Además, el Artículo 77 del nuevo dictamen modifica la ley 13.478, eliminando la posibilidad de otorgar una pensión a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), otro derecho reconocido en la ley que se busca eliminar. El mensaje del Foro es contundente: “Las personas con discapacidad no son una variable de ajuste. No se puede gobernar con tanta crueldad”.

En paralelo, la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) vuelve a encender las alarmas en la comunidad académica. Ambas leyes habían sido vetadas originalmente por el Presidente Javier Milei y luego insistidas por más de los dos tercios de ambas cámaras, obligando al Ejecutivo a su promulgación formal. Sin embargo, el Gobierno las suspendió en los hechos, sin asignarles partidas ni cumplir con los incrementos que establecen.

El debate en la Comisión de Presupuesto dejó en evidencia la tensión, ya que la mayoría de los bloques aliados al oficialismo que acompañaron el dictamen de mayoría (como Pro, la UCR y otros interbloques provinciales) habían votado e insistido previamente esas leyes. Esta contradicción quedó marcada en las disidencias parciales y promete ser un foco de conflicto en el recinto.

Desde el peronismo, el diputado Pablo Yedlin interpeló a sus pares: “¿Qué van a hacer los diputados que votaron, ellos o sus espacios políticos, a favor? ¿Van a fingir demencia? Con perdón de la gente que tiene demencia”.

La inclusión de estos artículos clave fue el principal punto de controversia en la comisión, donde la oposición presentó dictámenes alternativos. Nicolás Massot (Unidos) criticó que “hay plata para que la compraventa de inmuebles no tribute más impuestos, pero no hay para la discapacidad”. Su dictamen ratifica los fondos previstos en las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad.

Sin embargo, el oficialismo encara con viento a favor la sesión especial de este miércoles a las 14 en la que buscará lograr la media sanción del Presupuesto 2026. Cuenta con el respaldo de LLA, PRO, UCR, MID, e interbloques provinciales. No obstante, el destino de la derogación de estas leyes —que habían sido votadas con un consenso tan amplio— representa la mayor incertidumbre.

La exigencia del Foro Permanente de Discapacidad resume el reclamo social e institucional: «Que el presupuesto no salga con esta derogación encubierta, que se respete la ley vigente y que no se siga gobernando a espaldas del Congreso y de la sociedad.»

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