En una movida institucional de alto impacto, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) formalizó hoy su pedido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando que el máximo tribunal se expida “a la mayor brevedad posible” sobre la plena vigencia y aplicación de la ley de financiamiento universitario.

Este reclamo judicial llega apenas 24 horas después de la 4° Marcha Federal Universitaria, una movilización que tuvo altos niveles de participación en Plaza de Mayo y en los principales centros urbanos de Argentina. El respaldo social masivo parece haberle dado el último impulso político a las autoridades de la UBA para judicializar al máximo nivel el conflicto presupuestario que mantiene en vilo a la educación pública.

El documento presentado por la UBA es contundente: exige al gobierno nacional la “inmediata aplicación” de la norma sancionada por el Congreso. El argumento central de la universidad radica en que el Ejecutivo no cuenta con un fallo definitivo que lo habilite a desoír la ley. Si bien la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario al Ejecutivo —lo que suspendió momentáneamente la medida cautelar que obligaba a pagar los fondos—, la UBA sostiene que esta suspensión es insostenible en el tiempo ante el daño irreparable que se está causando.

La ley de financiamiento impacta de forma directa en la recomposición salarial, ya que los docentes y no docentes han visto sus ingresos pulverizados por la inflación en los últimos dos años. Además apunta al mejoramiento del presupuesto operativo para el mantenimiento de edificios y servicios básicos. Y al fortalecimiento de la investigación y las becas estudiantiles: hoy miles de proyectos científicos están en riesgo de discontinuidad. Otro eje clave pasa por  los hospitales escuela, como el emblemático Hospital de Clínicas, que están operando en condiciones críticas debido a la falta de partidas actualizadas.

El informe que acompaña el pedido a la Corte revela el brutal ajuste puesto en marcha por el gobierno de Javier Milei. Según el Consejo Superior, los fondos transferidos a las universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre el inicio de la gestión libertaria en diciembre de 2023 y las proyecciones para 2026. Esta asfixia presupuestaria es calificada por la comunidad educativa como un “ataque sistemático” al modelo de universidad pública, gratuita y de calidad que caracteriza a la Argentina.

Con la causa ya en manos del máximo tribunal, la presión se traslada a los ministros de la Corte Suprema. La UBA sostiene que la demora judicial sólo favorece la política de desfinanciamiento del Ejecutivo, mientras que una resolución pronta permitiría normalizar la actividad académica y garantizar el derecho a la educación superior.

La movilización de ayer fue un mensaje claro para los tres poderes del Estado. Mientras las calles siguen resonando con las consignas en defensa de la universidad pública, la batalla técnica se libra ahora en los despachos judiciales. La decisión de la Corte no solo definirá el presupuesto de una institución, sino el futuro de la ciencia y la formación profesional en el país.

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