Con la oposición unificada ante el escándalo de su declaración jurada y el polémico “ahorro informal”, el jefe de gabinete pierde el blindaje parlamentario. Mientras se activa el mecanismo constitucional de la moción de censura, los partidos aliados empujan su renuncia inmediata para evitar un costo político mayor.

Manuel Barrientos

La presentación de la postergada declaración jurada del jefe de gabinete, Manuel Adorni, provocó un fenómeno político infrecuente en la Argentina reciente: la unificación fáctica de todo el arco opositor y aliado —desde el peronismo duro y la izquierda hasta los denominados sectores “dialoguistas” como el PRO y el radicalismo— en un reclamo unánime que exige su apartamiento inmediato.

El temblor institucional, que comenzó como una filtración de inconsistencias patrimoniales, mutó en pocas horas en una carrera contrarreloj en los pasillos del Congreso. Allí, mientras el peronismo, los bloques federales y la izquierda articulan los mecanismos para una inédita moción de censura, los partidos aliados al gobierno intentan apurar la renuncia del funcionario. No lo hacen por un súbito alineamiento ético con la oposición dura, sino por una estricta estrategia de control de daños: buscan eyectar a Adorni antes de que la crisis arrastre la institucionalidad gubernamental.

El detonante fue la justificación patrimonial que el propio Adorni intentó ensayar en el prime time televisivo. El reconocimiento de haber omitido información fiscal y la posterior explicación de un incremento de riqueza basado en un supuesto acopio de dólares “en negro” —derivado de tempranas inversiones en criptomonedas y resguardado en un pendrive— dinamitó la credibilidad del gobierno.

“Manuel Adorni no puede seguir siendo jefe de gabinete de ministros. El gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más”, sentenció el actual diputado y exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que supo aportar funcionarios al Ejecutivo nacional en el arranque de la presidencia de Javier Milei. La declaración de Schiaretti funcionó como un catalizador para toda la bancada cordobesista. Los diputados Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo, junto a la senadora Alejandra Vigo, suscribieron un documento conjunto que expone la pérdida de sustentabilidad política del funcionario en las provincias centrales, un territorio clave para el armado oficialista.

Para el expresidente Mauricio Macri y la cúpula del PRO, el “episodio Adorni” ofreció la oportunidad de marcar una frontera nítida respecto a la gestión gubernamental. “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, disparó el partido amarillo a través de sus canales oficiales. En el entorno de Macri insisten en que el jefe de gabinete incurrió en una “falta grave” al mentir u ocultar información ante el Poder Legislativo durante su último informe de gestión, erosionando una confianza pública que consideran “no recuperable”.

Por su parte, los bloques nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) emitieron un pronunciamiento donde calificaron las explicaciones de Adorni como una muestra de “gravedad ética incompatible” con el ejercicio de la función pública con rango constitucional. El gobernador Axel Kicillof introdujo la variable política de la doble vara judicial al señalar que “si Adorni fuera peronista estaría preso”. En tono irónico, Kicillof remató: “Yo estoy buscando un pendrive para los recursos de la provincia”.

Los sectores aliados apuran las negociaciones para forzar una salida del ministro coordinador que evite que el caso llegue al Congreso. Mientras, en los pasillos de la Casa Rosada corren rumores que apuntan a que el desplazamiento de Adorni podría escenificarse el próximo martes, aprovechando el debut de la selección argentina en la Copa del Mundo.

El pedido de moción de censura y el frente judicial

Con 31 firmas de diputados que van desde el peronismo, la izquierda, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y hasta la ex LLA Marcela Pagano hasta los radicales liderados por Martín Lousteau y legisladores que responden a los gobernadores de Jujuy y Córdoba, la oposición ya solicitó formalmente una sesión especial para el martes 23 de junio a las 14:00 horas. El temario incluye seis proyectos que contemplan desde pedidos de informes verbales hasta la activación del mecanismo de moción de censura contemplado en el artículo 101 de la Constitución Nacional, el cual permite remover al jefe de gabinete con el voto de la mayoría absoluta de ambas cámaras. De concretarse, sería inédito en la historia argentina.

Pero la situación de Adorni comenzó a ramificarse en los tribunales de Comodoro Py. Los diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, formalizaron una denuncia penal por “falsedad ideológica” y “omisión maliciosa”, encuadrada en el artículo 293 del Código Penal. La presentación solicita no solo la condena penal, sino la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, sumando la “falsedad en el informe escrito de gestión” presentado formalmente ante el Parlamento. En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita analiza los movimientos financieros del funcionario. El foco se centra en las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) y las inconsistencias detectadas con los registros de la ARCA.

Ante este escenario, los sectores aliados apuran las negociaciones para forzar una salida del ministro coordinador que evite que el caso llegue al Congreso. En los pasillos de la Casa Rosada corren rumores que apuntan a que el desplazamiento de Adorni podría escenificarse el próximo martes, aprovechando el debut de la selección argentina en la Copa del Mundo. Se trataría de un intento de licuar el impacto político de la pérdida de una pieza central del organigrama gubernamental en medio de la euforia futbolística. Sin embargo, la andanada judicial, la presión unificada de los bloques parlamentarios y el termómetro en rojo en la opinión pública configuran un escenario de extrema volatilidad. La crisis ha tomado una velocidad propia, y la salida del funcionario podría precipitarse mucho antes de que la pelota empiece a rodar.

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