitimidad de todo el derecho internacional, en línea con bravuconadas anteriores de Donald Trump, que ha declarado sin ambages que no considera que él o su país (a veces entendidos como la misma cosa) deban atenerse a éste en sus acciones.

El argumento no es nuevo: es el reclamo de que ningún poder externo a la voluntad de la superpotencia puede juzgar a sus ciudadanos ni a sus aliados. Es la pretensión de un poder que se resiste a rendir cuentas ante una instancia que no controla. La propia Corte calificó las sanciones de “un ataque flagrante” contra la independencia judicial, y el secretario general de la ONU, António Guterres, reafirmó recientemente que la considera “un pilar fundamental de la justicia penal internacional”. En agosto, Human Rights Watch y el Center for Constitutional Rights presentaron una demanda formal en Nueva York contra el decreto presidencial que ordena aquellas sanciones.

Defender la Corte Penal Internacional de este asedio no implica ignorar sus límites reales: la dependencia de la cooperación estatal para ejecutar arrestos, las asimetrías que revela la elección de las situaciones que investiga, la lentitud de sus procesos. Implica simplemente sostener que la alternativa a una Corte imperfecta no es ninguna Corte, sino el regreso liso y llano a un mundo donde la impunidad de los poderosos, como la que protegió a Mladić durante dieciséis años, se consagra como regla. Srebrenica y Ruanda no son solamente el origen del tribunal: son la advertencia indeleble de lo que ocurre cuando una instancia penal internacional no existe. Sostener la Corte hoy, frente a las pretensiones del trumpismo y frente a cualquier otro poder que pretenda desmantelarla, es sostener el principio de que ningún cargo, ni bandera deberían ser escudo de impunidad para dejar fuera del alcance de la justicia a figuras execrables como las que cometen genocidios.

4Palabras