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Bolivia: Primer año agitado de gobierno de Rodrigo Paz

Un análisis de la situación en la que se encuentra actualmente Bolívia, conducida por un gobierno que no encuentra soluciones a los problemas de una mayoría de la población que vive bajo la linea de pobreza. Rodrigo Paz sigue gobernando por decretos supremos sin conseguir gobernabilidad parlamentaria. El respaldo de los Estados Unidos que ahora se ve debilitado por la derrota electoral de Donald Trump. El caso Cerimedo y sus repercusiones.

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Rodrigo Paz Pereira, actual presidente de Bolivia, en una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo en La Paz.

El gobierno de Rodrigo Paz cumplió este 8 de noviembre su primer año de gestión. Un año muy agitado, marcado por una herencia económica devastadora, una institucionalidad debilitada y un Estado que, después de años de despilfarro, corrupción y engaños, quedó prácticamente en terapia intensiva.

Según un estudio recién publicado el gobierno cuenta con uno de los niveles más bajos de aprobación por parte de los bolivianos: apenas 25% muy lejos del 65% de apoyo con el que inicio su mandato en noviembre de 2025.

El déficit fiscal, la parálisis económica provocada por un dólar artificialmente barato, la escasez de divisas y el desangramiento de las empresas estatales, presentadas durante años como la salvación del país, configuraron un escenario extremadamente complejo. Gobernar en esas condiciones no era ni es una tarea sencilla.

En ese contexto, el gradualismo del Gobierno fue objeto de críticas. Se perdió, posiblemente, la oportunidad de adoptar decisiones más drásticas cuando todavía existía un respaldo ciudadano que podía facilitar su implementación.

La escasez de combustibles obligó a eliminar la subvención del diésel y reducir parcialmente la de la gasolina. También se avanzó hacia un régimen cambiario variable, en el que el valor del dólar responda a las condiciones de oferta y demanda. Fueron decisiones importantes, aunque insuficientes frente a la magnitud de la crisis.

En el frente político, el gobierno tuvo que enfrentar que sectores opositores mantuvieran paralizado el occidente del país durante 53 días, mediante un bloqueo que provocó enormes pérdidas económicas y perjuicios a miles de ciudadanos. La amenaza de nuevos conflictos sigue latente. La gobernabilidad continúa siendo una asignatura pendiente.

En seguridad y lucha contra el crimen organizado, la captura del narcotraficante uruguayo  Sebastián Marset, que luego fue enviado a Estados Unidos, constituye uno de los hechos más relevantes de esta gestión. A ello se suma el descubrimiento de presuntas redes de corrupción que comprometen al Ministerio Público, al Órgano Judicial y a otros espacios del Estado.

Casi la mitad de la población vive bajo la línea de pobreza. Millones de bolivianos necesitan empleo digno, estabilidad, oportunidades y, sobre todo, razones para volver a creer en el país y en sus instituciones.

Sin embargo, sería ingenuo desconocer que estos avances también estuvieron acompañados por la presión y la cooperación de otros gobiernos, particularmente en un contexto en el que Bolivia se había convertido en un territorio extraordinariamente permeable al narcotráfico y a las estructuras del crimen organizado.

El Gobierno defiende sus logros en estabilidad económica, combate a la corrupción y el narcotráfico, y gobernabilidad bajo el concepto de «democracia resolutiva», destacando medidas como la eliminación de la subvención al diésel y la flexibilización cambiaria del dólar.

Rodrigo Paz tiene todavía tiempo para corregir el rumbo. Es apenas el primer año de cuatro años. Pero gobernar Bolivia exige mucho más que administrar la emergencia económica o resistir la presión de los sectores políticos. Exige autoridad, transparencia, independencia y una voluntad real de enfrentar la corrupción, incluso cuando esta pueda estar instalada en el propio entorno presidencial.

Casi la mitad de la población vive bajo la línea de pobreza. Millones de bolivianos necesitan empleo digno, estabilidad, oportunidades y, sobre todo, razones para volver a creer en el país y en sus instituciones.

Ese es el verdadero desafío de Rodrigo Paz. No basta con sacar a Bolivia de la terapia intensiva. También tiene que evitar que quienes lo acompañan en el ejercicio del poder terminen convirtiéndose en parte de la enfermedad.

Según el INE, entre enero y junio de 2026, la economía boliviana registró una contracción acumulada del 3,27%. Uno de los sectores más afectados fue la industria manufacturera, que pasó de crecer un 5,72% en el primer trimestre a registrar una caída del 11,33% en el segundo. La misma entidad ha señalado que “este deterioro podría (…) afectar las expectativas de empresarios e inversionistas, generando incertidumbre y volatilidad”.

A estos datos se suma el anuncio del cierre de la empresa de calzados Manaco, agobiada por una deuda insostenible, el contrabando y los conflictos sociales. Lamentablemente, no es un caso aislado. En los últimos años la industria nacional de textiles, y parte de la alimenticia, mueblería, productos químicos y materiales de construcción han tenido el mismo destino.

Adicionalmente, los problemas generados por la caída de la demanda interna, el mayor costo de los insumos importados, el encarecimiento del transporte por el alza del diésel y la persistente escasez de dólares, configuran el peor escenario posible para la industria privada nacional.

El presidente Rodrigo Paz afirmó que Bolivia empieza a dejar atrás 20 años de aislamiento y apuesta por atraer inversiones con “reglas claras” para impulsar la minería teniendo en cuenta que es “el país más rico de la región andina” en recursos en este sector.

“Bolivia le dice al mundo que empieza a dejar atrás 20 años de aislamiento, desde el Encuentro Empresarial Iberoamericano, en Madrid. Somos el país más rico de la región andina, pero nuestros vecinos mueven mucho más en minería”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

El acercamiento diplomático del gobierno boliviano con el gobierno de Estados Unidos fue una señal de cambio de relaciones de poder internacional favorables para que Rodrigo Paz tenga respaldo y ejerza el poder coercitivo contra el narcotráfico, narcoterrorismo y corrupción.

Bajo el paraguas ideológico del Escudo de las Américas, se justificó la narrativa para combatir a los enemigos de la seguridad y amigos del narcotráfico, lo que conllevó a una batalla entre poderes de Estado en Bolivia: Poder Ejecutivo contra Fiscalía General. En esta pugna intraestatal, ideológicamente justificada, el ganador se lo ha llevado todo y el perdedor se encontró con la cárcel. La ayuda externa resultó ser vital.

Pero justo cuando Rodrigo Paz cumple su año de gestión, su gran aliado Estados Unidos sufre un fuerte revés en las elecciones de la cámara de representantes y senadores.

En lo negativo, hasta ahora sigue gobernando mediante decretos supremos sin poder conseguir gobernabilidad  parlamentaria, lo cual es esencial para un gobierno que fue elegido democráticamente mediante voto ciudadano, es decir, no tiene gobernabilidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Tampoco logró hacer cambios estructurales al Estado, sigue gobernando con las bases dejadas por el Movimiento al Socialismo MAS durante los últimos veinte años.

Tampoco consiguió designar de manera oficial a embajadores  titulares en varios países con los que Bolivia mantiene lazos diplomáticos. El lento proceder en el cierre de las empresas públicas deficitarias y la falta de cambios de fondo a la actual Constitución Política del Estado (CPE) afectan al gobierno.

Y lo más negativo que empañó su gestión fue sin duda el rol que habría jugado el ex asesor argentino Fernando Cerimedo, actualmente detenido en la cárcel de Chonchocoro,  cuyo protagonismo llegó incluso a vincular a su propia familia a través de una serie de audios filtrados mediante redes sociales. Algunos de autenticidad cuestionada; otros, difundidos y sometidos a verificación por medios de comunicación especializados . Las preguntas son inevitables y el Presidente Paz  no puede eludirlas.

Finalmente, el gran desafío que tiene el presidente Rodrigo Paz para lo venidero, es justamente conseguir mediante negociaciones políticas en el Congreso Nacional, esa gobernabilidad parlamentaria que le permita gobernar el país mediante leyes y no mediante decretos supremos.

Bolivia necesita nuevas leyes de inversiones, hidrocarburos, electricidad, minería y asociaciones público-privadas y, cuando sea indispensable, reformas parciales de la Constitución que preserven la soberanía sobre los recursos naturales, junto con la autonomía del Banco Central y la independencia judicial. 

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