Entre la trinchera histórica de la lucha y la amenaza actual del desmantelamiento, el Estado no es un concepto inerte: es un campo en disputa. La urgente necesidad de disputar sentidos para evitar que la democracia y los derechos humanos se vuelvan un cascarón vacío.

Leonardo Kordon

Corría 1998 cuando Las Manos de Filippi sacaban su primer disco, llamado Arriba las Manos, esto es el Estado. Veintiocho años después, desde otro lugar político-ideológico, en un arco que se recorre casi desde un extremo al otro pasando por variantes, los destinos del Estado están encabezados por alguien que afirma que el Estado es una organización criminal. Si desde una mirada lejana y poco ambiciosa estas dos formas de pensar el Estado podrían parecer similares, al momento de pensar en el bien común y, fundamentalmente, desde un enfoque de derechos, nos encontramos frente a posiciones antagónicas.

Pensar el Estado en estos días no supone solo reflexionar sobre el modo en que una sociedad se organiza, regula y administra sus conflictos, sino también sobre la manera en que los diferentes actores políticos, individuales y colectivos, son entendidos y asumidos como sujetos de derechos de una democracia. Y ello nos lleva a una pregunta previa, pero fundamental: ¿hay un Estado dispuesto a reconocer, garantizar y promover derechos?

Las diferentes demandas que surgen desde la sociedad buscan, en muchos casos, que determinadas reivindicaciones y aspiraciones se cristalicen en derechos reconocidos por los Estados. Los derechos humanos, en este sentido, no pueden ser comprendidos exclusivamente como un conjunto cerrado de normas, declaraciones o instrumentos jurídicos. Son también construcciones históricas al calor de las luchas políticas y sociales. Se encuentran permanentemente en disputa, son objeto de interpretaciones, resignificaciones y ampliaciones.

Existe una tendencia a pensarlos como un objeto acabado, definido de una vez y para siempre, como si su contenido pudiera desprenderse exclusivamente de declaraciones internacionales o de marcos normativos. Sin desconocer la importancia de estos instrumentos, resulta necesario reconocer que su significado concreto se construye también en sociedades determinadas, atravesadas por historias, conflictos, desigualdades, memorias y tradiciones políticas específicas.

La manera en que una comunidad entiende la memoria, la justicia, la igualdad, la libertad, la reparación, el reconocimiento o la dignidad está atravesada por su propia experiencia histórica. En Argentina, por ejemplo, hablar de derechos humanos remite inevitablemente a la experiencia de la última dictadura, al terrorismo de Estado, a las luchas de los organismos de derechos humanos, a la recuperación de la democracia y a las disputas posteriores en torno a la verdad, la justicia y la memoria. Pero también convergen con nuevas demandas que fueron incorporándose a la agenda pública y que ampliaron aquello que entendemos por derechos.

Cada generación puede poner en discusión aquello que una sociedad considera justo, legítimo o necesario para garantizar una vida digna. En este sentido, los derechos son también el resultado de procesos de organización, conflicto, movilización y reconocimiento.

De este modo, los Estados son actores centrales a la hora de garantizar los derechos humanos, tanto por su deber irrenunciable de protegerlos como por el hecho de que el propio Estado puede vulnerarlos. Esta doble condición constituye una de las tensiones fundamentales sobre el tema. Por eso, discutir el Estado no implica solamente preguntarse cuánto Estado queremos, sino también qué Estado, para quiénes, con qué capacidades, bajo qué controles democráticos y orientado hacia qué concepción de sociedad.

Frente a quienes proponen pensar el Estado exclusivamente como un obstáculo para la libertad individual o como una organización cuya intervención debe reducirse al mínimo posible, resulta necesario volver a discutir qué lugar ocupa el Estado en la construcción de una sociedad democrática y de derechos.

Rediscutir el Estado en estos tiempos es también reflexionar sobre las democracias que tenemos y las que vendrán. La democracia no puede minimizarse al simple acto electoral, aunque este constituya una condición indispensable de cualquier régimen democrático. También supone la existencia de instituciones capaces de procesar conflictos, garantizar derechos, reconocer diferencias y habilitar la participación de quienes forman parte de la sociedad. Entre otras formas de organizar, regular a una sociedad y de legitimarse frente a ella. Una democracia que no puede garantizar derechos para todos sus integrantes corre el riesgo de vaciar de contenido aquello que la define como democrática.

Es por ello que democratizar la democracia, para hacer más democrático al Estado, constituye una discusión inevitable a la hora de pensar en un horizonte de derechos en general y de derechos humanos en particular. Democratizar la democracia implica ampliar las capacidades de participación, fortalecer los mecanismos de control, garantizar la igualdad ante las instituciones y promover y garantizar derechos y actuar desde un enfoque de derechos. Implica, asimismo, preguntarse permanentemente quiénes son reconocidos como sujetos de derechos, quiénes permanecen excluidos y qué nuevas demandas están emergiendo en una sociedad en transformación.

Asumir que la democratización de la democracia implica democratizar las instituciones desde una mirada que amplíe el enfoque de derechos supone, en definitiva, poner en el centro de la escena a los individuos y los actores colectivos como sujetos de derechos en el presente y en el futuro, incluso también en el pasado. En este sentido, defender una perspectiva de derechos humanos significa el carácter político y conflictivo que estos detentan. Implica aceptar que los derechos se construyen históricamente y que su vigencia depende de la capacidad de las sociedades para defenderlos, ampliarlos y resignificarlos. También implica reconocer que ninguna conquista está completamente asegurada y que los consensos democráticos siempre enfrentarán tensiones y disputas.

Quizás allí radique una de las principales discusiones de nuestro tiempo. Frente a quienes proponen pensar el Estado exclusivamente como un obstáculo para la libertad individual o como una organización cuya intervención debe reducirse al mínimo posible, resulta necesario volver a discutir qué lugar ocupa el Estado en la construcción de una sociedad democrática y de derechos. No se trata simplemente de reivindicar su existencia, sino de pensar y reflexionar sobre sus funciones, sus límites y sus responsabilidades.

A más de cuarenta años de la recuperación democrática, la pregunta por el Estado continúa siendo, en definitiva, una pregunta por la democracia. Y la pregunta por la democracia es inseparable de la pregunta por los derechos. Pensar qué Estado queremos supone pensar qué sociedad queremos construir y, sobre todo, quiénes tienen la posibilidad efectiva de formar parte de esa construcción.

Democratizar la democracia supone asumir que ninguna democracia está definitivamente terminada y que ningún derecho puede considerarse completamente garantizado si no existen instituciones capaces de sostenerlo y sociedades dispuestas a defenderlo. Allí se encuentra, quizás, el desafío central: construir un Estado que no solamente organice una sociedad, sino que sea capaz de reconocerla en su diversidad, procesar y canalizar democráticamente sus conflictos y garantizar que las nuevas demandas de derechos puedan encontrar canales institucionales para transformarse en conquistas colectivas.

Hace algunos años Eduardo Rinesi escribía que en los ochenta pensábamos a la democracia como utopía, en los noventa como rutina, como espasmos en los movidos 2001 y 2002 y que a partir de 2003 se pensó más en democratización que en democracia. Queda por reflexionar y proponer cómo pensar nuestra democracia en este período que se abrió en 2015 y que, con marchas y contramarchas, encuentra desde 2023 su momento más desdemocratizante desde 1983.

*Leonardo Kordon es docente e investigador de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). También es director de la Diplomatura Ciudadanías Digitales con enfoque en Derechos Humanos de Universidad Nacional del Comahue.

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