Defensores oficiales bonaerenses junto a organizaciones de derechos humanos presentaron una acción directa declarativa de inconstitucionalidad ante la Justicia Federal contra la nueva ley de Régimen Penal Juvenil. La presentación solicita, además, una medida cautelar de no innovar para frenar de urgencia la entrada en vigencia de la norma, prevista para el próximo 5 de septiembre, alegando un inminente colapso institucional y violaciones graves a tratados internacionales.

La acción cuenta con un fuerte respaldo político y académico. Entre los principales firmantes se encuentran los defensores oficiales del fuero de responsabilidad penal juvenil de La Plata, encabezados por Ricardo Berenguer; referentes históricos de derechos humanos como Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM); gremialistas como Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma); y directores de institutos de investigación de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Los demandantes afirman que la ley —promulgada a principios de año— “adolece de una manifiesta irrazonabilidad”. Argumentan que los discursos oficiales que justificaron la reforma basados en un “aumento del delito juvenil” se sostienen sobre datos falsos y que las estadísticas oficiales del Ministerio Público bonaerense demuestran que los delitos cometidos por menores representan apenas el 2,2% del total criminal y vienen en descenso sostenido desde hace una década. “En vez de aplicarse mayor severidad a quienes pudieran estar utilizando a los niños con esa alegada finalidad (bandas criminales), se castiga a quienes resultarían víctimas de tal inescrupuloso aprovechamiento”, dice el escrito.

Durante la conferencia de prensa brindada para anunciar la presentación, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, convocó a la sociedad civil “a involucrarse de manera activa” frente a lo que consideró un retroceso histórico. “El gobierno se caracteriza por sacar leyes injustas a las que vamos a tener que resistir”, dijo. 

“Las políticas de los gobiernos siempre han sido punitivas. No tratan de solucionar la situación de niños que son víctimas de una sociedad injusta. Esto es gravísimo e inconstitucional”, señaló y dijo que “tenemos que ver qué podemos hacer en el conjunto de la sociedad y cuál debe ser la resistencia. La rebeldía de conciencias es lo que tenemos que tener presente para enfrentar lo que viene”.

Pérez Esquivel advirtió que existe un desguace del país que afecta a todos los sectores sociales, pero fundamentalmente a los más indefensos, que son los niños y las niñas. Recordó sus cuarenta años de trabajo con infancias en situación de riesgo social y remarcó que “si a los chicos se les acerca afecto y se escucha lo que tienen que decir, los resultados son completamente distintos” y lamentó que bajo esta lógica ni siquiera se les permita la palabra. Por último hizo un llamado a la unidad y afirmó que “es necesario juntar fuerzas para frenar esta normativa porque los niños no son un peligro, sino que están en peligro de forma permanente”. 

La socióloga e historiadora Dora Barrancos atribuyó que “se animan a esta ley inconstitucional, anticonvencional, regresiva” por “la atmósfera que han creado”. Y dijo que esa atmósfera “está hecha con todas las posibilidades de regredir la condición humana fundamental”. Barrancos definió este proceso como un “facilismo pragmático, muy demagógico, que interpreta un sentido común opaco del cual se abastecen las extremas derechas para luego enarbolarlo como si fuera una demanda compartida por toda la sociedad”. 

“Todos los estatutos regresivos lo son, pero este sometimiento de punición equivalente que tienen los adultos con las niñeces, efectivamente es un atropello en todos los sentidos. Es evidente que gran parte de la clase media probablemente no sepa que está muy alcanzada, porque el Poder Judicial se ocupa particularmente de las clases más lábiles de la sociedad. Y basta ver cómo está el orden demográfico de composición de aquellos que están y de aquellas que están sufriendo prisión”, señaló Barrancos. 

La investigadora alertó sobre el peligro de que “adolescentes de 13 o 14 años terminen encarcelados por hechos mínimos que serán exagerados según las circunstancias”, y advirtió sobre la gravedad institucional que atraviesa el país. Barrancos afirmó que “la sociedad argentina se encuentra en la banquina del Estado de Derecho”, y señaló las responsabilidades compartidas entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo que consagró esta norma y el rol que deberá adoptar el Poder Judicial.