Doce años de impunidad. El dolor no cede, pero la memoria se obstina en no silenciarse. A las puertas de un nuevo aniversario de la trágica noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa irrumpieron nuevamente en la capital mexicana. En el inicio de su jornada nacional de lucha, la exigencia central permanece inalterable: verdad, justicia y el paradero final de sus hijos.

La primera jornada en la Ciudad de México estuvo marcada por la confrontación simbólica e institucional contra los organismos encargados de garantizar el acceso a la justicia y los derechos humanos. Frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –resguardada por un cerco de vallas antimotines–, los familiares responsabilizaron al Poder Judicial de la Federación (PJF) por las dilaciones que frenan el avance de las investigaciones.

Pese al vallado metálico que blindó también el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, una comisión de madres y padres logró ingresar cerca de la una de la tarde al recinto del máximo tribunal para ser recibida por su presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

La protesta ante el máximo tribunal puso de relieve el incumplimiento sistemático de resoluciones judiciales que involucran a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). El abogado de las familias, Isidoro Vicario, denunció que a mediados de febrero pasado un juez de distrito federal emitió un fallo derivado de un amparo interpuesto por los padres en 2023. La sentencia ordena explícitamente a la Defensa entregar 853 folios a la Comisión para la Verdad (Covaj) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Estos documentos, señalan los abogados, contienen información clave y potencialmente decisiva sobre lo ocurrido la noche de Iguala y las horas posteriores. Sin embargo, la institución castrense recurrió al litigio defensivo para frenar el mandato. “La defensa, lejos de cumplir con una resolución judicial, ha impugnado esta resolución para que no quede firme”, explicó Vicario.

Magdalena Maestro, madre del estudiante desaparecido Antonio Santana, fustigó el papel de las autoridades judiciales: “En las manos de quienes están al frente de la SCJN está que esto se resuelva, porque se quieren deslindar, le quieren quitar culpa al Ejército y no lo vamos a aceptar. Como padres y madres queremos verdad, queremos justicia”.

Horas antes de su arribo al centro histórico, las familias, acompañadas por contingentes de diversas escuelas normales rurales del país, acudieron a la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Bulevar Adolfo López Mateos. Tras más de dos horas de mitin bajo las consignas “CNDH protector del Ejército” y “Nos faltan 43”, las puertas del organismo permanecieron cerradas sin que ningún funcionario saliera a atenderlos.