Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino fueron a trabajar por última vez el 7 de julio de 1976. Ese día, entre las cinco y las ocho de la mañana, fueron detenidos por un grupo de hombres vestidos de civil. Los apresaron cuando estaban entrando o saliendo de la fábrica y pasaron a integrar la lista de desaparecidos. Lo que empezó a juzgarse el último 10 de septiembre es si el entonces jefe de personal de la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata, Emilio Jorge Parodi, fue “partícipe necesario” de esos secuestros que se realizaron dentro del predio de la empresa.

“Los eventos investigados no se podrían haber ejecutado sin la colaboración del imputado, quien facilitó la consumación de las detenciones de las víctimas poniendo a disposición de los captores las instalaciones de la fábrica”, señaló el juez el juez Ernesto Kreplak al elevar la causa a juicio oral, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, integrado por los jueces Pablo Wilk, Maria Costa y Nelson Jarazo. 

Durante la década de 1970 y, sobre todo a partir del golpe de Estado de 1976, la empresa se convirtió en una de las más grandes del país. Y la política económica neoliberal y represiva contra la organización sindical colaboraron en ese proceso: “Pasó de soportar pérdidas al cierre del ejercicio 74/75, a obtener ganancias en los dos períodos siguientes. Los resultados se incrementaron en un 358%”, precisa el informe de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuraduría General que es parte de la causa. 

Esta argumentación es también la que sostienen las querellas para explicar los motivos y señalar a los responsables: los secuestros se produjeron en el momento en que los trabajadores debían buscar su tarjeta de asistencia y “ficharla” para dejar constancia de su horario de ingreso y egreso. Allí fueron identificados y capturados. Esa zona, según la denuncia y los testimonios que se comenzaron a recoger en el juicio oral, estaba a cargo de un área denominada “Bomberos”, pero que -más allá de su nombre- cumplía funciones de vigilancia y monitoreo del personal. Ese sector respondía -según los testimonios- a la Jefatura de Personal. Allí estaba Parodi, que ocupó ese puesto desde 1975 hasta 1979 y luego fue alcanzando lugares de mayor jerarquía dentro de Molinos Río de la Plata, que había sido fundada en 1902 y hasta los ‘90 perteneció al grupo Bunge & Born.

La causa que involucra a Parodi, quien se negó a declarar en la primera audiencia y se encuentra en prisión domiciliaria, fue iniciada en 2013 por Analía Fernández, Roxana Freitas y Ceferino Mataboni, hijas e hijo de tres obreros desaparecidos. A esa querella se sumaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA Capital y Gran Buenos Aires). 

Esa denuncia incluye a 23 trabajadores y ex trabajadores de Molinos Río de la Plata -la Federación Aceitera y el Sindicato habla de “por lo menos 27 casos”- pero hasta ahora la prueba recolectada permitió que llegaran a juicio oral los secuestros de Fernández, Ojeda y Rivolta Bonino. El martes 27 de octubre a las 10.30 se hará la próxima audiencia.

Hijas e hijos

“Mi papá era un muchacho de 27 años que creía en los derechos y en la justicia social. Militaba en la Juventud Peronista y tenía la convicción de defender los derechos de los trabajadores”, dijo Analía Fernández a poco de iniciar su declaración. Fue la primera en hablar ante el tribunal oral y estaba acompañada por una psicóloga del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, que se sentó a su lado. 

El papá de Analía era mecánico y había empezado a trabajar en la planta de Avellaneda en 1973. Fue detenido cuando fue a buscar su tarjeta de ingreso a la oficina de vigilancia. “La ficha de mi papá no estaba. Sus compañeros continuaron hacia sus puestos de trabajo y vieron como a mi papá lo apartaron. Nunca llegó a su puesto. Un grupo de tareas se lo llevó junto con sus compañeros Ojeda y Rivolta”, dijo Analía, que llevaba una remera blanca con la leyenda “Causa Molinos Río de la Plata” y las fotos de los rostros de obreros desaparecidos. Una de ellas era de su papá, que había sido integrante de la agrupación 17 de Octubre, que lideraba la comisión interna dentro de la planta Avellaneda en oposición a la conducción del sindicato aceitero.

También declaró su mamá, Ana María Pérez, que luego del secuestro de su marido se quedó sola con sus tres hijos. “Un vecino que trabajaba en la fábrica vino a decirme que lo habían detenido y que, si quería saber algo más, debía ir hasta la empresa”, contó ante los jueces, pero en la fábrica no tuvo mayores datos de parte de Parodi, que le dijo que se lo habían llevado los militares desde adentro de la planta.

El 14 de octubre declararon Ceferino Mataboni y Roxana Freitas. También tuvieron a su lado a una psicóloga. “Mi padre era amenazado por Parodi, que lo llamaba a su oficina. Era activista gremial, reclamaban por mejores salarios y condiciones laborales. Había muchos que eran contratados, tercerizados. Mi mamá estaba muy al tanto y eso me contó ella”, declaró Ceferino, que es el menor de diez hermanos y tenía cinco meses de vida cuando el 3 de diciembre de 1976 se llevaron a su padre, Rubén, que ya se había ido de Molinos porque la represión había hecho estragos en la planta.