En el sexto día desde el origen de los incendios, la llegada de la lluvia apuró una tregua en la Comarca Andina. Decenas de vecinos, voluntarios y brigadistas que combaten en la primera línea pudieron descomprimir la tensión de jornadas extenuantes, aunque el peligro persiste. Luego de un silencio ensordecedor por parte del Gobierno Nacional, finalmente el presidente Javier Milei agradeció a los brigadistas, y se refirió a los recursos nacionales que habrían contribuido a extinguir 22 de los 32 focos. Sin embargo, la realidad territorial contradice la teoría del presidente, que, además de no visitar la zona afectada, fue criticado por compartir una imagen generada por inteligencia artificial que lo muestra estrechándole la mano a un bombero. En la práctica, su gestión aplicó un recorte real de casi el 80% al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) para el ejercicio 2026.

El último viernes, la Asociación de Abogados Ambientalistas publicó un documento titulado “La inacción climática estatal vuelve a empeorar los incendios en la Patagonia”. Con la firma de casi veinte organizaciones ambientales del país, plantea que los incendios masivos son el resultado de “una combinación crítica entre la crisis climática global y la inacción política del Estado”. El informe denuncia un “desmantelamiento sistemático” de las capacidades de respuesta: el Servicio Nacional de Manejo del Fuego sufrió subejecuciones presupuestarias y enfrenta para 2026 un recorte real de casi el 80% respecto a 2025. Esto se traduce en menos horas de vuelo para los aviones hidrantes, menos informes de alerta temprana y una precarización de las brigadas que combaten en territorio. 

Finalmente, en el documento se resaltan las prioridades estatales: mientras se desfinancia la prevención y el combate del fuego, el presupuesto nacional multiplica los subsidios a la industria de los hidrocarburos, “la misma que origina la crisis climática”. Las organizaciones firmantes advierten que, de no mediar una respuesta coordinada que incluya financiamiento pleno, formalización laboral de los brigadistas y participación comunitaria, “el Estado seguirá mirando para otro lado, mientras el fuego se incrementa cada vez más”. 

En línea con su persecución histórica contra el pueblo mapuche, la senadora Patricia Bullrich tuiteó: “Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas. La Resistencia Ancestral Mapuche está declarada organización terrorista por sus antecedentes en incendios provocados, violencia y catástrofes ecológicas”. Alineada con su jefa política, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, denunicó desde las redes del ministerio que los incendios -que ya consumieron más de 12.000 hectáreas patagónicas- serían intencionales y que podrían estar vinculados a grupos “con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”.