La titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, llega a la Argentina con el trasfondo de un programa en tensión: el primer incumplimiento fiscal del año, marcadas diferencias sobre el acceso a los mercados y exigencias estructurales que amenazan con acentuar la recesión y el deterioro social.

Redacción 4Palabras

La llegada de la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a la Argentina responde a una urgencia técnica concreta: contener el deterioro de un programa financiero que ya empieza a mostrar fisuras. Con un recorrido planificado por los yacimientos de Vaca Muerta en Neuquén y reuniones de alto nivel en el Palacio de Hacienda, la visita de la titular del organismo busca destrabar la tercera revisión del programa Extended Fund Facility (EFF 2025) y justificar un nuevo desembolso.

Sin embargo, la puesta en escena oficial intenta amortiguar un escenario complejo: un exhaustivo informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte sobre el primer desvío en las metas fiscales pactadas, desacuerdos en la estrategia de endeudamiento externo y la presión inminente de reformas estructurales de fondo.

El eje central de las negociaciones radica en el desempeño fiscal del gobierno de Javier Milei. Según los datos analizados por el CEPA, en junio la administración nacional registró un déficit primario de $696.843 millones, un resultado que le impidió por primera vez cumplir con el objetivo acordado con el organismo. Durante el primer semestre de 2026, el superávit acumulado alcanzó los $6,3 billones, quedando $573.974 millones por debajo del límite pactado a junio ($6,86 billones). La pauta fue sobrepasada incluso cuando el propio FMI había flexibilizado la meta en mayo, con un achique en $1,6 billones desde los $8,5 billones proyectados originalmente.

De cara al cierre de año, las exigencias se intensifican. El compromiso fijado para diciembre exige un superávit primario de $16,3 billones. Esto implica que el Tesoro debería generar $10,0 billones adicionales en el segundo semestre. Si se proyecta la estacionalidad del gasto e ingresos, el CEPA estima que el resultado acumulado a fin de año apenas alcanzaría los $10,5 billones, dejando un bache de $5,7 billones con respecto al reclamo del organismo. La pauta histórica de los primeros años de gestión —donde dos tercios del superávit se concentraron en los primeros seis meses— vuelve improbable alcanzar la meta sin un ajuste de magnitud.

El acuerdo con el FMI incluye la reducción del umbral de Impuesto a las Ganancias para alcanzar al menos al 20% de la población, la equiparación de escalas del Monotributo con el régimen general, la eliminación de exenciones y el reemplazo de Ingresos Brutos por un IVA dual provincial.

Otro punto de tensión técnica reside en el programa financiero. El Ministerio de Economía prevé para todo 2026 emisiones por USD 4.000 millones en mercados internacionales bajo la modalidad de préstamos garantizados (de los cuales ya ingresaron USD 3.200 millones a través de acuerdos con el BIRF y el BID). Sin embargo, las proyecciones del FMI contemplan requerimientos adicionales por USD 1.433 millones para el resto del año.

La brecha se profundiza al proyectar el escenario para 2027. La perspectiva del FMI contempla emisiones privadas e internacionales por USD 5.000 millones en el primer semestre y un total de USD 8.000 millones para el año. Pero el esquema del gobierno no contempla realizar nuevas emisiones de deuda en moneda y ley extranjera durante todo 2027.

Esta divergencia responde a visiones estratégicas contrapuestas. El FMI presiona por un pronto retorno de la Argentina a los mercados de crédito internacionales, advirtiendo que continuar acumulando deuda senior (con prioridad implícita de cobro) obstaculiza la llegada de acreedores privados. Desde el Palacio de Hacienda, en cambio, la apuesta consiste en mostrar que “no se necesita del mercado”, con la premisa de forzar una baja del Riesgo País antes de intentar colocaciones voluntarias.

El acuerdo vigente exige la presentación de compromisos institucionales clave hacia finales de 2026 y 2027. Por un lado, una reforma tributaria: de acuerdo a los plazos acordados, el Ejecutivo debería realizar una presentación formal del proyecto para simplificar el sistema en diciembre de este año. La iniciativa incluye la reducción del umbral de Impuesto a las Ganancias para alcanzar al menos al 20% de la población, la equiparación de escalas del Monotributo con el régimen general, la eliminación de exenciones y el reemplazo de Ingresos Brutos por un IVA dual provincial.

El pacto general con el FMI también contempla la creación de un registro para fiscalizar seis riesgos clave de evasión, enfocado en grandes contribuyentes. Para 2027, está planificado el avance en una reforma previsional, orientada a vinculación más estrecha entre aportes y haberes, reduciendo la fragmentación del sistema. Y otro punto clave pasa por la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, con ajustes que refuercen la “independencia” de la autoridad monetaria.

El sendero de vencimientos dibuja un marco de alta exigencia para las reservas locales. Para el segundo semestre de 2026, los vencimientos suman USD 1.130 millones de capital y USD 1.694 millones de intereses, frente a desembolsos previstos del FMI por USD 863 millones.

Entre 2026 y 2029, los desembolsos semestrales del organismo apenas cubrirán el 60% de los compromisos por intereses. En este marco, la estadía de Georgieva sobre el terreno servirá para evaluar si el FMI concederá el waiver (dispensa) por el desvío fiscal de junio o si endurecerá las condiciones para autorizar los envíos de fondos restantes.

En este contexto, el cumplimiento estricto de las exigencias del FMI sitúa al gobierno en un complejo laberinto de viabilidad política y técnica. Consolidar el sesgo contractivo del gasto para cubrir el bache fiscal de $5,7 billones restante no solo resulta técnicamente improbable por la propia dinámica de ingresos del segundo semestre, sino que amenaza con asfixiar del todo la economía real. Profundizar el programa fiscal y tributario exigido por el organismo implica acelerar la recesión y provocar un mayor enfriamiento del consumo e impactar directamente en el tejido productivo nacional. Esta dinámica no solo redundaría en un achicamiento del mercado laboral y un deterioro de las métricas de empleo formal (incluso mayores a las que ya se están viendo desde diciembre de 2023), sino que agravaría de forma crítica la crisis de ingresos que atraviesan los trabajadores y jubilados.

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