En septiembre de 1979, ante la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la última dictadura lanzó el eslogan “Los argentinos somos derechos y humanos”. Aquella campaña tenía, entre sus objetivos, neutralizar las denuncias realizadas en el exterior sobre violaciones a los derechos humanos e intimidar las nuevas denuncias que dicha Comisión venía a recolectar. En estas más de cuatro décadas que transcurrieron desde la transición a la democracia, los derechos humanos han tenido una presencia constante en la esfera en el espacio público siendo su protección uno, entre otros tantos, de los supuestos sobre los que se consolidó aquel pacto implícito conocido como el consenso democrático. Desde ese lugar, la competencia y disputa política debía mantenerse en los márgenes que establecía la Constitución y el respeto por la vida y la dignidad humana no podían ser puestas en tensión en la arena política. 

Esa presencia de los derechos humanos en la esfera pública implicó un camino sinuoso, con avances y retrocesos: desde el Juicio a las Juntas hasta las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pasando por los indultos, la posterior nulidad de esas leyes, la inconstitucionalidad de los indultos y la reactivación de los juicios por crímenes de lesa humanidad como hitos claves. Como bien señala la politóloga Mercedes Barros, el sentido de los derechos humanos en la Argentina se llenó de contenido a partir de las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, consolidándose precisamente sobre la respuesta colectiva a lo sucedido en la última dictadura militar. Establecer qué entendemos por derechos humanos no es un ejercicio académico estéril; es fijar los umbrales mínimos de dignidad humana que una sociedad está dispuesta a defender para que nadie quede desamparado y, de esta manera, sus derechos humanos sean respetados.

Hoy, sin embargo, nos encontramos en una época donde las reglas del juego parecen haberse trastocado profundamente. No estamos presenciando meras modificaciones a las lógicas políticas tradicionales en relación con el debate público, sino a una impugnación y negación de la empatía, que no es ni más ni menos que poner en tensión esa humanidad de la que hablan los derechos humanos. 

El adversario político ya no es visto como un competidor legítimo dentro de la convivencia democrática, sino como un enemigo que debe ser eliminado, excluido o directamente deshumanizado. Pero no es simplemente el adversario político el que queda dentro de esta lógica, sino todo aquel al que se considera no merecedor de poder estar en el sector de “los argentinos de bien”. 

La socióloga Ariadna Estévez ofrece reflexionar acerca de los derechos humanos desde su carácter discursivo, que tal vez puede ser una herramienta útil para profundizar la reflexión en este contexto. Propone repensar a los derechos humanos de dos dimensiones: los “derechos” en tanto poder de la enunciación capaz de visibilizar hechos o situaciones que antes la sociedad naturalizaba y que comienzan a ser problematizados, y “lo humano” como una categoría a conformar de forma constante, un terreno de disputa que debe ser dotado de sentido en cada coyuntura histórica en donde se establezcan las condiciones que hacen a lo humano y la dignidad humana. Cuando la lógica del mercado absoluto pretende regular la totalidad de las interacciones sociales, la pregunta por los límites de lo humano se presenta con una relevancia notable.

Esta disputa simbólica tiene consecuencias inmediatas y materiales. No estamos ante simples debates teóricos. Las polémicas afirmaciones que en su momento parecían provocaciones o ideas estrafalarias —como la justificación de la libre venta de órganos, la venta de niños o la “libertad” de morir de hambre— hoy comienzan a traducirse, tal vez de una forma algo sutil, en decisiones gubernamentales efectivas. Se trata de situaciones que se presentan con frecuencia a través de una inacción estatal deliberada.