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El proyecto de ley de tierras compromete la soberanía y la integración territorial

El proyecto de ley de tierras compromete la soberanía y la integración territorial

Los detalles de los cambios que el gobierno pretende introducir en la ley actual y los riesgos que entrañan las modificaciones. Quiénes son los extranjeros propietarios y cuánta tierra poseen hoy en la Argentina. Consecuencias en la biodiversidad, la deforestación, la degradación de los ecosistemas y las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros.

Bernardo Carnelli

Este jueves 6, el Senado de la Nación, tratará el proyecto de ley denominado “inviolabilidad de la propiedad privada” y renombrado, sin eufemismos, por la oposición como “extranjerización de la tierra”. Una vez más, los argentinos nos hallamos atravesados por un debate que compromete nuestra soberanía nacional y nuestra integración territorial.

El gobierno nacional, en su tratamiento parlamentario, quiere modificar el derecho de propiedad convirtiéndolo en un derecho absoluto, por encima de los derechos sociales, ambientales y colectivos. Pone así en grave riesgo el patrimonio nacional y la soberanía e integridad territorial, las zonas de seguridad de frontera y la defensa, los cuerpos de agua y su suministro o seguridad hídrica, los recursos estratégicos no renovables y riquezas naturales, la integridad ecológica, y la seguridad alimentaria.

La pretensión del proyecto es modificar la ley 26.737 de Tierras Rurales, promulgada el 27/12/2011. Dicha norma fue creada para regular la compra de tierras rurales por personas y empresas extranjeras; definir cuánto, dónde, y bajo qué condiciones pueden realizarse; proteger recursos estratégicos y evitar una concentración excesiva de tierras rurales.

El tope actual de titularidad extranjera es de 15%, pero de acuerdo a la última versión del borrador del proyecto presentado por la senadora Patricia Bullrich se pretende llevarlo por lo menos al 25%.

De acuerdo a la ley actual del total permitido los compradores de una sola nacionalidad no pueden superar el 30% y se prohíbe la compra de terrenos con cuerpos de agua o en zonas fronterizas, en tanto que el proyecto impulsado por el gobierno habilitaría este tipo de compras.

Tal como lo señalamos en una nota anterior en 4Palabras la ley actual apunta a preservar el patrimonio nacional y defender la soberanía, poniendo límites a la titularidad y posesión por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, cualquiera sea su destino de uso o producción, algo que se pondría riesgo a partir de las reformas impulsadas por La Libertad Avanza.

Hoy hay 13 millones de hectáreas (1 hectárea = 1 manzana urbana) en manos extranjeras, el equivalente a la superficie de Inglaterra o casi el 5% de la superficie continental argentina, (ver mapa). El proyecto quiere eliminar los topes o duplicarlos.

Estos son algunos ejemplos de la situación de la propiedad de tierras en manos de extranjeros hoy en Argentina:

High Luck Group Argentina (China) 1.148.000 hectáreas
Grupo Benetton (Italia) 920.000 hectáreas
Grupo Walbrook (Gran Bretaña) 600.000 hectáreas
Estomonte A.G.S.A (Suiza) 404.098
Grupo Heilongjiang Beidahuang (China) 330.000 hectáreas
Arauco S.A. (Chile) 264.334
Adecoagro (Luxemburgo) 217.810
Minera Vale (Brasil) 160.000 hectáreas
Nieves de Mendoza S.A. (Malasia) 145.460
Gold Corp (Canadá) 130.000 hectáreas
Roberto Hiriart (Chile) 100.000 hectáreas
Ted Turner (Estados Unidos) 56.000 hectáreas
Ashley Kent Carrithers (Estados Unidos) 41.000 hectáreas
Joseph Lewis (Gran Bretaña) 38.000 hectáreas

Hoy hay 13 millones de hectáreas (1 hectárea = 1 manzana urbana) en manos extranjeras, el equivalente a la superficie de Inglaterra o casi el 5% de la superficie continental argentina, El proyecto quiere eliminar los topes o duplicarlos.

¿Qué se pretende cambiar?

Se argumenta que modificar o eliminar los límites vigentes en la ley 26.737, permitiría atraer inversiones y la compra de tierras por capitales extranjeros o en asociación con argentinos; impulsar proyectos productivos, dinamizar el desarrollo agropecuario y la industria asociada al uso de la tierra; y generar menores limitaciones, mayores garantías y libertad para invertir en el país.

Estas son las líneas argumentales presentadas por el oficialismo ante la carencia de estabilidad económica, una infraestructura debilitada y en decadencia, sin acceso a créditos blandos y sin seguridad jurídica, entre otros factores. Todas estas hipótesis son de dudosa comprobación.

También se busca eliminar el Consejo Interministerial de Tierras Rurales y asimismo las obligaciones de información de los compradores extranjeros, generando menos control del Estado.

Entre otras consecuencias potenciales la propuesta oficialista tiende a generar mayor concentración de la tierra, aumento de la conflictividad por el uso del territorio, acrecentamiento de la presión sobre los recursos naturales, descontrol de los recursos estratégicos tales como aguas y suelos.

Además, la decisión de quiénes deciden y cómo se usa la tierra, tiene consecuencias en la biodiversidad, la deforestación, la degradación de los ecosistemas, las emisiones de gases de efecto invernadero, etc.

Otros dos temas críticos, hoy muy presentes, y que atañen a este propósito desregulatorio encabezado por el ministro Federico Sturzenegger son la “sed de la Inteligencia Artificial ” y el “fuego convertido en negocio”, tal como señaló la periodista y especialista en bioética María Fernanda de la Quintana en Tiempo Argentino. También se apunta a entrenar y operar modelos de IA a gran escala, que exige grandes cantidades de agua para refrigeración, condiciones óptimas que puede ofrecer la Patagonia. Y derogar la prohibición de cambiar el uso del suelo de tierras incendiadas durante treinta años convierte el incendio en un negocio inmobiliario.

El filósofo Julián Fava dice lo siguiente: ¿Cuál es el espíritu de la ley? Montesquieu escribió que el espíritu de una ley reside en la relación que mantiene con la historia, la economía, la geografía y las costumbres de un pueblo. Hoy la tierra vuelve a ser pensada como mercancía disponible para capitales sin arraigo. Y agrega que ya en la Constitución Nacional de 1949 se estableció que la propiedad privada tiene una función social. A propósito de la casa común, cita al papa Francisco, en Fratelli Tutti: “La subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes constituye una regla de oro del orden social”.

El presente y el futuro, todo está amenazado. Por el bienestar de nuestro pueblo y las posibilidades de desarrollo económico, social y cultural, es necesario actuar ya.

Bernardo F. Carnelli es secretario ejecutivo del Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad (IEFI).

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