El empresario Hugo Barabucci confesó haber adquirido 20 mil hectáreas en la Patagonia con fondos provenientes de Emiratos Árabes Unidos. El hecho reavivó el debate sobre la extranjerización de la tierra en la región. Para profundizar en esta problemática, 4Palabras entrevistó a Leandro García, legislador de Nuevo Encuentro en la provincia de Río Negro, quien presentó un pedido de informes para que el gobierno provincial brinde explicaciones y la Justicia investigue la maniobra.

Roberto Samar (desde Neuquén)

¿Cuál es la problemática de las tierras en la Patagonia?

La problemática más grave es el aceleramiento de un proceso de larga data que tiene que ver con la concentración y extranjerización de grandes extensiones de tierras que ponen en riesgo la soberanía argentina sobre el territorio y el acceso a bienes naturales comunes de las mayorías. Hay un retroceso permanente desde 2016 en materia de normativa nacional para ponerle un límite a este proceso. Aun cuando se infringe la ley, los gobiernos provinciales, y en muchos casos el poder judicial, lejos de investigar y castigar las maniobras ilegales, las convalidan o miran para el costado.

En el caso de Rio Negro a lo largo de la historia hay múltiples maniobras fraudulentas que vulneran la Ley de Tierras provincial, que han sido demostradas a través de fallos judiciales y del trabajo de la Comisión Investigadora de Tierras que funcionó en la Legislatura.

Estas maniobras sobre tierras fiscales tienen como contracara a miles de familias que habitan y trabajan la tierra en nuestra provincia a través de varias generaciones y el Estado no les otorga su reconocimiento legal y plenos derechos jurídicos. Año a año tienen que renovar su certificado de ocupación. Sobre estas mismas tierras aparecen maniobras de compras irregulares que terminan en manos de personas con poder económico.

Hemos presentado varios proyectos de regularización de tierras y financiamiento de mensuras pero es evidente que el Gobierno no quiere avanzar.

¿Cuál piensan que es el trasfondo de esta compra?

El valor de los bienes naturales comunes que se apropian (ilegalmente) con las compras. Estas tierras son tierras con acceso a reservas de agua dulce que permiten diversos usos, desde la generación de energía hasta el consumo doméstico. Tierras y bienes naturales de alto valor estratégico y cuyo acaparamiento y restricción por parte de estos capitales extranjeros, vulnera el acceso de los argentinos al disfrute y consumo de los mismos.

¿Qué ocurre en la actualidad con la implementación de la Ley de Bosques y Ley de Tierras?

No hay fiscalización suficiente para garantizar su cumplimiento, mucha presión económica y complicidad de los gobiernos provinciales con la concentración y extranjerización de la tierra y los bosques. A pesar de esto creo que hay que defender estas leyes, que no se retroceda en el nivel de protección que establecen. Sabemos que el gobierno nacional, desde que asumió, pretende flexibilizarlo y que eso complicaría aún más este proceso.

Cuál es la expectativa del pedido de informes que presentaron?

La idea es poner en evidencia la inacción y complicidad del gobierno provincial con la entrega de tierras y bienes comunes estratégicos a representantes de Estados y capitales extranjeros, y exigir según la responsabilidad que tiene el Ministerio Publico Fiscal que investigue las irregularidades que se evidencian en estas declaraciones de Barabucci como testaferro de los Emiratos Árabes Unidos, declaraciones que terminan de confirmar algo que se viene denunciando hace mucho tiempo.

También presentamos un pedido de informes sobre posibles permisos de cateo y exploración minera en las nacientes del Río Chubut, y la actuación de la dirección de tierras en esa zona, que aún no ha contestado el gobierno provincial.

“No hay fiscalización suficiente para garantizar el cumplimiento de la Ley de Tierras y de la Ley Bosques, mucha presión económica y complicidad de los gobiernos provinciales con la concentración y extranjerización de la tierra y los bosques. A pesar de esto creo que hay que defender estas leyes, que no se retroceda en el nivel de protección que establecen. Sabemos que el gobierno nacional, desde que asumió, pretende flexibilizarlo y que eso complicaría aún más este proceso”. Leandro García, legislador de Nuevo Encuentro

¿Considera que el Pueblo Mapuce es criminalizado y estigmatizado por defender sus territorios?

Claro, desde que se abandonó por parte de Rio Negro el mapeo y el relevamiento indígena que establecía la ley 26.160, que permitía delimitar cuales eran los territorios dentro de la provincia que podrían ser reconocidos como propiedad ancestral. La persecución, estigmatización y criminalización de todas las comunidades originarias es moneda corriente en el discurso del gobierno provincial, responsabilizándolos de hechos que nunca se pueden comprobar en la justicia, como los incendios forestales.

Creo que es una maniobra que, lamentablemente, cuenta con el aval de muchos medios de comunicación. Pretende correr el eje de la discusión y ocultar el agravamiento del proceso de extranjerización, acaparamiento y concentración de tierras. Mientras gran parte de la población no puede acceder a un lote con servicios y, en muchos casos, ni siquiera puede pagar el alquiler, el gobierno provincial lejos de generar políticas públicas para dar respuestas, se dedica a buscar chivos expiatorios montándose en preconceptos falsos y racistas.

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