La huida de Flávio Bolsonaro de territorio brasileño –apenas dos días después de su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva– marcó un hito en la degradación de la institucionalidad democrática de la región y dejó al desnudo las connivencias de un entramado ultraconservador que opera por encima de las leyes y las fronteras.

El itinerario del primogénito del expresidente Jair Bolsonaro sintetiza una secuencia de impunidad calculada: el ingreso terrestre a la Argentina por la provincia de Misiones con documentación retenida por orden judicial en Brasil, un abordaje nocturno a un vuelo privado con escala en Ecuador y el arribo al aeropuerto ejecutivo de Miami, donde el gobierno de Donald Trump ya le tenía reservado un paraguas de protección política. El recorrido, en apariencia vertiginoso, deja un rastro de interrogantes de enorme gravedad institucional. Para nuestro país. Y para el Mercosur.

El paso del derrotado candidato ultraderechista por la frontera argentina puso bajo la lupa al gobierno de Javier Milei. No se trata sólo de determinar si los controles migratorios actuaron con negligencia o bajo órdenes expresas de omisión. El principal problema ético y político radica en si la Argentina fue convertida, por afinidad ideológica, en una “zona de tránsito seguro” para quienes eluden el accionar de la justicia de su propio país.

Desde diversos sectores de la oposición parlamentaria –que abarcan desde el peronismo y el radicalismo hasta el socialismo y la izquierda– los reclamos de interpelación a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo no tardaron en articularse. La frase del diputado Agustín Rossi, “la Argentina no puede ser la ruta de escape de nadie”, sintetiza el malestar por lo que se percibe como una afectación directa a la soberanía jurídica y diplomática. Y como un golpe por debajo de la línea de flotación a las relaciones con el principal socio comercial de la Argentina. 

Las iniciativas parlamentarias, entre las que se incluye un cuestionario de 91 puntos presentado por el legislador radical Pablo Juliano, buscan desentrañar quién financió la logística del vuelo privado operado por la firma Baires Fly S.A., en especial por su vinculación con el empresario Sergio Daniel Mastropietro, mencionado en las investigaciones judiciales por las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). También pone el foco en el grado de involucramiento activo de organismos estatales como la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Dirección Nacional de Migraciones y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Y exigen explicaciones acerca de la presencia en Misiones de asesores clave del círculo íntimo presidencial durante las horas del despegue, que constituyen un dato más acerca del uso discrecional de las estructuras del Estado bajo el gobierno de Milei.