El Frente Nacional Democrático por la Educación Pública rechaza el “abandono” de las centrales tradicionales, exigen un sueldo mínimo de $2.800.000 y frenar el ajuste previsional y pedagógico. Entrevista con Horacio Catena, secretario general de SUTEF, sobre el impacto de la medida en Tierra del Fuego.

Bruno Pissinis desde Tierra del Fuego

Hoy Argentina atraviesa su segundo paro nacional docente del año. Una jornada impulsada por el Frente Nacional Democrático por la Educación Pública (FreNDEP) que congrega a gremios de siete provincias —Formosa, Salta, Tierra del Fuego AeIAS, Misiones, Chaco, CABA y Provincia de Buenos Aires— junto a agrupaciones autoconvocadas, marcando un punto de quiebre con las centrales y sindicatos nacionales frente a lo que califican como “abandono de la docencia”. Los reclamos son contundentes: un salario mínimo vital y móvil docente de $2.800.000; un plan de desendeudamiento colectivo; y el rechazo a cualquier reforma que implique pérdida de derechos.

Es la segunda medida de fuerza que impulsa el Frente Nacional Democrático por la Educación Pública (FreNDEP) en lo que va de 2026, y llega en coincidencia del llamado a paro de las seccionales de SUTEBA La Matanza, Tigre, Marcos Paz y Bahía Blanca; ADEMyS; y ADOSAC.

En Tierra del Fuego, donde el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) forma parte activa del frente, la situación se vuelve crítica por las distancias geográficas y los costos de vida. En medio de la movilización, 4Palabras dialogó con Horacio Catena, secretario general de SUTEF, para entender el peso de esta medida en el extremo sur del país, la articulación con otros sectores docentes y qué escenario se viene.

El FreNDEP llama a su segundo paro nacional en lo que va del año ¿Qué balance hace del primero y por qué consideran que fue necesario volver a esta medida tan rápido?

El primer paro nacional fue el resultado de un largo proceso de debate entre sectores de todo el país y el balance que hacemos es sumamente positivo. Logramos poner sobre la mesa los problemas estructurales que hoy sufre la docencia argentina de punta a punta: salarios de pobreza, precarización laboral, reformas regresivas en marcha y un nivel de endeudamiento feroz en las familias trabajadoras.

Como no hubo respuestas y la situación se agravó en la mayoría de las provincias con paritarias a la baja, esta nueva medida se volvió inevitable. Hoy los gobiernos provinciales, en el mejor de los casos, aplican un ajuste sin malos tratos, pero el recorte salarial y educativo se ejecuta igual. Por eso era necesario volver a las calles. Lo valioso de esta segunda convocatoria es que sumó el apoyo de otras organizaciones con sus propias jornadas de lucha y paros locales, lo que demuestra que el reclamo original del Frente no solo se mantiene firme sino que se está amplificando en todo el país.

Desde el frente apuntan con dureza contra las centrales sindicales y los gremios nacionales por “inacción y abandono”. ¿La CTERA y otros sindicatos nacionales dejaron de representar la urgencia real de la docencia en las provincias?

No es que describimos o enfrentamos con dureza a CTERA y a las centrales nacionales; lo único que hacemos es poner en palabras un abandono de los debates y de las peleas que lleva, como mínimo, dos décadas.

Mientras nosotros y nosotras hemos estado en las calles, en las rutas, tomando edificios y tejiendo la solidaridad por abajo, las centrales nos han dejado solos. Estamos describiendo esa realidad objetiva. Se convirtieron en organizaciones dedicadas a poner ministros o secretarios de educación en las provincias, priorizando la urgencia de los gobiernos por sobre la de las bases.

Esa lógica hizo que desertaran de la representación de los genuinos intereses de los trabajadores y trabajadoras de la educación. No es solo que estén lejos, es que ya no comparten la misma vida que la docencia de a pie, y eso se nota mucho.

Exigen $2.800.000 como salario mínimo, vital y móvil docente ¿Cómo arribaron a esa cifra?

Llegamos al concepto de salario mínimo, vital y móvil luego de debatir con la Asociación de Abogados Laboralistas, la Federación Aceitera y bajo el asesoramiento de la consultora MATE (Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía).

Ellos nos ayudaron a recuperar una herramienta histórica de la clase trabajadora que fue denostada y desvirtuada en la década del noventa. Hoy estamos poniendo en valor al salario mínimo, vital y móvil porque somos la única organización docente que a nivel nacional pone un número concreto, explicado científicamente, cuánto vale nuestro trabajo y qué necesidades tiene que cubrir. Nos parece fundamental reivindicarlo y, sobre todo, poner toda la energía colectiva para lograr que las patronales lo paguen. Sabemos que, más temprano que tarde, vamos a conseguir que ese salario mínimo sea el que perciba cualquier maestro, profesor o trabajador de la educación en cada rincón del país.

Los reclamos del FreNDEP son contundentes: un salario mínimo vital y móvil docente de $2.800.000; un plan de desendeudamiento colectivo; y el rechazo a cualquier reforma que implique pérdida de derechos.

El gobierno nacional viene impulsando fuertes reformas regresivas. Además de lo salarial, en el comunicado rechazan de plano las reformas pedagógicas y previsionales ¿Qué es lo que se está poniendo en juego hoy en los contenidos y en los derechos jubilatorios de la docencia?

El gobierno nacional, en sintonía con los gobernadores provinciales y el jefe de gobierno porteño, está poniendo en marcha reformas que responden directamente al modelo de país al que aspiran: una Argentina sin soberanía, sin producción y sin trabajadores con derechos. Priorizan una economía de timba financiera y carry trade asentada sobre la base de un endeudamiento estratégico consensuado con Washington. Las reformas vienen a vaciar las currículas escolares y a generar mayor desigualdad. Esto se materializa en la desinversión absoluta, con la quita de diecisiete programas nacionales, el desfinanciamiento de la escuela técnica e incluso el ahogo a las universidades. Lo que se está poniendo en juego, en primer lugar, es el derecho humano a la educación pública y gratuita. A partir de ese vaciamiento, van por los derechos laborales y previsionales que a nuestro pueblo le costaron décadas de lucha y organización conquistar.

¿Cuál es la situación específica de la docencia fueguina? ¿El atraso salarial y el pluriempleo son fenómenos tan marcados en la provincia como en el resto del país?

La situación de la docencia fueguina no dista mucho de la del resto de las jurisdicciones: nuestros salarios han perdido por goleada contra una inflación mentirosa. Hoy estamos a un 40% de lo que necesita una maestra de jornada simple para vivir, que es el salario mínimo del que hablábamos antes. Ante esto, nos encontramos en pleno plan de lucha. Estamos llevando adelante debates en todas las instituciones que van a confluir el próximo 3 de julio en un Congreso Provincial de Delegados y Delegadas. Nuestra postura es clara: creemos que hay que parar las clases por tiempo indefinido hasta que la agenda política local atienda el reclamo de los trabajadores de la educación.

Mientras tanto, en los hogares de los docentes sucede lo mismo que en el resto de la clase trabajadora: se busca un segundo o tercer empleo, se inventan ingresos a través del emprendedurismo y, sobre todo, las familias se endeudan para sobrevivir. Es una realidad límite y la pregunta que nos hacemos es hasta cuándo vamos a aguantar. Esperamos que los compañeros y compañeras no solo decidan no tolerar más esta injusticia, sino que salgamos masivamente a luchar para transformar esta realidad que tanto nos duele.

¿Cuál es la hoja de ruta que se plantea el frente para lo que queda del año? ¿Hay margen para profundizar las medidas de fuerza?

Esperamos poder generar espacios de debate sobre toda la problemática educativa, y no quedarnos solo en lo salarial. El salario y el desendeudamiento son las urgencias absolutas, pero también necesitamos discutir qué modelo de escuela pública queremos y plantear si es posible —porque necesario, no nos cabe duda que lo es— la renacionalización del sistema educativo argentino, además de una transformación profunda de las currículas.

No fijamos plazos rígidos, pero la hoja de ruta incluye la construcción de un gran Congreso Pedagógico Nacional. Queremos un espacio donde nos escuchemos y trabajemos de manera colaborativa, no competitiva; donde no se discuta sobre verdades reveladas desde un escritorio, sino a partir de nuestras experiencias concretas en las aulas. Tenemos por delante el desafío de formar parte de un torrente transformador de la clase trabajadora, capaz de poner la educación pública y el conocimiento científico-técnico verdaderamente al servicio de los intereses de nuestra patria.

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