Una semana después del arribo de la ley de Presupuesto 2027, donde se proponía un recorte brutal al sistema de atención a las personas con discapacidad, el bloque de La Libertad Avanza en Diputados se alzó con el dictamen de mayoría del texto que propone consolidar en un marco legislativo una “propuesta superadora” de la declaración de emergencia en discapacidad. La oposición, por su parte, rubricó el despacho de la prórroga emplazada en el recinto y Provincias Unidas reclamó el incumplimiento del emplazamiento por tratarse de un expediente que no se mencionó en el recinto. Los referentes del colectivo de la discapacidad siguen en alerta, ponen la mirada en los grandes vacíos del proyecto oficialista y señalan que es “el lobo que se viste de oveja”.

Además del bloque libertario, el Pro, la Unión Cívica Radical y el MID, acompañaron la sanjuanina Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo; y la neuquina Karina Maureira. El misionero Oscar Herrera Ahuad y el salteño Bernardo Biella de Argentina Federal amagaron con llevar un despacho propio, pero firmaron el del oficialismo en disidencia.

En contrapartida, el espectro opositor cosechó 36 firmas para la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2027. Unión por la Patria aportó 29 vocales; Provincias Unidas, 5; Nicolás Del Caño del Frente de Izquierda; y Sebastián Nóblega de Elijo Catamarca.

La propuesta elevada por el bloque oficialista fue titulada como “ley de fortalecimiento permanente de discapacidad” y busca modificar el criterio de “transitoriedad” establecida en la declaración de emergencia que queda sin vigencia el próximo 31 de diciembre. En líneas generales, la iniciativa da marcha atrás con varios de los ejes dispuestos en el proyecto original de Presupuesto 2027: ratifica el valor de la pensión por discapacidad en un equivalente del 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene la compatibilidad de la mensualidad con el empleo formal de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles.

En la presentación, la cordobesa Laura Rodríguez Machado destacó la incorporación de las partidas presupuestarias para el financiamiento de este proyecto dentro del articulado del Presupuesto 2027, la fijación de un cronograma de obligación de compensaciones económicas pendientes, la capacitación obligatoria –pedido por las provincias– y la creación de un sistema público de auditorías periódicas. La irrupción de la “ley de leyes” había generado un fuerte revuelo por ir supuestamente a contramano del texto en el que trabajaban los diputados de La Libertad Avanza; ahora proponen que el área tenga una partida garantizada en el presupuesto de cada año para evitar la discrecionalidad del Ejecutivo.

El primer reclamo al oficialismo fue de la diputada jujeña María Inés Zigarán de Provincias Unidas, quien hizo hincapié en que este expediente no fue emplazado en la sesión especial del pasado 9 de septiembre. “Estaríamos incumpliendo el reglamento”, advirtió. En esa línea, recordó el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad durante el 2025 y criticó que el dictamen se haya trabajado “en secreto” durante los plenarios entre las comisiones de Discapacidad, presidida por Gerardo Huesen, y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch.

El vicepresidente de la comisión, Juan Marino (Unión por la Patria), remarcó que la insistencia en la prórroga “es un compromiso con las personas con discapacidad y un pedido de las organizaciones”. Mostró desconfianza sobre la ejecución real al recordar el veto, el escándalo en la ANDIS —donde en las últimas horas fueron procesados 15 funcionarios por hechos de corrupción—, la reciente renuncia de Alejandro Vilches en la Secretaría Nacional de Discapacidad y el nombramiento de Pablo Di Liscia, quien habría sido propuesto por Luis Caputo, “el mismo que quiso desmantelar la emergencia”.