De la quita de pasajes gratuitos a la baja masiva de pensiones: cómo el programa económico actual opera con una fijación constante sobre el sector de la discapacidad. Un repaso crítico por las resoluciones y vetos que transformaron el ajuste fiscal en una vulneración sistemática de leyes y tratados internacionales.

Aníbal Zarate

La Organización Mundial de la Salud define al Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) como una afección crónica y duradera de la salud mental, caracterizada por pensamientos recurrentes e incontrolables (obsesiones) y por la necesidad de realizar acciones repetitivas (compulsiones). Trazar un paralelismo entre esta definición y la realidad que atraviesa la discapacidad en Argentina no parece descabellado.

Desde el inicio de su gestión, el gobierno nacional ha manifestado una conducta constante hacia el sector de la discapacidad, tratándolo como una variable de ajuste de manera obsesiva y compulsiva. La resolución 28/2026, impulsada por la Secretaría de Transporte de la Nación, parece completar un diagnóstico político y social que remite simbólicamente a aquello que la salud mental describe como TOC.

Una vez más, la discapacidad resulta castigada por un nuevo programa de ajuste. La resolución publicada este 26 de mayo elimina el régimen de compensaciones económicas que el Estado abonaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, particularmente personas trasplantadas y niños con cáncer.

El argumento del gobierno nacional, presidido por Javier Milei, sostiene que las empresas, a partir de la denominada “libertad tarifaria”, ya se encuentran en condiciones de cubrir esos costos dentro de su propia económica. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario.

En este contexto, el optimismo es escaso y la incertidumbre se instala profundamente en las personas con discapacidad y sus familias. La historia de recurrentes ajustes impulsada por el gobierno nacional en materia de discapacidad no permite vislumbrar horizontes favorables. Por el contrario, se advierte que estas medidas pueden generar mayores dificultades para acceder a pasajes y profundizar el incumplimiento del transporte como derecho de las personas con discapacidad, establecido en el decreto 38/04.

El gobierno nacional demuestra una obsesión persistente hacia el sector de la discapacidad, basada en pensamientos y acciones recurrentes de ajuste y en una manifestación compulsiva y pragmática de políticas regresivas. Todo ello no hace más que consolidar el abandono del Estado hacia las personas con discapacidad.

En el corto marco histórico del ajuste gubernamental, en 2024 surgió el decreto 843/24, que reflejó un proceso de regresión hacia las políticas del menemismo, retomando criterios del decreto 432/97 en relación con las pensiones no contributivas y las nuevas auditorías deshumanizantes que expusieron a las personas con discapacidad y a sus familias. Como resultado de estas políticas, durante 2025 se registraron aproximadamente 110.000 bajas de pensiones. A ello se suma la derogación del decreto 566/23, normativa que establecía la compatibilidad entre el derecho al trabajo y la seguridad social (pensión y jubilación) para los titulares de derecho.

En la misma línea, la resolución 187/25 implicó una “optimización” de términos que volvió a poner en circulación expresiones estigmatizantes y obsoletas hacia las personas con discapacidad, tales como “idiotas”, “imbéciles” y “débiles mentales”.

Como otro factor relevante del programa de ajuste del gobierno, debe mencionarse el incumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso Nacional el 10 de julio. Posteriormente, el presidente Javier Milei dictó su veto el 4 de agosto. Sin embargo, el Congreso rechazó dicho veto en septiembre, ratificando la ley con más de dos tercios de los votos. Finalmente, la norma fue promulgada por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 681/2025, aunque su ejecución quedó suspendida bajo el argumento de una supuesta falta de partidas presupuestarias.

Asimismo, la resolución 1/2026 impulsó un proceso de transformación de las pensiones no contributivas por invalidez, establecidas por la Ley 27.793, hacia un nuevo esquema de “pensión por discapacidad para la seguridad social”. Esta medida buscó configurar nuevas auditorías y vincular de manera directa la pensión con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), dejando a miles de titulares de derecho sin apoyo económico. Cabe recordar que el CUD no era un requisito indispensable para acceder a este beneficio, sino que el criterio central era la acreditación de una incapacidad laboral del 76 %.

El gobierno continúa con una lógica de persecución hacia la discapacidad mediante el proyecto de ley 109/26, enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, que busca modificar el sistema de pensiones por invalidez y derogar la ley de Emergencia en Discapacidad. Esta iniciativa profundiza la estigmatización de las personas con discapacidad, instalando la idea de fraude sobre un derecho básico como son las pensiones no contributivas.

En síntesis, este revisionismo histórico y cortoplacista impulsado por el gobierno nacional demuestra una obsesión persistente hacia el sector de la discapacidad, basada en pensamientos y acciones recurrentes de ajuste y en una manifestación compulsiva y pragmática de políticas regresivas. Todo ello no hace más que consolidar el abandono del Estado hacia las personas con discapacidad.

Esta obsesión y compulsión por el recorte presupuestario evidencia una violación sistemática de los derechos del colectivo, así como de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de todas y todos. Ambos instrumentos internacionales reconocen que los derechos humanos deben avanzar de manera progresiva y nunca retroceder. Sin embargo, las políticas implementadas por el gobierno nacional del presidente Javier Milei parecen orientarse, de manera indefectible, hacia el avasallamiento de esos derechos.

*El autor es licenciado en Trabajo Social de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Activista por los Derechos de las Personas con Discapacidad de la organización “Unidos por la discapacidad UNAJ”.

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