Navitas Petroleum ha logrado captar financiamiento internacional, principalmente a través de la bolsa de Tel Aviv, y ha logrado, en un procedimiento que no reúne las garantías mínimas de respeto de los estándares internacionales, la declaración de impacto ambiental por parte del ilegítimo gobierno de las islas. El cronograma británico es alarmante: se espera que la explotación efectiva se inicie en marzo de 2028, con una proyección de alcanzar una producción de más de 50.000 barriles diarios hacia el año 2032. Este desarrollo pretende convertir a las islas ocupadas en un centro de producción de hidrocarburos que otorgaría a Londres ingentes ingresos para sustentar los costos de su ocupación ilegal y profundizar la militarización del área.

Ilegalidad absoluta: leyes nacionales y la Resolución 31/49

Es imperativo subrayar que este proyecto es absolutamente ilegal. Para la República Argentina, cualquier actividad de exploración o explotación de recursos naturales en su plataforma continental sin autorización expresa de las autoridades competentes constituye un ilícito. Nuestro marco normativo es claro: las leyes 26.659 (promulgada en abril de 2011) y 26.915 (promulgada en diciembre de 2013) establecen sanciones administrativas y penales severas para las empresas y sus directivos que participen en estas actividades, así como para quienes les brinden financiamiento o servicios.

En el plano internacional, el Reino Unido viola sistemáticamente la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1976). Esta resolución insta explícitamente a la Argentina y al Reino Unido a “abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación” mientras el proceso de descolonización permanezca pendiente. La exploración y explotación de hidrocarburos es, por definición, una modificación sustancial y unilateral que el Reino Unido impone por la fuerza, ignorando el mandato de la comunidad internacional.

El contexto geopolítico: una mirada desde la Economía Política Internacional

Para comprender por qué Londres acelera el saqueo, debemos tener en cuenta la evolución del escenario internacional. La investigadora Diana Tussie, desde la perspectiva de la Economía Política Internacional, aporta una visión fundamental sobre la mutación del interés británico en el archipiélago. Esta destacada especialista señala que no se trata solo de un enclave militar, sino de una fuente estratégica de recursos frente a un centro imperial en decadencia energética.

Como bien explica Tussie en su análisis: “Malvinas ofrecen la misma riqueza que los declinantes recursos en las aguas del Mar del Norte. Es claro que los recursos naturales, y el petróleo principalmente, están indisolublemente unidos al futuro de las islas. La producción británica en el Mar del Norte cayó 80% desde 2000” (“Entender Malvinas: Recursos naturales, fervor imperial”).

Esta caída drástica, sumada a la vulnerabilidad energética europea tras la guerra en Ucrania, ha llevado al Reino Unido a posicionarse como un potencial exportador neto de petróleo para la OTAN, utilizando para ello recursos que pertenecen a la soberanía argentina. La conexión entre el sostenimiento del enclave colonial, la política de defensa y la política energética británica es hoy más estrecha que nunca.

Gestión soberana vs. «desmalvinización» actual

Durante nuestra gestión (2019-2023), llevamos adelante una estrategia basada en la reafirmación permanente de la soberanía y la aplicación rigurosa de la ley. En ese marco tomamos una decisión clave de fuerte impacto para el sostenimiento de una política de sanción de las actividades ilícitas impulsadas por el gobierno británico: la denuncia, el 2 de marzo de 2023, del vergonzoso pacto Foradori-Duncan, que pretendía remover los obstáculos para que los británicos avanzaran con la explotación hidrocarburífera y el saqueo pesquero. Asimismo, sancionamos a Navitas Petroleum y denunciamos penalmente a sus directivos ante el Juzgado Federal de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, A. e I.A.S.

En contraste, el gobierno de Javier Milei ha iniciado un peligroso proceso de «desmalvinización» de la política exterior. Hemos visto con estupor cómo el presidente ha viajado en reiteradas ocasiones a Israel sin tener en su agenda la exigencia de que Navitas Petroleum, una empresa fuertemente vinculada a la política israelí, se retire de las Islas Malvinas. La cancillería actual se ha limitado a emitir comunicados tibios y extemporáneos cuando los hechos ya estaban consumados, demostrando una total funcionalidad a los intereses británicos. Esta inacción, sumada al restablecimiento de compromisos de alcances similares a los asumidos por el pacto Foradori-Duncan mediante el pacto Mondino-Lammy de setiembre de 2024, representa un retroceso histórico para nuestra causa nacional.

Resulta incalificable que el presidente Javier Milei, en el marco de su declarado alineamiento «automático e incondicional» con Israel, haya visitado ese país en incontables ocasiones sin realizar jamás un reclamo público ni exigir a Netanyahu –junto a Trump uno de sus principales socios políticos- que adopte medidas ante las acciones ilegales que lleva adelante Navitas Petroleum en territorio argentino. Esta omisión es sumamente grave, ya que no estamos ante una empresa ajena al poder político israelí. El presidente de Navitas es Gideon Tadmor, una figura pública de enorme relevancia en Israel que ha recibido múltiples concesiones estatales para sus compañías, tanto de administraciones anteriores como del actual gobierno de Benjamín Netanyahu. Junto a él opera el vicepresidente de la firma, Yakov «Kobi» Katz, exministro de Infraestructura, Energía y Aguas de Israel, lo que demuestra que el proyecto cuenta con el respaldo de sectores clave del poder en Tel Aviv y es parte del plan de autoabastecimiento energético de Israel.

Ante esta situación, el Estado argentino tiene la obligación ineludible de actuar con firmeza y dejar de ser un espectador pasivo de este despojo. Es imperativo que el Poder Ejecutivo impulse el cumplimiento de las leyes 26.659 y 26.915, aportando de manera urgente todos los elementos necesarios al Juzgado Federal de Río Grande para que avancen las causas penales contra Tadmor, Katz y el resto de los directivos de Navitas y Rockhopper. El procedimiento sancionatorio se debe abrir también contra los fondos de inversión e inversores individuales que han comprometido recursos en los últimos meses para el desarrollo del proyecto.  Asimismo, la Cancillería debe tramitar los exhortos y notificaciones internacionales correspondientes. La inacción actual del gobierno de Milei, que permitió a estas empresas captar financiamiento sin resistencia política y diplomática, solo facilita la consolidación del colonialismo británico a través del saqueo de nuestros recursos naturales.