El mapa financiero de los hogares argentinos muestra un quiebre estructural que excede cualquier fluctuación momentánea o pasajera. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a partir de los datos oficiales del Banco Central y la Central de Deudores, la morosidad en billeteras virtuales ya está arriba del 30% y el promedio general –consolidando las deudas con bancos y plataformas digitales– está en el 15,5%. La aceleración del problema incluso provocó la primera marcha de endeudados al Ministerio de Economía de la Nación.

El fenómeno tomó envión a partir del último trimestre de 2024, cuando la irregularidad general en el sistema bancario tradicional apenas registraba un 1,5% en octubre. Pero en junio último llegó al 7,6% en junio de 2026. La cifra consolida una marca que no se observaba desde hace dos décadas. 

El alza en las tasas de incumplimiento responde a las economías familiares. Dentro del sistema bancario, la morosidad de las familias escaló hasta el 12,8% en junio de 2026, tras una trayectoria ascendente continua que partió del 2,5% registrado veinte meses atrás.

Al interior del crédito bancario a los hogares, las tarjetas de crédito y los préstamos personales concentran el 64,3% del stock total prestado, sumando 43,98 billones de pesos a mayo de 2026. Esos mismos dos instrumentos explican el 73% de la deuda en mora, con tasas de irregularidad que subieron al 15,9% en préstamos personales y al 13,1% en tarjetas.  

La migración hacia los proveedores no financieros de crédito expone un panorama todavía más severo. En las plataformas digitales y billeteras virtuales, la tasa de mora trepó del 7,3% en noviembre de 2024 al 30,1% en junio de 2026, superando el techo del 27,1% anotado durante el pico de la pandemia en mayo de 2020. 

Al consolidar la deuda del público con bancos y plataformas digitales, el nivel de irregularidad efectiva ronda el 15,5%. El total de deudores en el sistema trepó a 20,97 millones de personas en junio de 2026, de los cuales 5,91 millones cayeron en situación de incumplimiento. Las billeteras virtuales alojan en soledad a 2,90 millones de esos morosos, mientras que 1,66 millones pertenecen de forma exclusiva a los bancos y 1,36 millones sostienen deudas vencidas en ambos sistemas simultáneamente.  

Frente a este escenario, la conducción económica nacional definió una postura de abstención explícita. Tanto el presidente Javier Milei como el ministro Luis Caputo encuadraron el deterioro del crédito como un compromiso entre privados donde cada actor debe asumir el resultado de sus operaciones sin intervención ni auxilio del Estado. Pero el fenómeno del endeudamiento ya involucra a vastas mayorías de la Argentina y exige la puesta en marcha de políticas públicas urgentes. La expansión del quebranto no responde a decisiones individuales aisladas ni a conductas de consumo irresponsable, sino al deterioro sistémico del poder de compra salarial y en una suba de los costos fijos en un contexto donde los servicios de deuda llegaron a insumir el 24,1% de la masa salarial.  

La contracción del ingreso disponible explica la velocidad del deterioro de acuerdo al informe del CEPA. Desde la llegada de la actual administración, el salario real de los trabajadores registrados acumula un retroceso del 8,7% según datos oficiales, pero la brecha se estira al 18,7% al ponderar la canasta de consumos de la encuesta nacional de gastos de los hogares. 

Ante la pérdida de capacidad de pago, la respuesta de las instituciones financieras operó por la vía del achicamiento de la base de clientes y el endurecimiento de las condiciones. Los bancos recortaron el otorgamiento de nuevos créditos y redujeron en 1,09 millones la cantidad de deudores bajo su órbita. Por su parte, la masa de usuarios desplazada buscó auxilio en el circuito digital, donde la cartera total creció, aunque las propias plataformas terminaron restringiendo la concesión de fondos frescos ante el salto de la morosidad irrecuperable.  

El mapa de la mora muestra aristas geográficas y etarias definidas. Las mayores tasas de incumplimiento consolidado se concentran en el norte cuyano y el sur del noroeste, encabezadas por La Rioja con el 23,1% (donde el gobernador Ricardo Quintela lanzó una nueva tanda de Los Chachos para aliviar los bolsillos de empleados públicos y reactivar el consumo), Catamarca y Santa Cruz con el 20,6 %, San Luis con el 20,5% y San Juan con el 20%. 

En contraste, la región pampeana anota los niveles más moderados, con La Pampa en el 8,7% y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 10%, aun cuando esta última registra un monto promedio de deuda morosa de 4,07 millones de pesos, superada únicamente por Tierra del Fuego y Santa Cruz. 

En términos demográficos, los jóvenes de hasta 34 años representan el 38,7% de deudores morosos del país, con una marcada concentración en las plataformas digitales, donde el grupo de 20 a 24 años alcanza una tasa de irregularidad del 45,4%.

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