La crisis por la que atraviesa la universidad pública argentina fue puesta en conocimiento directo de León XIV a través de un documento que le fue entregado en mano al pontífice por Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Universitario Nacional (CIN). El rector rosarino viajó especialmente a Roma con ese propósito y además de saludar al Papa en una audiencia colectiva tuvo la oportunidad de entregarle una carta en la que se detalla la situación de las universidades, se reivindica el rol de la educación en función de evitar las desigualdades y la exclusión y se hace responsable al gobierno de Javier Milei de generar “un antecedente institucional peligroso” al desconocer tanto las leyes emitidas por el Congreso en la materia, como los pronunciamientos de la Justicia intimando al cumplimiento de las normas relativas al financiamiento educativo.

El documento, a modo de carta al pontífice, ha sido una forma de anticiparse y agregar nuevos elementos para enriquecer la mirada del Papa tiene sobre lo que sucede en el país que visitará entre el 8 y el 11 de noviembre próximo, periplo en el que tendrá doce intervenciones públicas entre homilías, discursos y mensajes breves.

En línea con los reclamos que vienen planteando los diferentes actores del sistema educativo, en la carta de los rectores se insiste en la idea de que “todo proyecto serio de Nación necesita una universidad de excelencia que contribuya desde la soberanía científica, de las artes a su desarrollo”.

Por ese motivo –dice la carta– “nos vemos en la obligación de acercarle nuestra preocupación por la situación que atraviesan las universidades públicas en Argentina, que en términos presupuestarios es extremadamente crítica, afectando seriamente el funcionamiento”. 

El documento entregado al Papa recuerda que “el presupuesto de las universidades nacionales en Argentina ha pasado de un promedio entre los años 2016 a 2023 del 0,74% del PBI a 0,47% en el 2026”, y se encuentra “en el punto de intervención histórico más bajo”.  En el mismo texto –le dicen los rectores al Papa– que a pesar de la decisión legislativa para recomponer por ley los valores del 2023, y de que el Poder Judicial exigiendo que se cumpla la norma legal, “el gobierno nacional no ha respetado la decisión judicial, y la ley sigue incumplida”. Denuncian a su vez que, “en paralelo se profundiza una campaña sistemática, y profundamente injusta, descalificación  y hostigamiento hacia la comunidad universitaria y científica del país, con el objetivo de desacreditar su reclamo para justificar el desfinanciamiento”.