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La defensa de la universidad pública desbordó las calles

La cuarta Marcha Federal Universitaria colmó la Plaza de Mayo en un reclamo masivo contra el desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei. Miles de ciudadanos exigieron el cumplimiento de la ley de financiamiento y denunciaron la pérdida real de los salarios docentes. La jornada reafirmó a la educación pública como un consenso social innegociable frente al ajuste estatal.

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La defensa de la universidad pública desbordó la Plaza de Mayo

Si la Plaza de Mayo es el termómetro político y el espejo social de la Argentina, desde el oficialismo deberían tomar nota que este martes estuvo desbordada. Miles de personas, desde el mediodía, empezaron a llenar las calles del centro porteño, desde Plaza Congreso hacia el Bajo, para recordarle al gobierno de Javier Milei que hay consensos que la motosierra no logra astillar. Son 203 días sin aplicar la ley de financiamiento universitario: la paciencia y las expectativas parecen haber llegado a un punto de no retorno.

La cuarta Marcha Federal Universitaria fue la escenificación de un mapa de la unidad en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad que, para muchos, es uno de los grandes orgullos de la Argentina. Desde la Universidad de Buenos Aires estimaron más de 600 mil personas en Plaza de Mayo; y un millón en todo el país. Hubo movilizaciones en muchas provincias del país, entre ellas, Córdoba, Salta, Tucumán, Río Negro, Santa Fe y La Pampa.

Sobre la Avenida de Mayo, un desfile de “viudas» simulaba velar a la ciencia —tras la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología— y le ponía una cuota de ironía a una realidad estadística: los salarios docentes cayeron un 34% real desde noviembre y el presupuesto para educación superior es el más bajo desde 2004.

“Milei, cumplí la ley” era el mantra que bajaba desde las columnas. El corazón de la marcha estaba en los carteles artesanales, portados en manos de grupos sueltos, que contaban historias de movilidad social ascendente que la concepción mileista del rol del Estado intenta borrar. “Crié una hija sola, es profesional gracias a la universidad pública”, señalaba una pancarta sostenida por una mujer de 70 años. A pocos metros, otra madre de la misma edad, primera camada universitaria de su familia, resumía el sentimiento de época: “No hubiéramos sido profesionales sin la universidad pública. Era el orgullo de ‘mi hijo el doctor’ conviviendo con la pregunta urgente que se esgrimía en otro cartón: “¿Por qué tanto miedo de educar al pueblo?”.

La marcha fue, también, un ejercicio de diversidad política: allí estaban el gobernador bonaerense Axel Kicillof, columnas de La Cámpora y el Frente Renovador, referentes de otros sectores del peronismo y la plana mayor de la UCR —con Leonel Chiarella y Emiliano Balbín a la cabeza—, los sindicatos de la CGT, el FRESU, las dos CTA y las agrupaciones políticas y gremiales de la izquierda. Pero también gente suelta, como un hombre de 67 años que, sin haber pisado un aula académica, marchaba orgulloso porque su hijo estudia para contador en la UBA.

El blanco de los reclamos tuvo nombres propios. Hubo carteles contra Karina y Javier Milei, y un sarcasmo particular hacia Manuel Adorni. “Menos cascadas y más universidad”, decía un cartel que aludía a las recientes revelaciones sobre el aporte keynesiano del jefe de gabinete para impulsar la construcción y el sector inmobiliario.

En el escenario, las máximas autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los rectores Franco Bartolacci (Rosario) y Anselmo Torres (Río Negro), junto a los dirigentes estudiantiles de la Federación Universitaria (FUA) y los gremios docentes y no docentes, cerraron el acto con un documento compartido que puso el foco en el desfinanciamiento gubernamental que pone en riesgo el funcionamiento mismo del sistema. También le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que “los acompañe” y “no permita» que el gobierno nacional siga «incumpliendo» con la aplicación de la normativa.

El documento expresó que la universidad pública y el sistema público de investigación "son factores fundamentales de la economía del país” y actúan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda “competir en el mundo” y generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables.

“El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho», sostuvieron. También indicaron que desde diciembre de 2023 “se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias”. 

El documento expresó que la universidad pública y el sistema público de investigación «son factores fundamentales de la economía del país” y actúan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda “competir en el mundo” y generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables. “Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo”, agregaron.

Para finalizar, los representantes de las universidades afirmaron: “Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora. La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia”.

Hoy, ese futuro salió a la calle a decir que no está dispuesto a permitir el ajuste y la vulneración del Estado de derecho. La universidad pública, ese viejo orgullo argentino, demostró que sigue siendo un territorio –como los derechos humanos– donde una vasta mayoría de diversidades políticas confluyen para defender lo común.

 

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