La mañana del lunes 24 de agosto, un buque tanque de carga de crudo de bandera británica amarró en el puerto de Ushuaia, intervenido por el gobierno nacional. El VS PROMISE es una embarcación de 228 metros de eslora que puede transportar más de 500 mil barriles de petróleo. El barco provenía de la monoboya de Río Cullen, en el norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego, una instalación marítima ubicada frente a la costa que permite cargar a los buques tanque el petróleo producido en los yacimientos offshore de la Cuenca Marina Austral. 

La jurisdicción constitucional de la provincia de Tierra del Fuego abarca a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. En ese marco rige la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, sancionada en 2011, que restringe la permanencia, el amarre, el abastecimiento y las operaciones logísticas de embarcaciones de bandera británica en territorio fueguino.

Mediante un comunicado oficial, el gobernador fueguino, Gustavo Melella, rechazó la operación de la embarcación en la capital provincial, señaló como responsable a la intervención federal de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y exigió un informe que clarifique los motivos por los cuales se autorizó la maniobra, junto con la restitución de la administración portuaria a la provincia.

El Gobierno nacional, por su parte, justificó el operativo a través de una conferencia de prensa en la Casa Rosada: «El accionar del buque no viola ninguna ley. La norma existente indica que los buques asociados a Inglaterra no pueden amarrar si están trabajando desde la cuenca Malvinas”, argumentó el vocero oficial Adrián Ravier, “el barco no solo venía de trabajar en Argentina, sino que venía de la propia provincia de Tierra del Fuego”.

La controversia por el amarre del VS Promise en el puerto de Ushuaia ocurrió apenas una semana antes de que el presidente estadounidense Donald Trump declarara que revisará la postura de su país sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Esta estrategia, orientada a presionar al primer ministro británico Andy Burnham para que incremente el gasto militar en la OTAN al 5% del PBI, podría reconfigurar el tablero geopolítico.

Ante este escenario, la administración argentina optó por la cautela. El canciller Pablo Quirno remarcó la necesidad de «hacer los deberes para aumentar las chances de que el reclamo legítimo sea escuchado». Las declaraciones oficiales se dan en un clima donde la cuestión Malvinas volvió al centro del debate público, alimentada por el gesto de alto impacto popular de la Selección nacional de desplegar una bandera con la consigna de «Las Malvinas son argentinas».

Detrás de esta coyuntura se acumula una secuencia de episodios ocurridos en los últimos años que exponen las presiones sobre la soberanía argentina en una zona de extrema sensibilidad estratégica y militar.