La Iglesia Católica, esta vez a través de la intervención del obispo Juan Ignacio Liébana, titular de la diócesis de Chascomús, volvió a ratificar su categórica oposición al proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” impulsado por el gobierno de Javier Milei a instancias del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El obispo se hizo presente en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, para ratificar allí que “el proyecto de ley atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminar”.

La exposición de Liébana ante los senadores coincide en todos sus términos con el documento difundido días pasados por la Comisión Episcopal de Pastoral y con lo dicho sobre este tema en el Congreso por el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas, Gustavo Carrara. 

“Este nuevo proyecto abriría la puerta a una mayor concentración y extranjerización de tierras estratégicas vinculadas como las vinculadas al petróleo, la minería, los glaciares, las nacientes de los ríos, etcétera”, dijo el obispo en su exposición en el Senado. 

Agregó que “ante la ilusión de futuras inversiones extranjeras, resulta imperioso reconocer que esto no implica necesariamente un verdadero desarrollo para nuestra nación”. Porque, dijo Liébana retomando palabras de la reciente encíclica del papa León XIV, “la idea del desarrollo humano integral, convertida en una dimensión imprescindible de la Doctrina Social de la Iglesia” porque “la calidad del desarrollo, de hecho, se mide por su capacidad de mantener unidos, sin separar, la justicia hacia las personas y la custodia de la Casa común, favoreciendo condiciones de vida digna, acceso a los bienes necesarios, relaciones justas, cuidado de la creación y atención a las generaciones futuras”. 

El pronunciamiento guarda coherencia con otras manifestaciones sobre el mismo hechas por otros miembros de la jerarquía católica y deja en evidencia las diferencias doctrinarias y políticas del episcopado con el gobierno de Javier Milei y su equipo de gobierno.

“No estamos despreciando la propiedad privada”, dijo ahora Liébana. “La defendemos y la cuidamos, pero la queremos para todos y no para algunos” subrayó. Agregó que como Iglesia “abogamos y soñamos porque todos puedan tener un título en sus manos para poder trabajar la tierra con seguridad, con respeto al ecosistema, con responsabilidad ecológica y humana, con justicia intergeneracional como nos recuerda León en su reciente encíclica”. Y reiteró que “no estamos en contra de la propiedad privada” pero “la valoramos no como un bien absoluto, sino relativo”. 

El obispo de Chascomús indicó entonces que se trata de un bien relativo “a la dignidad humana” porque “lo que es inviolable es la dignidad de cada persona”.  Y argumentó que “lo que está en juego con esta ley es el principio del destino universal de los bienes, el reconocimiento de la función social de la propiedad y la ecología integral” que son “principios de la Doctrina Social de la Iglesia que nos desafían a que nadie quede afuera del ‘partido’ de la vida para todos puedan formar parte y no la miren desde afuera”.

El obispo Liébana dijo además que “cuando limitamos la compra de tierras, estamos valorando un espacio vital, para que más hermanos puedan disfrutar de este bien, especialmente los pueblos originarios”. Además proclamó la necesidad de que haya “pocas tierras en muchas manos y no muchas tierras en pocas manos”.