En Ituzaingó, provincia de Córdoba, Sofía Gatica releva algunas manzanas de su barrio para saber por qué murió su hija, y la de Marcela, y la de la Vero, y la de Susana también. A Sofía, y a cinco madres de su cuadra, les entregaron los cajoncitos blancos con los cuerpos de sus bebés. Beatriz la ayudó porque también estaba sospechando, y después se sumaron otras, y formaron Madres de Ituzaingó.  Investigan, hacen estudios en sangre y orina. 

–Nos dimos cuenta de que nos estábamos enfermando por los agrotóxicos. Los chicos tenían hasta cuatro agroquímicos en sangre –dice Sofía. 

En el barrio Villa Alicia, de la ciudad de Pergamino, Sabrina Ortiz siente contracciones muy fuertes. Las fosas nasales le queman, y también la garganta. Tiene vómitos y mareos. Todo a su alrededor gira. Pierde su segundo embarazo. Horas antes, habían pulverizado la tierra ubicada frente a su casa. 

Nicolás Arévalo, de cuatro años, y su prima Celeste, juegan a un costado de la chacra de tomates ubicada en Puerto Viejo, provincia de Corrientes. Se agachan para cruzar el alambrado, tocan las frutas, la tierra, el agua. Nicolás se marea, le cuesta enfocar, vomita y cae al suelo. La única que sobrevive al juego es Celeste, después de pasar tres meses en terapia intensiva en el Hospital Garrahan. En la autopsia de Nicolás se identifica el veneno: endosulfán.

Rocío y Damián, su sobrino de diez años, caminan por una finca ubicada en el pueblo de Pago de los Deseos, Corrientes. Está por oscurecer y deciden volver a casa. De camino, encuentran mandarinas en el suelo. Rocío levanta una, la pela, separa los gajos y le convida a Damián. Pasan menos de cinco minutos. Se marean, el dolor en la panza es punzante. Ambos se descompensan. Con el último aliento, Damián llega a su casa y encuentra a su madre. Rocío sigue en el suelo, sola, a casi un kilómetro. Hay que buscar a la Rocío, mamá, dice. La ambulancia no llega y un remís los traslada hacia el hospital, a siete kilómetros. Rocío muere en el viaje. La mandarina había sido rociada con un químico prohibido: Carbofuran.

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Son solo algunas escenas vinculadas al riesgo real de la aplicación de agrotóxicos en distintas regiones del país. A veces comienza con una cuestión de tinte semántico pero que revela una respuesta política: no son fitosanitarios, sino agrotóxicos. Lo muestran las investigaciones de la ciencia digna, la Sociedad Argentina de Pediatría, las estadísticas de casos de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, enfermendades respiratorias y neurocognitivas que se suceden una tras otra en las comunidades rurales donde se pulverizan más de quinientos millones de litros de herbicicidas, insecticidas y fungicidas por año.

Todos aquellos que abordan esta cuestión, aportan para revertir una deuda del estado con la salud pública: la falta de estadísticas e informes epidemiológicos que permitan dar cuenta de la dimensión de la contaminación a cielo abierto que se extiende de manera acelerada en el territorio nacional. Como consecuencia, el sistema busca excluirlos, los persigue y los destrata.  

A partir de su participación como coordinadora en Argentina del Proyecto SPRINT –un consorcio internacional financiado por la Unión Europea en conjunto con once países para evaluar el impacto de los plaguicidas en el ambiente y en las personas– a Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma e investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA y del CONICET, le aplicaron un sumario administrativo que busca su exoneración (es decir, la expulsión formal del organismo). A partir de eso, se suscitaron una serie de denuncias de censura, persecución científica y reclamos de parte del gremio APINTA, de la comunidad académica y de organizaciones ambientalistas.

Pero el conflicto no comenzó en estos días. Aparicio viene siendo perseguida desde que comenzaron a surgir los primeros resultados del monitoreo en 2023. En ese entonces la conducción del INTA frenó la presentación pública de los datos a los participantes voluntarios y, en diciembre de ese año, resolvió discontinuar su participación en el proyecto SPRINT. El organismo abrió un sumario administrativo interno imputándole presuntas irregularidades, entre las cuales argumentan el envío de muestras biológicas al exterior para analizarlas en laboratorios europeos certificados y cuestionamientos sobre los alcances del consentimiento en muestras humanas.