Cuando Javier Milei presentó sus proyectos de presupuesto 2025 y 2026, eligió un show inédito: en los 15 de septiembre de aquellos años, el presidente se subió a un banquito en medio del recinto de la Cámara de Diputados y ante una simulada Asamblea Legislativa expuso los lineamientos del proyecto de gastos para el año siguiente. Este año el guion cambió: jaqueado por un desgaste de la gestión a casi tres años de asumir, se limitó a enviar el proyecto por los canales formales desde el Ejecutivo al Congreso y apenas dio una entrevista sin repreguntas. Por lo bajo, chocó con sus propias espadas legislativas: incluyó en la letra chica del proyecto de gastos un nuevo ataque al sector de discapacidad mientras los libertarios abrían la negociación con la oposición sobre la prórroga a la emergencia en discapacidad. 

“No sabía nada, quedás como un tonto”, se quejó públicamente Patricia Bullrich. La jefa oficialista en el Senado tenía sus razones: la diputada Laura Machado, del riñón bullrichista, es la voz oficial con respecto a la discusión en materia de discapacidad en la Cámara baja. La legisladora tuvo que contorsionarse para enfrentar las quejas de propios y ajenos: “Convocados todos a trabajar en una ley superadora de la emergencia”, se limitó a decir en el plenario de comisiones. “Voy a cumplir la ley, y si hay que destinar más fondo habrá reasignaciones”, se excusó Milei ante la eventualidad de una prórroga, abriendo el paraguas sobre lo que espera para su último año de gobierno: no habrá más plata de la que hay. Pero el gobierno que jura que no hay más margen para ajustar tienen sus métodos para acelerar la motosierra social, mientras eleva las partidas para defensa, la SIDE y el pago de deuda, como revela una lupa puesta en el texto enviado a Diputados.

El artículo 17 deroga la movilidad automática de las asignaciones familiares, AUH incluida. Es la tercera vez que lo intentan; las dos anteriores, el Congreso se la bajó. La paradoja es que la Asignación Universal por Hijo creció más del 80% real desde 2023, según el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), y ahora el ministro Luis Caputo le saca justo el mecanismo que garantizó esa suba. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), por su lado, lo resume así: permite “congelarla y licuarla, o directamente reducirla”, como ya hicieron con el bono jubilatorio de $70.000, congelado desde marzo de 2024, que cae 60,8% real y no se menciona ni una vez en más de 3.000 páginas.

La motosierra tampoco descansa en ciencia: INTA cae 12,4% nominal, INTI 5,2% y CONAE 6,6% respecto de 2026. Pero hay algo más fino: el artículo 21 deroga el financiamiento específico (0,65% del valor CIF de las importaciones) que sostenía a INTA, INTI y SENASA. Según CEPA, eso implica un ajuste real de hasta 100% para el INTI, que dependía de ese mecanismo para más de la mitad de sus ingresos. En simultáneo, el Centro Nacional de Ciberseguridad multiplica su presupuesto por ocho.

A las universidades les va parecido: el artículo 12 fija 7,35 billones de pesos para las 60 universidades públicas, un tercio menos de los 11 billones que había pedido y votado el Consejo Interuniversitario Nacional, con una cautelar de la Corte Suprema de por medio que obliga a actualizar salarios por inflación. Esta semana la UBA llevó sus clases a la Plaza de Mayo y entre los gremios y estudiantes ya hay conversaciones para impulsar una quinta marcha federal en los primeros días de octubre. Falta el guiño final de los rectores, que están divididos porque algunos son de extracción peronistas y otros, radicales.

En discapacidad, los artículos 36 a 41 reescriben por otra puerta la ley 27.793, la misma que el Congreso le sancionó a Milei por encima de un veto en 2025: el nomenclador de prestaciones deja de tener valores universales y cada obra social fijará sus propios aranceles. La sorpresa –ni Bullrich, ni Martín Menem, ni los bloques aliados lo sabían– complicó la negociación paralela por la prórroga. “Un quilombo”, resumió una fuente libertaria. Los números del propio presupuesto muestran que la pensión por invalidez laboral ya cayó de 1.133.549 beneficiarios en 2025 a 977.943 en 2026.