Punchi Fornaciari es ingeniero en zootecnia y perito agrónomo. Tiene una finca productiva de 10 hectáreas donde acuñaron varios proyectos familiares de la mano de su hijo Simón, quien es además el presidente de la feria de productores “Arcoíris” de Santa María. En la zona llamada “El Cerrito” se puede ver, detrás de un camino de algarrobos y chañares, un campo de coloridas dalias que no para de crecer y recibir visitas. Detrás están terminando las últimas habitaciones de una posada de techos altos, paredes de adobe y vistas, solo interferidas por las dalias, a los cerros. En la parte de la casona centenaria donde viven se encuentra su vivero/laboratorio indoor, donde Punchi va reproduciendo y experimentando con las pequeñas plantas, al lado del comedor donde entre libros se almuerza si el frío azota al valle. 

En un ejercicio de memoria, Punchi repasa los años: “En el 97 compramos la finca para la producción de cabras (llegando a tener unas 200) y unas 80 ovejas. El proyecto se vino abajo con el crac de la crisis del 2001”, relata, mientras en paralelo explotaba la minera que secaba el agua superficial del Santa María. Después de la pandemia, con el regreso a la finca de Simón, comenzaron a producir diversidad de conservas que son de lo más buscado en la feria de los sábados, y entre fines de 2022 y marzo de 2023 plantaron las dalias, logrando venderlas en cantidad para el otoño del 24.

Son doce surcos de dalias que se hidratan mediante una acequia proveniente de un pozo, parte de una cooperativa de regantes. Veintiséis son las cooperativas con pozos que resisten en la zona. Mientras recorre acequias de tierra, pala al hombro, Simón reflexiona acerca de los desafíos de sostener la finca e ingresa en una alameda boscosa, la que será madera y enramada para los techos de la posada. 

Para Chaile el foco es el agua, y cualquier otra discusión desvía la centralidad del problema. El manejo del recurso en el Valle de Santa María expone una doble realidad técnica y administrativa. Mientras que el uso de las aguas superficiales arrastra una larga tradición asociativa, arrastra también las ineficiencias de una infraestructura precaria: canales abiertos y sin revestir que provocan fuertes pérdidas por infiltración y evapotranspiración. Como contrapartida, el riego con aguas subterráneas —desarrollado a partir de la década de 1960 y tecnificado a finales de los 90— ha demostrado ser más eficiente. Este sistema avanzó impulsado casi exclusivamente por la iniciativa privada, que asumió los costos de construcción y mantenimiento de las captaciones. Al estar la extracción directamente atada a los costos del propietario y a las necesidades de cada cultivo, se consolidó un uso mucho más milimetrado y estratégico del acuífero.

Un vendaval levanta el tierral del surco de las acequias. Las nubes se anaranjan con el atardecer; detrás, el cielo se entinta. Se escuchan los *tac tac* de las hachas golpeando leña para calefones o cocinas. El aire se perfuma ahumado. Por entre las arboledas aún se pueden ver morrones que se secan al sol, postal característica de la región, también conocida por el sabor persistente de sus especias. 

Las cartografías de la minería en Catamarca van unidas a las políticas nacionales e intrínsecamente relacionadas a los consensos extractivos, matizados por la esperada transición energética. Promesas de trabajo, desarrollo y dólares sin huella de carbono en autos eléctricos… ¿para quiénes? Para comprender el diseño actual de esta fase extractiva, hay que pensar también en dos palabras que dan vueltas a las cuestas de nuestras montañas: RIGI e IIRSA. Nacido en las entrañas de la Ley Bases y reglamentado en agosto de 2024, el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) otorga un blindaje jurídico e impositivo por 30 años a corporaciones que desembolsen más de 200 millones de dólares. Lo que los despachos porteños presentan como una autopista al desarrollo, en los territorios se sabe que es una estructura de privilegios para la entrega de bienes comunes.

Detrás de la propaganda de los miles de millones late la opacidad. De los 35 proyectos registrados por el Observatorio del RIGI, el 64% todavía duerme en los escritorios del Ministerio de Economía. Son, por ahora, papelitos de colores. “No existe una plataforma clara ni transparente sobre los proyectos ingresados”, advierte el investigador Mariano Novas. “Esto dificulta el monitoreo ciudadano sobre iniciativas que recibirán beneficios extraordinarios con impactos ambientales muy significativos”.

El mapa no es diverso: el 98% de la inversión proyectada se concentra en minería e hidrocarburos, con el cobre y el litio a la cabeza. El gran caballo de Troya para convencer a las comunidades es la promesa del empleo, pero los números desmienten la supuesta lluvia de inversiones. Para la fase de construcción se estiman unos 15.000 puestos directos, pero una vez que las plantas entran en operación, la cifra se desploma a la mitad: apenas 8.196 empleos permanentes para todo el país. “Este ciclo avanza sobre regiones con disputas históricas por el agua, donde existen leyes que limitaban la actividad, como la Ley de Glaciares”, analiza Novas. 

Esta telaraña de infraestructura global se complementa con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Malena Castilla, antropóloga e investigadora del CONICET, dedica sus días a desentrañar el impacto de estas megaobras en el Norte Grande:

—Toda esta propuesta de corredores bioceánicos, con la hidrovía como eje vertebral, nace en los años 2000 bajo el paraguas de los gobiernos progresistas. Surgió con la expectativa de integrar al Sur Global y generar canales de exportación para los principales bienes comunes; los *commodities*. En ese sentido, uno de los trazados principales es el Corredor Bioceánico del Eje de Capricornio, que atraviesa todo el Norte Grande. Una zona que concentra, por un lado, gran parte del litio y, por el otro, un sector volcado de lleno a la producción de soja, trigo y maíz.

Todo ese corredor, detalla Castilla, está conectado y atravesado por obras viales, ferroviarias e hídricas que garantizan el acceso a un bien común clave: el agua.

—Supuestamente, con la gestión actual hubo un freno a la obra pública —advierte la investigadora—. Pero la realidad es que en los territorios donde yo trabajo —Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero— los trabajos siguen. Sobre todo la infraestructura hídrica: en un contexto de cambio climático y sequías, esas obras son indispensables para sostener la explotación de los modelos extractivistas. A través del Banco Mundial, por ejemplo, se busca pavimentar un tramo estratégico para la minería.

Se refiere, puntualmente, a la pavimentación de 91 kilómetros de la Ruta Nacional 51, desde Campo Amarillo hasta el Paso de Sico, en Salta; una arteria vital para el desarrollo minero y la salida comercial hacia el Pacífico.

—Esto demuestra que los modelos extractivos trascienden a los signos políticos; son iniciativas de largo plazo —concluye Castilla—. Justamente porque quienes están detrás de estos proyectos son unos pocos. Y esos pocos son los que tienen la plata y mueven el mundo.

Pero las venas que desangran el territorio siguen un mismo diseño. El patrón de las demandas de infraestructura no lo define el Estado ni las necesidades de las comunidades; estuvo y está condicionado por quienes manejan la renta extractiva del país.