El último sábado entró en vigencia el nuevo régimen penal juvenil. Cuarenta y ocho horas después, la jueza Marta Elba Pascual dispuso la suspensión preventiva por 60 días de su aplicación en la provincia de Buenos Aires. La medida desató fuertes críticas de dirigentes de La Libertad Avanza, ante las cuales la magistrada fundamentó su decisión: se definió como «garantista» y aclaró que no se opone a bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, pero advirtió que la norma no resolverá la problemática de fondo.

La resolución de la jueza se dio tras hacer lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, que cuestionó las condiciones de alojamiento de los adolescentes privados de su libertad en territorio bonaerense. La mayor preocupación radica en la falta de infraestructura y recursos para absorber un eventual incremento en el número de detenidos: “Si no están los mecanismos para que se puedan dar estas medidas, esta ley no es beneficiosa para la sociedad ni para los jóvenes”, planteó la magistrada.

Desde que comenzó el debate sobre la baja de edad de imputabilidad, varios sectores sociales y políticos advirtieron sobre el estado de los centros de detención y sobre cómo viven los chicos alojados allí. Desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) vienen denunciando “graves violaciones a los derechos humanos en el sistema vigente” y solicitando un debate “responsable e informado”.

El informe del organismo Aportes para la discusión de la reforma del Régimen Penal Juvenil detalla que los espacios presentan sanitarios destruidos, colchones raídos, presencia de alimañas y graves problemas de humedad. Como las construcciones son antiguas y las celdas carecen de baño interno -permaneciendo cerradas durante la noche- los adolescentes se ven obligados a realizar sus necesidades en baldes, bolsas o botellas frente a sus compañeros. A ello se le suman ventanas reducidas sin ventilación ni luz natural, espacios mínimos de circulación o recreación, y fallas severas en el suministro de agua y redes cloacales.

Frente a la desinformación generada en torno a la medida, Josefina Ignacio, comisionada del CNPT, analizó los alcance del fallo en diálogo con este medio y aseguró que lo primero que se debe hacer frente a la polémica es “despejar malos entendidos y desinformaciones que circularon tras el fallo judicial”. “La jueza no derogó la ley ni la declaró inconstitucional, hay cosas que se dicen con muy mala fe” dijo y detalló que “lo que hace es suspender preventivamente la implementación de la ley porque considera que no están dadas las condiciones para su aplicación. No es solamente una cuestión edilicia, de recursos humanos y económicos —si la provincia los tiene para aplicarla—, sino también de evaluar si el Estado está en condiciones de emprender ese proceso que implica acompañar al joven en su educación, en que pueda hacerse responsable de lo que hizo y en prepararlo para el egreso, porque en algún momento va a volver a la sociedad y la idea es que no vuelva a hacer daño”.