Frente a la caída en las encuestas y el deterioro de los ingresos familiares, el gobierno de Javier Milei se repliega sobre la agenda internacional y apela al blindaje institucional y represivo para aislar sus decisiones del creciente rechazo social.

Manuel Barrientos

Hay un cambio desde hace varios meses en el clima social. Que lleva al gobierno a actuar a la defensiva, reprimiendo o intentando limitar toda forma de participación social. Es un oficialismo en repliegue, que parece haber renunciado a dar la pelea por la opinión pública. Con una figura presidencial cada vez más volcada hacia agendas y giras por el exterior. Es cierto: jamás existió una vocación por el territorio ni por el contacto directo en los ámbitos de la vida pública -las escuelas o los hospitales que frecuentaba la política clásica jamás formaron parte de la escenografía de Javier Milei-, pero la intensidad actual parece estar fuera de las fronteras. La presencia en canales de transmisión digital y en redes sociales, si bien continúa siendo abundante, perdió la chispa inicial. La prioridad pasa por la consolidación de un perfil de referente global de las ultraderechas, en lugar de sostener la revalidación cotidiana del liderazgo doméstico. Quizás bajo la convicción de que nadie resulta profeta en su propia tierra, a pesar de que haya sido ese fenómeno el que habilitó un ascenso meteórico años atrás; o tal vez porque la verificación empírica de esas profecías no llega a concretarse por más esfuerzos que se hagan para divisar “brotes verdes” de recuperación. La búsqueda de validación externa como insumo para oxigenar la fortaleza interna no es un experimento original: la historia argentina está cargada de antecedentes donde el prestigio construido afuera operó como palanca de reconocimiento interior.

La llamada “batalla cultural” en torno al proyecto de ley para habilitar la venta de tierras a capitales extranjeros estaba resuelta en términos del sentido común colectivo mucho antes de que el debate llegase el recinto parlamentario. Ocurrió incluso antes de que referentes culturales manifestaran su rechazo explícito a la propuesta del Ejecutivo. Cuando los artistas -con la excepción de quienes lo hacen de forma habitual- decidieron desoír los consejos habituales de prudencia que imponen managers y marcas, sabían que existía una masa crítica en la sociedad. La disputa comunicacional del oficialismo ya había naufragado en la denominación misma de las cosas: el uso del concepto de la “inviolabilidad de la propiedad privada” había quedado restringida de manera exclusiva para los voceros oficiales y los sistemas de medios afines. En la conversación cotidiana la iniciativa pasó a ser bautizada de modo irreversible como la “ley de extranjerización de la tierra”. En el nombrar popular estaba consumada la derrota.

La llamada “batalla cultural” en torno al proyecto de ley para habilitar la venta de tierras a capitales extranjeros estaba resuelta en términos del sentido común colectivo mucho antes de que el debate llegase el recinto parlamentario.

Frente a esa pérdida de terreno en la batalla de las ideas, al Estado solo le quedó el recurso de la respuesta defensiva y la intervención represiva sobre la plaza pública. El “problema comunicacional” radicó, en realidad, en que habían quedado al desnudo de los objetivos reales del proyecto.

Este cambio en la percepción social se palpa en las mediciones de la opinión pública que muestran la aceleración del desgaste. Un estudio elaborado de manera conjunta por las consultoras TresPuntoZero y Alaska revela que solo el 32,2% de la población aprueba la gestión libertaria, mientras que la desaprobación trepa al 64,8%. La administración Milei atraviesa su punto más bajo desde el inicio del mandato. La necesidad de exhibir resultados concretos en la calidad de vida cotidiana se vuelve determinante, pero el costo de vida y la caída de los ingresos continúa figurando entre los factores de mayor preocupación social. El 2.9% del alza de la inflación de julio que registró la Ciudad de Buenos Aires debería hacer sonar las alertas gubernamentales. Ya ni hablar de los indicadores de consumo, empleo, actividad económica.

El último relevamiento de Management & Fit expone la perspectiva ciudadana sobre la continuidad del proceso político. Ante la hipótesis de comicios presidenciales inmediatos, un 57% de los encuestados sostiene que definiría su voto en función de un cambio integral de políticas y de equipo de gobierno. Sólo un 16,1% se inclina por mantener sin modificaciones el esquema vigente; y un 23,7% optaría por una continuidad con matices o correcciones.

Los diagnósticos de la consultora Zuban Córdoba también confirman esta tendencia de rechazo, ubicando la desaprobación general en un 65,3% y la aprobación en un 33,4%, con una imagen negativa del presidente que alcanza el 61%. En ese mismo estudio, un 61,9% de los consultados manifiesta la intención de optar por una alternativa política hacia el año 2027.

El desgaste se extiende a los posicionamientos de política exterior. Un 70,5% de los consultados desaprueba las confrontaciones verbales dirigidas hacia la figura presidencial de Brasil, frente a un escaso 20% que las respalda. De forma previa, cerca del 80% de la sociedad se había manifestado favorable a fijar restricciones a la adquisición de suelo nacional por parte de capitales extranjeros. Esos números anticiparon el desplome de la propuesta oficialista en el debate público.

El repliegue del gobierno no implica la ausencia de herramientas para disputar la permanencia en el poder. La retención de capacidades institucionales, la administración de las transferencias discrecionales a las provincias, los acuerdos con actores del sector financiero y mediático o el alineamiento automático con Donald Trump siguen siendo factores de peso. Pero la pérdida de expectativa en amplios sectores —incluidos aquellos segmentos juveniles golpeados por la reducción del empleo formal y las restricciones presupuestarias en el ámbito universitario— impulsa la búsqueda de modificaciones en el tablero electoral, orientadas a alterar las reglas de participación y suspender las PASO.

El repliegue del gobierno no implica la ausencia de herramientas para disputar la permanencia en el poder. La retención de capacidades institucionales, la administración de las transferencias discrecionales a las provincias, los acuerdos con actores del sector financiero y mediático o el alineamiento automático con Donald Trump siguen siendo factores de peso.

También se observa la puesta en marcha de un entramado legal destinado a acotar la capacidad de fiscalización y protesta de la ciudadanía. A través de la revisión de normativas clave, como la modificación del decreto 222/2003 que regulaba el proceso de proponer magistrados para la Corte Suprema y la justicia federal, se redujeron plazos y se suprimieron etapas institucionales orientadas a garantizar la transparencia y la participación de la sociedad civil en la evaluación de los candidatos.

En la misma dirección actúa el proyecto oficial -hoy postergado, aunque latente- sobre la regulación de la “gestión de intereses”. Una iniciativa que iguala la incidencia en la agenda social llevada a cabo por organismos de derechos humanos, colectivos de salud o agrupaciones ambientales con el lobby de los grandes grupos económicos.

Esta lógica de restricción se complementa con las reformas al régimen de acceso a la información pública formuladas en el decreto 780/2024, que amplían las causas de reserva estatal y redefinen el alcance de los datos que las dependencias oficiales están obligadas a difundir. Y el fundante “protocolo de actuación policial para las concentraciones en la vía pública”, cuya aplicación busca limitar la movilización popular y viene dejando como saldo manifestantes heridos de gravedad.

La articulación de estas medidas dibuja el mapa de un gobierno lleno de miedo a la participación social. Un oficialismo que busca resguardar sus decisiones económicas e institucionales del escrutinio colectivo frente a una sociedad civil que apela a la articulación comunitaria y al recurso judicial para preservar las garantías democráticas. Ya quedó claro que el problema del gobierno libertario radica en la brecha entre el relato y la vida cotidiana.

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