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Despidieron del INTA a la científica que investigó los efectos de los agrotóxicos 

El Consejo Directivo del INTA formalizó la expulsión de la científica Virginia Aparicio. Le prohíben ejercer cargos públicos después de que revelara la presencia de agrotóxicos en suelos, alimentos y cuerpos humanos en el marco del proyecto internacional SPRINT. Los efectos colaterales: cáncer, malformaciones, abortos espontáneos y enfermedades respiratorias o neurocognitivas en las comunidades.

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La dirección del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) -desguazado por el gobierno nacional- resolvió exonerar a Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del INTA-CONICET. Se trata de la máxima sanción que puede recibir un empleado público: implica su expulsión formal, además de la inhabilitación para reingresar al sistema público, lo que marca un precedente de persecución y censura frente a las denuncias sobre la contaminación de los agrotóxicos en los ecosistemas y las comunidades argentinas. 

La resolución lleva la firma de Nicolás Bronzovich, presidente del organismo, y en sus 29 páginas detalla los “argumentos” institucionales para sancionar a la científica, que coordinó la sección argentina del Proyecto SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition: A Global Health Approach / Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global), financiado por la Unión Europea en conjunto con once países.

El conflicto contra Aparicio comenzó hace algunos años pero se intensificó en 2023, cuando empezaron a publicarse los primeros resultados del monitoreo ambiental y humano. En aquel momento, la conducción del INTA frenó la presentación pública de los datos a los voluntarios y resolvió discontinuar la participación de Argentina en el consorcio internacional. Luego, las autoridades abrieron un sumario administrativo: le imputaron supuestas irregularidades, entre las cuales argumentaron el envío de muestras biológicas al exterior para analizarlas en laboratorios europeos certificados y cuestionamientos sobre los alcances del consentimiento informado en muestras humanas.

En este caso, Argentina fue el único país no perteneciente a la Unión Europea que formó parte del estudio debido a la relevancia de sus exportaciones de granos y carnes. La investigación analizó la presencia y combinación de agroquímicos en el suelo, el agua, el aire, los alimentos y muestras biológicas humanas y animales, tanto en sistemas agrícolas tradicionales como agroecológicos, comprobando una presencia extendida de cócteles de plaguicidas.

En un país donde se pulverizan más de quinientos millones de litros de herbicidas, insecticidas y fungicidas por año, los datos de la ciencia digna coinciden con las advertencias de la Sociedad Argentina de Pediatría y las estadísticas sobre el incremento de casos de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos y enfermedades respiratorias o neurocognitivas en las comunidades rurales.

La evaluación en personas abarcó a 73 participantes argentinos divididos entre consumidores, habitantes de pueblos pequeños y productores. Todos los voluntarios registraron la presencia de agroquímicos en sus cuerpos, con valores entre 6 y 13 plaguicidas en orina, entre 2 y 10 en sangre, y hasta 18 en materia fecal, alcanzando niveles sustancialmente más elevados que los observados en el continente europeo. Entre las sustancias más frecuentes figuraron el 2,4-D, insecticidas piretroides, y de manera universal el glifosato junto a su metabolito AMPA, el cual estuvo presente en el 100% de las personas testeadas, independientemente de si residían en el campo o en la ciudad.

El impacto ambiental y cotidiano registrado por la investigación fue igualmente crítico. Las pulseras de monitoreo personal captaron un rango de 7 a 53 compuestos en el entorno cotidiano de los voluntarios, mientras que la dieta diaria mostró entre 6 y 22 sustancias por muestra de alimento. El polvo del hogar reflejó una carga extraordinariamente alta, con concentraciones de entre 43 y 86 plaguicidas por muestra, situando a la Argentina como el país con mayor presencia de agroquímicos peligrosos como el glifosato y el clorpirifos.

Los suelos argentinos también promediaron niveles de contaminación superiores a los de Europa, con registros de hasta 12 plaguicidas por muestra, mientras que el agua superficial presentó entre 10 y 28 compuestos. En el ámbito productivo, los granos mostraron hasta 8 plaguicidas, el alimento para animales entre 5 y 25, y el ganado analizado registró de 1 a 12 sustancias en orina y hasta 16 en materia fecal.

Los resultados del SPRINT advierten que, aun cuando los químicos individuales superen las pruebas de seguridad, sus efectos combinados e interacciones acumulativas generan un impacto significativamente mayor y representan un grave riesgo para los ecosistemas y la salud humana. En un país donde se pulverizan más de quinientos millones de litros de herbicidas, insecticidas y fungicidas por año, los datos de la ciencia digna coinciden con las advertencias de la Sociedad Argentina de Pediatría y las estadísticas sobre el incremento de casos de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos y enfermedades respiratorias o neurocognitivas en las comunidades rurales.

La comunidad académica, gremial, y organizaciones ambientalistas denuncian que el objetivo es acallar las voces incómodas para el modelo agroexportador, y ratificaron que “este intento de censura no quedará impune” y mantendrán los reclamos frente a lo que consideran una clara persecución institucional para proteger los intereses económicos del agronegocio.

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