A casi veinte años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas en 2006, las personas con discapacidad y sus familias en Argentina atraviesan actualmente una situación crítica producto del deterioro del sistema de atención, la desactualización de los instrumentos de regulación y el debilitamiento del rol del Estado como garante de derechos. En este contexto, puede afirmarse que la atención a las personas con discapacidad se encuentra en una verdadera y profunda situación de emergencia, caracterizada por un sistema colapsado, fragmentado y con crecientes barreras de acceso, propio de la intención política que encabeza la gestión del presidente Javier Milei.

Uno de los principales problemas radica en la desactualización del nomenclador de prestaciones, que establece los valores y tipos de servicios que deben brindarse. Este atraso, sumado a demoras sistemáticas en los pagos a los prestadores, genera un fuerte impacto en el funcionamiento del sistema, produciendo el cierre de instituciones, la reducción de servicios y la consecuente dificultad de acceso para las personas con discapacidad. “Esta situación ha derivado en un escenario de colapso que no registra antecedentes en la magnitud actual”, ha señalado el exdiputado nacional Daniel Arroyo, autor de la ley de emergencia en discapacidad.

A su vez, el sistema se encuentra altamente fragmentado, ya que intervienen múltiples actores como el PAMI, el sistema público de salud (Incluir Salud), las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Si bien existe un nomenclador común que organiza las prestaciones, no hay un organismo único de regulación que garantice coherencia, control y equidad en el acceso. Esto genera desigualdades significativas tanto en la calidad como en la cobertura de las prestaciones, profundizando la vulnerabilidad del colectivo.

En paralelo, se observa un proceso de retiro del Estado en sus funciones de regulación, financiamiento y garantía de derechos. Este retroceso se expresa en mayores trabas administrativas para acceder a pensiones, prestaciones y en la limitación efectiva del acceso a coberturas de salud y apoyos necesarios para una vida autónoma de las PCD.

En relación al sistema de protección económica, las pensiones no contributivas constituyen una herramienta central, y había alcanzado a más de un millón de personas. Estas pensiones tienen como objetivo acompañar a las familias y contribuir a garantizar condiciones de vida digna. Sin embargo, desde el gobierno nacional se han implementado procesos de auditoría con criterios restrictivos que derivaron en la baja de aproximadamente 140.000 pensiones. De ese total, unas 110.000 fueron suspendidas debido a la inasistencia a citaciones que, en muchos casos, las personas no llegaron a conocer. Esta situación motivó la intervención de la justicia, que señaló el carácter regresivo de estas medidas y obligó a revisar dichas decisiones.

Este conjunto de transformaciones evidencia un corrimiento desde el modelo social de la discapacidad hacia un paradigma centrado en la invalidez, en el que resurgen estigmas, prejuicios y sospechas de fraude sobre las personas con discapacidad. En este marco, iniciativas como el proyecto de ley 109/2026 refuerzan esta lógica al priorizar mecanismos de control por sobre la ampliación de derechos, abordando metodologías  discursivas  de impacto social como “el re-empadronamiento” (nuevamente auditorías) para evitar futuros fraudes. En este caso la estigmatización de un derecho básico de las personas con discapacidad que se vincula directamente a lo ilícito.

Las consecuencias de este escenario son profundas: aumento de la vulnerabilidad económica de las familias, sobreendeudamiento, dificultades para sostener tratamientos y apoyos, exclusión progresiva del sistema de salud y una creciente acumulación de responsabilidades en las redes familiares, comunitarias y organizaciones de la sociedad civil para sostener lo que el Estado dejó de hacer.

Es así, que mediante este diagnóstico, nuevamente las calles se han convertido en un punto de convergencia del entramado social que sostiene y acompaña la vida de las personas con discapacidad: las familias, las organizaciones, los prestadores de servicios y aquellos profesionales y trabajadores que forman parte de este microsistema, como los acompañantes terapéuticos, entre tantos otros actores.