Mirando en espejo a Brasil, distintas provincias empiezan a detectar que el malestar social ya no pasa por los niveles de corrupción, ni por la inflación, u otras variables, sino por la asfixia financiera vinculada con la deuda familiar que se viene acumulando. La situación llega al límite de que cientos de miles de trabajadores no alcanzan a cobrar sus haberes porque los tienen embargados. Gobernadores, legisladores y directivos de bancos públicos y privados provinciales, pusieron bajo el radar esta agenda que lidera encuestas variopintas. 

En Brasil, el presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva puso en marcha el programa “Nuevo Desenrola Brasil”, para que los ciudadanos de clases medias y populares se puedan “liberar de la opresión y puedan volver a respirar y soñar tranquilos”. Con una vigencia de 90 días, esta política pública busca rescatar financieramente a millones de familias, estudiantes y pequeños empresarios que hoy se encuentran asfixiados por deudas bancarias e intereses desmedidos.

En el escenario local, la provincia de Buenos Aires, a través de la banca pública, utiliza su red de sucursales para “sentarse caso por caso, vecino por vecino” según fuentes internas del BAPRO. En esa línea, si un cliente no puede pagar una tarjeta, se busca licuar esa deuda con un préstamo personal a tasas mucho menores para mantener al cliente dentro del sistema.

Y aquí es donde la política sí juega un rol. Intendentes, legisladores y concejales “están actuando como radares”; detectan al vecino que está por caer en morosidad y lo canalizan hacia el banco para buscar una salida antes de que la deuda se vuelva irrecuperable.  El Provincia apuesta a su despliegue territorial para “ordenar, con una actitud de tratar de ir resolviendo los temas, para que la gente no se caiga, porque si se cae, no se levanta más y se cae el sistema”. 

Además, este año diseñó una estrategia agresiva de auxilio para carteras en mora de hasta 90 días, ofreciendo planes de hasta 72 meses y tasas fijas del 83,33%. Para los sectores de menores ingresos que perciben hasta cuatro salarios mínimos, dispuso un esquema especial con una tasa subsidiada al 41,67% anual, mientras que para las pymes habilitó plazos de hasta 84 meses. La estrategia arrojó resultados inmediatos, logrando que la recuperación de deuda creciera casi siete veces entre enero y abril respecto al año anterior.

La flexibilización de las condiciones de pago también se extiende a otras grandes provincias del centro del país. Por un lado, a través del Banco de Córdoba, el gobierno provincial apuró programas de refinanciación de tarjetas y deudas para empleados públicos. Esta iniciativa abrió el debate para extender de inmediato el beneficio a jubilados y otros sectores, ante la presión de dirigentes de la oposición local que advierten que a los trabajadores se les va la mitad del sueldo en pagar la tarjeta que usaron para comprar comida.

Por el otro, el Banco de Santa Fe habilitó en su plataforma web esquemas de reestructuración de saldos de hasta 60 cuotas con tasas preferenciales y dos meses de gracia, una propuesta destinada específicamente a empleados públicos, privados y jubilados.

En sintonía con la reacción de las provincias, en el Congreso de la Nación se están debatiendo más de una docena de proyectos de ley impulsados por distintos bloques legislativos. El eje central de estas iniciativas es combatir la mora récord en créditos de consumo, tarjetas de crédito y billeteras virtuales. 

Los proyectos vigentes apuntan a frenar la bola de nieve financiera mediante la quita de entre el 50% y el 100% de los intereses acumulados por falta de pago, prohibiendo además que se cobren intereses sobre intereses. También se propone la creación de un fondo público que compre las deudas para que el afectado le deba a un solo lugar bajo mejores condiciones de financiamiento, estableciendo que la nueva cuota mensual nunca supere el 30% de los ingresos de la familia, con planes de 3 a 5 años para pagar y la suspensión inmediata de los juicios mientras se transite el período de pago.

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