El desplome de la actividad económica y el freno total de la obra pública generan un efecto dominó que asfixia a empresarios y trabajadores. Entre la ilusión de los datos del gobierno, la celebración de Caputo y la parálisis del sector: el ladrillo dejó de ser refugio y la obra privada quedó en estado de "subsistencia".

Martina Dentella

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los datos de actividad de la industria y la construcción de abril. Sin embargo, para los actores del sector, el ministro apeló a una suerte de “estadística creativa” para combinar recortes que no reflejan la caída real que atraviesa el sector. Y hasta los propios números del INDEC desmienten el entusiasmo oficial: en abril la construcción sufrió un desplome del 4% mensual y un 2,8% en la comparación interanual.

Una vez más el relato oficial choca con lo que ocurre en las obras. En diálogo con 4Palabras, el arquitecto Alejandro Faillace asegura que “más que reactivación, se ve un sector francamente deprimido”. El profesional con trayectoria en dirección y construcción de obras de vivienda, comerciales e industriales agrega que “no hay ninguna ‘explosión’ de permisos de obra” como menciona el ministro.

Para Faillace, integrante de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), la falta de actividad se ve reflejada tanto en la actitud de los trabajadores como en los proveedores. “Cuando había actividad plena no había esta oferta de mano de obra especializada; ahora cualquier cotización tiene una respuesta inmediata, hay apetencia por vender, lo que demuestra que el sector está muy planchado”, explica.

La encuesta cualitativa del INDEC, compartida por el ministro de Economía, convalida esta percepción: el 75,5% de las empresas privadas cree que la actividad no variará en el corto plazo. Faillace asegura que hoy no hay incentivo excepto en zonas muy especiales de alto retorno, pero no se abre la posibilidad de encarar nuevos emprendimientos y convocar a inversores porque “los números no están cerrando”. Desde diciembre de 2023, momento en que asumió el gobierno de Javier Milei, hubo un aumento en dólares del costo de la construcción y “esto no se ha normalizado”. Por eso es muy difícil pensar un nuevo proyecto y mucho menos que esas iniciativas sean masivas.

“Para tomar gente, las pymes constructoras necesitamos trabajo. Y para generar trabajo necesitamos crédito, un marco de referencia claro y no relatos constantes de mejoras futuras, segundos semestres brillantes y demás espejismos a los cuales nos tiene acostumbrado este gobierno”, explica el arquitecto Alejandro Faillace.

La paralización de la obra pública generó un efecto dominó. Otra fuente del rubro de la construcción, con más de treinta años de desarrollo en obra público-privada, considera que la crisis tiene un diagnóstico claro: la obra pública está paralizada a un 90% o más, tanto obras viales como en la construcción de viviendas sociales, escuelas y hospitales.

Mientras tanto, la actividad privada en materia de viviendas presenta un dilema imposible de resolver a corto plazo: aumentos de los costos muy por encima de los ingresos de potenciales compradores. “A eso se suma la escasez de crédito y las exigencias de condiciones para la poca oferta crediticia», argumenta. La misma fuente afirma que la excepción a esta parálisis se da en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas grandes capitales provinciales, donde «segmentos muy puntuales» siguen invirtiendo en ladrillos como refugio de valor.

Faillace coincide y subraya que este freno total “suicida” de la obra estatal es un retroceso sin ningún discernimiento. “Es la aplicación de la motosierra y la licuadora en forma indiscriminada, que produjo un desastre en el mercado laboral de la construcción», sintetiza.

El arquitecto también destaca la necesidad de que se declare la ley de Emergencia PyME y que rápidamente se ponga en vigencia, no para mejorar la situación sino por una cuestión de subsistencia. “Necesitamos que afloje la presión fiscal, que no nos embarguen las cuentas, que podamos diferir pagos de impuestos en el tiempo, y eso nos dé un poco de aire solamente para seguir subsistiendo”, dice. A largo plazo, la demanda del sector es que el Estado retome la obra pública en espacios fundamentales para la vida de los ciudadanos y que, de modo expansivo, motorice a la industria de la construcción, generadora de empleo a escala masiva.

Hoy los trabajadores de la construcción son los más afectados, con salarios “a niveles bajísimos, casi bordeando los límites de la pobreza”. Para que este escenario pueda mejorar, Faillace insiste en la necesidad de cambiar las reglas del juego del “ajuste permanente”. Según su mirada, la ecuación se encadena: “Para tomar gente, las pymes constructoras necesitamos trabajo. Y para generar trabajo necesitamos crédito, un marco de referencia claro y no relatos constantes de mejoras futuras, segundos semestres brillantes y demás espejismos a los cuales nos tiene acostumbrado este gobierno”.

El arquitecto también pone la mirada en el impacto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y solicita que se exija contratar a empresas ni mano de obra local. “Tenemos el ejemplo de las 2.500 viviendas que se van a traer desde China a San Juan. Esto es un disparate enorme y destruye todo lo bueno que alguna vez tuvo nuestro país en cuanto a la actividad», recuerda.

Por fuera de esos círculos de privilegio, la realidad está completamente «atravesada por la parálisis o las ventas a precios muy por debajo del mercado», lo que expone la distancia que separa las cuentas en el aire del ministro de Economía con la situación cotidiana de las PyMEs y los trabajadores de la construcción.

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