Los glaciares y el ambiente periglacial funcionan como reguladores naturales que garantizan la vida en las zonas bajas porque actúan como «esponjas» de agua dulce, sosteniendo el caudal de los ríos que abastecen el consumo humano, la agricultura y la generación de energía, especialmente en las provincias áridas y durante las temporadas de sequía. Por ello, las organizaciones advierten que este retroceso sería ilegal e inconstitucional, violando el principio de «no regresión» del Acuerdo de Escazú, y por estas horas celebran este impasse. “Hay que seguir, evidentemente no les daban los votos, sino hubieran avanzado como lo hicieron con tantos otros proyectos, se puede frenar y se tiene que frenar”, publicaba esta mañana una líder del sector ambiental. 

Ferraro afirmó que “cualquier modificación que implique una posible regresión en los estándares de protección exige un debate técnico serio y evidencia científica”.

Argentina es una potencia mundial en diversidad de hielos, con 16.968 cuerpos de hielo que cubren una superficie de 8.484 kilómetros cuadrados. El impacto de una desprotección legal afectaría directamente a 12 provincias: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja, San Juan y Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Pese al negacionismo gubernamental respecto al cambio climático, los datos son alarmantes: entre 2010 y 2019 los glaciares perdieron más masa que en cualquier otra década registrada.

La Cámara de Diputados habilitó mecanismos para que la voz de las comunidades locales sean escuchadas y la modalidad será mixta: habrá exposiciones presenciales en comisiones y virtuales desde las provincias involucradas. Los interesados podrán anotarse y enviar sus presentaciones escritas a través de la página oficial de la Comisión de la Cámara de Diputados hasta dos días antes del evento. Se estima que, tras el análisis de las exposiciones, la fecha definitiva para un dictamen podría ser el 7 de abril.

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