La noticia llega del otro lado del río: la justicia uruguaya procesó con prisión a tres militares por la desaparición forzada de Eduardo González, militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR) y esposo de una de las referentes por los derechos humanos más destacadas del país, Elena Zaffaroni. Fue más que una resolución judicial: fueron cuarenta años contenidos, y el reconocimiento a una lucha sostenida de memoria contra la impunidad. 

Zaffaroni es una de las integrantes históricas de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Durante la última dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985), ella y su esposo Luis Eduardo González, fueron secuestrados y detenidos mientras Elena estaba embarazada de cuatro meses. A ella la trasladaron al penal de Punta de Rieles. Su hijo nació en cautiverio en el Hospital Militar, y luego fue liberada en 1976. Desde ese entonces no supo nada más de su compañero. 

Luis Eduardo González, tenía 22 años y estudiaba Medicina cuando lo secuestraron. Según la información recopilada durante el proceso judicial, González habría fallecido a fines de diciembre de 1974 luego de ser torturado. Para ocultar el crimen, la dictadura emitió un comunicado de prensa alegando que se había «fugado» y solicitando su captura. Los informes confirmaron posteriormente que sus restos fueron enterrados clandestinamente en el Batallón 14 de Toledo y exhumados de forma ilegal en 1984 para ser incinerados y borrar evidencias.

Los procesados son Mario Julio Aguerrondo Montecoral, identificado como Jefe de la División de Informaciones del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas; Gustavo Criado Carmona, oficial del OCOA durante el período, reconocido y denunciado por múltiples víctimas; y Glauco José Yannone de León, reconocido directamente por sobrevivientes por su participación en los operativos de detención e interrogatorios bajo tortura. La jueza uruguaya Isaura Tortora consideró que “existen elementos de convicción suficientes para juzgar prima facie y sin perjuicio de las resultancias del proceso, que los acusados incurrieron en la presunta comisión de un delito de desaparición forzada, en calidad de coautores”. 

En sus fundamentos, Tortora explicó que “desde que los autores —a sabiendas del destino de la víctima— no han proporcionado información alguna de su paradero hasta el día de la fecha, el delito se sigue perpetrando”. Además destacó que los crímenes de lesa humanidad, como acciones parte de un plan sistemático, afectan a la comunidad internacional en su conjunto. 

“También existe una dimensión vinculada al derecho a la verdad, tanto de las víctimas como para la sociedad. La investigación debe desarrollarse con independencia frente a las presiones que pudieran existir”, señaló en el fallo, y remarcó la dimensión social vinculada al derecho a la verdad, y que estos procesos cumplen una función que trasciende la sanción penal: “constituyen un mecanismo de defensa y fortalecimiento de la propia democracia”.

Tras recuperar su libertad y con el retorno de la democracia, Elena Zaffaroni se unió de forma activa a la búsqueda de Eduardo y de todas las víctimas del terrorismo de Estado. Se convirtió en una de las voces públicas más visibles de la organización de Familiares, participando activamente año tras año en la organización de la Marcha del Silencio. Apenas conocida la noticia, relató en el programa Legítima Defensa de Caras y Caretas que el fallo es el resultado de un trabajo colectivo que logró “derribar mil barreras de impunidad”. “Estos 41 años no fueron estáticos, los compañeros siguieron denunciando en pequeños lugares, incluso cuando la Ley de Caducidad bloqueaba todo. Cada vez aparecía una barrera nueva y parecía más alta”, relató.