Entre el 8 y el 11 de noviembre, León XIV visitará Buenos Aires, Luján y Córdoba. Es la primera visita de un papa a la Argentina en casi cuatro décadas, y el gobierno la quiere capitalizar como un triunfo propio: el canciller entregó personalmente la invitación de Milei y el presidente tuiteó «se viene» con emojis de leones.

Una visita de este tipo tiene muchas facetas: están las imágenes e ideas que el país quiere proyectar hacia el mundo y hacia sí mismo; por otro lado todo aquello que tiene que ver simplemente con la ocurrencia de un hecho multitudinario y las ganas de ser parte; y el hecho carismático dado por la forma de vivir el encuentro de muchos católicos y católicas con la máxima autoridad de su Iglesia luego de la partida de Francisco, entre otras muchas cuestiones.

Lo que nos convoca en este caso es el análisis del vínculo entre religión y política en el marco de la visita, prestando especial atención a la relación entre el Gobierno y la Iglesia como institución. Para entender qué puede significar esta visita desde el punto de vista local, se relevó el conjunto de documentos que la Conferencia Episcopal Argentina fue publicando desde que asumió Milei: cartas abiertas, comunicados, declaraciones, homilías y mensajes de sus distintos organismos (Comisiones Episcopales, Comisión Ejecutiva, Asamblea Plenaria, Comisión Permanente). Ese relevamiento —119 documentos entre enero de 2024 y septiembre de 2026, de los cuales quedaron afuera solo aquellos a cuyo texto completo no se pudo acceder— es el corpus que sostiene el análisis que sigue.

La necesidad de mostrarse cerca del papa llega en un momento particular para el gobierno. Cada vez más gente necesita un segundo o tercer trabajo para llegar a fin de mes. Las deudas de las familias con bancos y tarjetas no paran de crecer, y ya no alcanzan sólo a los sectores más golpeados: llegaron a la clase media. El malestar social se cuela incluso en indicadores extremos, como el aumento sostenido de los suicidios, que este año ya superan a los homicidios. Y en el propio corpus de pronunciamientos de la CEA aparecen, una y otra vez, los mismos sectores que la pasan mal: los jubilados que el año pasado tuvieron que elegir “entre comer y comprar remedios” y que en mayo de 2025 fueron reprimidos por la policía en su reclamo semanal frente al Congreso; las personas con discapacidad, que según la Comisión Ejecutiva «no pueden esperar» ante el desamparo en salud, rehabilitación y educación, con instituciones como el Cottolengo Don Orione al borde del cierre por atrasos en los aportes estatales; los chicos, invocados tanto en los documentos sobre pobreza infantil como en las cartas contra la baja de la edad de imputabilidad. Milei necesita una foto de unidad nacional precisamente en un momento en que la vida cotidiana se volvió más difícil para amplios segmentos del país.

La apuesta de traccionar legitimidad de la cercanía con una figura religiosa no es nueva, y su historial reciente es de fracaso. En 2013, apenas conocida la noticia de que Bergoglio sería papa, el gobierno de Cristina Kirchner activó una reapropiación simbólica: La Cámpora y el Movimiento Evita organizaron vigilias en la villa 21-24, territorio de la pastoral social de Bergoglio; aparecieron afiches con la leyenda «Francisco: argentino y peronista» (atribuidos, extraoficialmente, al entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno); Cristina le pidió personalmente que mediara en la disputa por Malvinas. El intento no fue lineal ni sin fricciones: buena parte del propio arco kirchnerista con trayectoria en derechos humanos desconfiaba de Bergoglio por su rol ambiguo durante la dictadura, y esa tensión recién se saldó en parte con gestos posteriores, como la desclasificación de archivos eclesiásticos en 2015. Del otro lado de la polarización de entonces, Mauricio Macri —entonces jefe de gobierno porteño— resignificó el propio «hagan lío» de Francisco como consigna de protesta callejera contra el kirchnerismo, y Elisa Carrió, cercana a Bergoglio desde su época de arzobispo, construyó una identidad de denuncia anticorrupción apoyada en esa cercanía. Ninguno de los dos intentos cuajó en algo significativo para la sociedad: según la Encuesta de Creencias y Actitudes Religiosas del CEIL-CONICET, en 2019, apenas el 7,1% pensaba que el Estado debía apoyarse en la Iglesia para políticas sociales. La legitimidad religiosa resultó, otra vez, no transferible.