En ese sentido señala que “la información es poder” y que la ley genera herramientas en promoción de salud “frente al marketing que tiene la industria alimentaria que es súper potente”. Pero además, habría otros retrocesos, como por ejemplo las reformulaciones de muchos productos que la industria realizó para que sean más “saludables”, y queden libres de octógonos. 

El impacto real de esta política pública, que lleva cuatro años de implementación, quedó reflejado en datos estadísticos de la encuesta nacional sobre Consumo Responsable, Hábitos Sustentables y Capital Social. Es un estudio realizado por el CENARSECS de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA sobre consumo responsable, que midió el alcance de la normativa en la sociedad. Los resultados arrojan que un 97% de los encuestados respondió que nota en los envases de alimentos y bebidas los sellos de advertencia en forma de octógonos negros, mientras que un 94,5% afirmó que comprende el significado de dichos sellos.

El relevamiento demostró que este mayor nivel de información tiene efectos concretos sobre los hábitos de consumo, ya que un consumidor mejor informado ajusta efectivamente sus decisiones: compara alternativas, reconsidera marcas habituales, prioriza determinados atributos y resigna otros. De hecho, un 79% de las personas respondió que, a partir del etiquetado frontal con sellos de advertencia, realizaron algún cambio en su consumo de alimentos y bebidas. En total, más del 61% de la población argentina redujo o dejó de consumir un producto por contener sellos octogonales de advertencia y lo reemplazó por opciones más saludables. Al analizar ese 61% por rango etario, los resultados fueron notablemente homogéneos: lo que emerge de las estadísticas es una demanda social transversal por mayor claridad, transparencia y comparabilidad en la información que reciben los consumidores.

La decisión del Poder Ejecutivo de avanzar hacia la eliminación total de la normativa instala un complejo debate sobre el rol regulador del Estado. Raggio advierte que “el riesgo de legislar sobre alimentación, dejando de lado el consenso científico, es que las políticas públicas terminan respondiendo más a intereses económicos de la industria en vez de responder a la salud pública”. 

La especialista remarca las desigualdades preexistentes en las góndolas: “En la industria hay un desfasaje entre la persona y la industria, que tiene mucha más estrategia de marketing, publicidad, diseño de sellos”. En cambio, un individuo compra en relación a la información y a la educación alimentaria que tiene y “ahí está el rol del Estado de garantizar ese derecho a la información clara”. 

Finalmente, con respecto a las alternativas regulatorias que proponen algunos sectores, la nutricionista considera que “no hay un modelo mejor que otro” pero que derogar la ley por completo, en lugar de optimizarla si fuera necesario, “es un retroceso absoluto”. Y concluye: “No hay un modelo que haya demostrado ser más eficiente para la realidad de nuestro país que el de advertencia frontal con octógonos”.

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