Un estudio del Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA) a través de la Encuesta de la Deuda Social (ESDA) llegó a la conclusión de que, en el tercer trimestre del 2025, el 27,4% de los hogares de aglomerados urbanos se vio obligado a recurrir a familiares, amigos, financieras u otras fuentes para sostener su economía cotidiana.

Si bien el análisis refleja un dato del año anterior, resulta de todas maneras relevante porque refiere a una realidad que permanece vigente y que se expresa de manera muy particular en el alto índice de morosidad que atraviesa a las familias en la sociedad argentina. 

El informe de la UCA establece que “esa necesidad se concentró donde los ingresos eran más bajos e insuficientes, en los hogares más pobres, en los que perciben que sus ingresos no alcanzan y en los estratos socioeconómicos más bajos”.

En momentos en que el endeudamiento de los hogares vuelve a ocupar el centro de la escena pública por el atraso en el pago de los créditos, el estudio pone en evidencia que detrás de ese fenómeno hay una situación anterior y menos visible. Se trata del momento en que las familias advierten que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades presupuestarias y deben pedir prestado a sus familiares cercanos. No se trata de crédito para adelantar un consumo durable, sino de pedir prestado para cubrir la vida diaria.

Profundizando en el análisis que surge del estudio se puede observar que la situación alcanza la mayor incidencia, el 44%, entre los hogares pobres y de 22,4% entre los no pobres. 

Si se toma en cuenta el estrato socio económico, la solicitud de préstamos familiares aumentó en un 11,8% en el medio alto y 47,5% en el muy bajo. 

Las consecuencias de esta situación tuvo el menor efecto en CABA (12,8%), pero fue del 30,6% en los restantes centros urbanos.

Actualmente diputados de distintas fuerzas opositoras presentaron proyectos de ley destinados a aliviar la situación de las personas endeudadas y se está tratando de sortear las trabas que el oficialismo pone para la consideración legislativa de tales medidas. 

Hoy en día entre 5,3 a 6 millones de personas (el 26,1% de las personas físicas con financiamiento registrado) presentan atrasos superiores a noventa días en el pago de sus obligaciones. 

La mora en billeteras virtuales y créditos de consumo masivo escaló al 30,1%, superando los picos históricos alcanzados durante la pandemia. Del total de saldos en irregularidad, el 35% corresponde a mora irrecuperable, con un atraso mayor a 365 días, lo que evidencia que una gran porción de la mora ha migrado directamente hacia la incobrabilidad definitiva sin etapas previas de regularización.

4Palabras