El Gobierno oficializó una poda masiva de recursos. En la previa de la marcha federal, el ajuste golpea a las universidades de todo el país. La salud pública pierde $63.000 millones en programas críticos para el cáncer y VIH. El esquema se completa con un fuerte impacto al bolsillo: un tarifazo escalonado en trenes y colectivos que profundiza la crisis social.

Manuel Barrientos

Apenas cuatro meses después de que el Congreso de la Nación aprobara el Presupuesto 2026, el Poder Ejecutivo ejecutó una reestructuración financiera que impacta de lleno en los pilares fundamentales del Estado. Con las firmas del jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, la decisión administrativa 20/2026 oficializa una quita de recursos que afecta sensiblemente a las provincias, la educación pública y la salud de los más vulnerables.

La Secretaría de Educación sufrió un recorte total de $78.768 millones. El mayor impacto recae sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que pierde más de $35.288 millones, afectando directamente las transferencias a las provincias. Asimismo, se eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente destinado a la educación primaria y secundaria, una herramienta clave para equilibrar los salarios mínimos en las jurisdicciones con menos recursos.

En el día previo a la marcha federal, las universidades nacionales no quedaron exentas. La poda de $5.303 millones en infraestructura paraliza obras en trece casas de altos estudios. Entre las más perjudicadas se encuentran las universidades nacionales de La Plata (con una quita de $1.043 millones), San Martín y Avellaneda. Pero la motosierra también afecta a las casas de altos estudios de todo el país. Además, la empresa estatal EDUC.AR S.A. sufrió una pérdida consolidada de $48.000 millones, comprometiendo el futuro de la conectividad y el equipamiento educativo.

El área sanitaria es, quizás, la que evidencia mayor crudeza. El recorte total en salud pública asciende a $63.021 millones. El programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica» perdió $20.000 millones, mientras que el programa de Prevención y Tratamiento del Cáncer sufrió una baja de $5.000 millones.

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) del Malbrán perdió $1.162 millones, frenando obras en laboratorios de alta complejidad. El INCUCAI sufrió una reducción de $831 millones; y los programas de VIH y Salud Sexual tuvieron recortes que suman más de $1.700 millones.

Infraestructura, provincias y tarifazo en transporte

La Decisión Administrativa dispuso un recorte superior a los $970.000 millones sobre provincias y municipios. Bajo la órbita de «Obligaciones a Cargo del Tesoro», se eliminaron transferencias para gastos corrientes y servicios sociales por montos astronómicos.

Mientras el gobierno argumenta la necesidad de "saneamiento económico", la medida genera una fuerte preocupación social por el impacto directo en el bolsillo de los trabajadores y estudiantes. La austeridad que Adorni no parece mostrar a la hora de afrontar sus raids inmobiliarios y los viajes al exterior pretende que sí la enfrenten las clases medias y los sectores de por sí más castigados de la sociedad argentina.

En materia de infraestructura hídrica, el Ministerio de Economía desactivó el programa de apoyo para agua y saneamiento. Obras vitales como el Acueducto Vipos en Tucumán, el sistema de agua potable en Concordia y la planta depuradora de Rafaela se quedaron sin el financiamiento previsto, profundizando la parálisis de la obra pública en todo el territorio nacional.

En paralelo al ajuste presupuestario, la Secretaría de Transporte convocó a una consulta pública para implementar un nuevo cuadro tarifario que comenzará a regir el 18 de mayo. El objetivo oficial es reducir la dependencia de los subsidios, que en el caso ferroviario sólo cubren el 5% del costo real. Los boletos de colectivo en el AMBA sufrirán incrementos del 2% mensual acumulado en mayo, junio y julio. Y el sistema ferroviario, bajo «Emergencia Ferroviaria», tendrá un cronograma de cinco etapas. En mayo sufrirá un 18% de aumento; y de junio a septiembre habrá subas escalonadas del 15%, 13%, 12% y 10% respectivamente. El aumento brutal en los boletos de tren aparece como una medida que busca preparar el terreno para una futura privatización.

Mientras el gobierno argumenta la necesidad de «saneamiento económico», la medida genera una fuerte preocupación social por el impacto directo en el bolsillo de los trabajadores y estudiantes. La austeridad que Adorni no parece mostrar a la hora de afrontar sus raids inmobiliarios y los viajes al exterior pretende que sí la enfrenten las clases medias y los sectores de por sí más castigados de la sociedad argentina.

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