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Comunidades mapuches ante la ONU: “500 mil hectáreas ocupadas por Inglaterra en nuestro territorio”

Gabriel Jofré, vocero de la organización Identidad Territorial Malalweche, presentó una comunicación de más de 60 páginas a la Relatoría Especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados y Abogados. Denuncian la falta de imparcialidad del poder judicial mendocino, el avance de los desalojos y la ocupación de tierras ancestrales por fondos de inversión extranjeros.

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El cartel en la imagen muestra la consigna «BASTA DE REPRESIÓN en territorio MAPUCHE», acompañado de banderas del pueblo mapuche (wenufoye).

Las comunidades mapuches del sur de Mendoza atraviesan un momento crítico. Entre el avance de proyectos extractivos, la intensificación de desalojos y lo que denominan un “racismo institucionalizado”, han decidido llevar su caso a organismos internacionales. Gabriel Jofré, werkén y vocero de la organización Identidad Territorial Malalweche, dialogó con Radio La Leñera para compartir la gravedad de la situación y los pasos que están dando para defender sus derechos territoriales.

En marzo de 2026, la organización presentó ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas una comunicación detallada de más de 60 hojas. El documento expone punto por punto las vulneraciones sistemáticas que sufren las comunidades mapuches en Mendoza, con foco en la parcialidad del sistema de justicia provincial y la persecución a defensores ambientales.

“La relatora se mostró muy preocupada por lo que viene”, contó Jofré tras una reunión virtual sostenida el 20 de agosto. “Esperamos su comunicación en uno o dos meses. Mientras tanto, informamos a la comunidad lo que hemos presentado”.

La denuncia también incluye presentaciones ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la violación del Convenio 169 —que es ley nacional desde 2001— y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Uno de los ejes centrales de la denuncia es el rol del poder judicial mendocino. Como indican en el documento presentado, los jueces designados durante la gestión de Rodolfo Suárez (y mantenidos bajo el actual gobierno de Alfredo Cornejo) carecen de independencia e imparcialidad.

“El poder judicial no dictamina desde la justicia, sino que está generando antecedentes manifiestos para silenciar nuestra demanda histórica”, afirmó Jofré. Y agregó: “Reciben órdenes del cuarto piso de Casa de Gobierno. Hoy el gendarme ya no es un poder que determina una justicia, recibe órdenes vinculadas con la Casa Rosada y con las líneas políticas de despoblar los territorios”.

“Queremos seguir viviendo en nuestro territorio. Que nuestras hijas e hijos puedan seguir ahí. Ese es nuestro reclamo. No somos un obstáculo para el desarrollo; defendemos el ambiente porque defendemos la vida misma”, señaló Gabriel Jofré, werkén y vocero de la organización Identidad Territorial Malalweche.

Los desalojos, según denunció, se han intensificado y son utilizados como “acto político simbólico” para aleccionar a la sociedad. “Lo que estamos viendo en Neuquén es la punta de un iceberg. En el sur de Mendoza estamos en una emergencia altísima, con comunidades que ya tienen dictámenes de desalojo”.

Uno de los puntos más impactantes fue la revelación sobre la tenencia de tierras en Malargüe. Jofré hizo una comparación directa con el conflicto por las Islas Malvinas para visibilizar la situación: “Así como nos emocionamos cuando la selección sacó una bandera que decía ‘Las Malvinas son argentinas’, debemos entender que hoy en Mendoza hay 500 mil hectáreas ocupadas por Inglaterra. El grupo de inversión anglo-malayo Walbrook (que opera localmente con el nombre Nieves de Mendoza S.A.) administra esas tierras en Malargüe, conocidas como Campo Las Leñas. Desde hace más de 20 años, ese territorio está en manos de capitales ingleses y hoy le tenemos que pedir permiso a ellos para hacer cosas en el lugar”.

Según el vocero, en esas tierras se realizaron experiencias de fracking, se explota cobre y oro (proyecto El Perdido), y se promueve el turismo, mientras las comunidades originarias que habitan allí son amenazadas con desalojo. “Somos cómplices e hipócritas si defendemos las Malvinas pero ignoramos que medio millón de hectáreas mendocinas están administradas por un fondo inglés”, sentenció.

Tras una audiencia con la Comisión Interamericana en julio de 2025, el gobierno provincial convocó a una mesa de diálogo para elaborar un protocolo de consulta previa sobre actividades mineras. Sin embargo, Jofré denunció que el gobierno publicó unilateralmente el protocolo sin incorporar las observaciones de las comunidades. “El incumplimiento es permanente. No respetan el diálogo ni los acuerdos”, criticó. Por ello, convocaron a una nueva asamblea abierta para el 13 de septiembre en Uspallata, en el Centro Cultural, a pedido de la Comunidad Huarpe Guaytamari, que sufre fuerte presión por el proyecto minero San Jorge.

Jofré también alertó sobre las campañas mediáticas que buscan presentar a las comunidades como “enemigas del pueblo” y generar falsos enemigos internos. “Nos atacan en la dispersión, en la fragmentación. Por eso es crucial el rol de la comunicación comunitaria: mostrar que no son hechos aislados, sino una política sistemática contra quienes defendemos el territorio”. Denunció además la hipocresía de figuras políticas que participan de rituales como el de la Pachamama mientras encabezan marchas anti-mapuche o impulsan leyes de desalojo.

El mensaje final de Gabriel Jofré fue un llamado a romper la “encerrona” de las campañas de odio y a comprender la verdadera disputa por la soberanía: “Queremos seguir viviendo en nuestro territorio. Que nuestras hijas e hijos puedan seguir ahí. Ese es nuestro reclamo. No somos un obstáculo para el desarrollo; defendemos el ambiente porque defendemos la vida misma”.

La organización Identidad Territorial Malalweche mantiene canales abiertos para el diálogo y convoca a la sociedad a informarse, participar de las asambleas y exigir al Estado el cumplimiento de los tratados internacionales y la Constitución Nacional.

 

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