Ludopatía: regular sin molestar

El proyecto oficial de ludopatía se presenta como un “marco normativo integral” para la prevención de adicciones y el combate a plataformas ilegales. Lo que no hace es tocar la publicidad de las apuestas legales. Las casas de apuestas online pueden seguir apareciendo en camisetas de fútbol, en el corte de los programas de streaming, en el feed de Instagram de los adolescentes y en los spots televisivos de horario pico. El proyecto solo veda que esas publicidades estén “protagonizadas por menores” o “asocien las apuestas con el éxito económico”. 

“Lo único que hace es proteger el negocio del juego en línea”, sintetizó el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que ya impulsó un proyecto más restrictivo en el Congreso pero que perdió estado parlamentario. 

Según medios especializados, el mercado de apuestas online en Argentina facturó alrededor de US$1.570 millones en 2025 y la proyección para 2026 es de US$1.720 millones. Para este año, con el Mundial en juego, algunos analistas estiman que el mercado total de gambling (online más físico) puede rozar los US$4.700 millones. La base de usuarios ronda los 4,6 a 4,8 millones de personas, mayoritariamente adultos jóvenes que apuestan desde el celular –más del 70% de las transacciones es mobile, una proporción que supera a la mayoría de los mercados europeos–.

Zonas frías: el gas que se va

La readecuación del Régimen de Zonas Frías ya obtuvo media sanción en Diputados con 132 votos afirmativos y ahora espera el avance en el Senado. El proyecto retira el subsidio al gas para las provincias incorporadas en la ampliación de 2021 –que incluyó a buena parte del centro del país– y lo circunscribe a los hogares de menores ingresos que se inscriban en el nuevo régimen de subsidios energéticos focalizados. El ahorro fiscal proyectado supera los $272.000 millones.

El reverso del ahorro del Estado es el beneficio para las distribuidoras. La ley de zonas frías limpia el balance de las eléctricas y en el Congreso ven un movimiento en las acciones de Edenor y Edesur –dos empresas vinculadas a los grupos que orbitan José Luis Manzano y Marcelo Mindlin–. 

Al gobierno se le complica el panorama en el Senado porque el 25% de sus miembros son patagónicos, una región que históricamente necesita el consumo de energía para generar calor por las bajas temperaturas. El ministro del Interior Diego Santilli negoció en Diputados el apoyo de gobernadores del Norte a cambio de prometer que habrá algunos subsidios para la energía eléctrica durante el verano, pero ahora la discusión se empantanó.

PCT: las farmacéuticas negociaron en el camino

La adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) forma parte de los compromisos que el gobierno de Milei asumió en el acuerdo comercial con Estados Unidos. El tratado establece que cualquier patente registrada por un país miembro obtiene validez automática por 20 años en el resto de los adherentes –lo que les facilitaría el negocio a las multinacionales farmacéuticas en el mercado local y encarecería los genéricos–.

El proyecto avanzó con un detalle clave: CILFA y Cooperala, las cámaras de laboratorios nacionales, lograron que la adhesión se hiciera “con reserva del Capítulo II”, el artículo que más los perjudicaba. El lobby fue tan eficaz que el oficialismo adoptó la posición de la industria como propia. Hoy el proyecto tiene dictamen pero el gobierno lo frenó, a la espera de señales de Washington sobre si la reserva es aceptable para el acuerdo bilateral. 

En la Casa Rosada esperan una definición para las próximas semanas. “Seguramente a fines de junio, mediados de julio, publiquen los nuevos aranceles y se aclare ahí la situación nuestra”, planteó un funcionario del Ejecutivo.

Propiedad privada: la tierra como negocio

La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada –autoría de Federico Sturzenegger– ya tiene dictamen en el Senado y espera su turno en el recinto. Introduce cambios en expropiaciones, desalojos y, centralmente, en la regulación de la venta de tierras a extranjeros. El texto elimina buena parte de las restricciones de la ley de tierras vigente: solo prohíbe que Estados extranjeros y sus instrumentos directos sean titulares de dominio rural, pero agrega una cláusula de excepción para los casos en que “la operación no constituya un riesgo para la seguridad, la defensa y la soberanía nacional”. El estándar para esa excepción lo define el Ejecutivo.

Las organizaciones campesinas y los movimientos de derechos territoriales rechazaron el proyecto en bloque. “Consolidará el despojo, la extranjerización y el retroceso ambiental”, dijeron en un comunicado. La Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT) denunció que actualmente hay más de 13 millones de hectáreas que están en manos de empresas extranjeras.

La intención del oficialismo es abrir el recinto del Senado para el próximo 4 de junio. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, tiene marcado con rojo otra fecha clave para los movimientos en el Congreso: el 11 junio comienza el Mundial.

La ley de lobby, mientras tanto, avanza en paralelo a toda esta agenda. Propone crear un registro público de reuniones entre lobbistas y funcionarios o legisladores. Quienes no se registren podrán recibir sanciones. El debate sobre quién califica como “lobbista” –si solo las ongs y los organismos de la sociedad civil, o también los estudios de abogados, las consultoras y los directivos empresariales que recorren los pasillos del Congreso– ya está abierto. La respuesta que dé ese proyecto a esa pregunta dirá, en realidad, las verdaderas intenciones de Milei.

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