La situación del sector de discapacidad en Argentina se asoma cada vez más al abismo. Luego de la última reunión del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de la flamante “Secretaría de Discapacidad” dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, las organizaciones que nuclean a prestadores y familias plantearon su rechazo a las últimas medidas dispuestas por la gestión nacional. Denuncian que el reciente aumento otorgado no solo es insuficiente, sino que viola el espíritu de la ley de Emergencia en Discapacidad Nº 27.793, poniendo en riesgo la continuidad de centros de día, transportes y terapias fundamentales.

El foco del conflicto radica en la base de cálculo y el desfase acumulado. En la reunión del pasado 12 de febrero, el gobierno nacional —encabezado por el flamante secretario de Discapacidad y ex director ejecutivo de la ANDIS, Alejandro Alberto Vilches— impuso un incremento del 5,78% para febrero de 2026.

Sin embargo, el Foro Permanente por la Discapacidad advierte que este número es una trampa matemática. Los prestadores exigen un aumento real del 40% para recomponer la situación. El argumento es contundente: si se aplican porcentajes bajos sobre aranceles que ya están “pisados” y arrastran deudas de años anteriores, la brecha con el costo de vida se vuelve insalvable.

El Directorio, con los votos negativos de los representantes de la sociedad civil (Pablo Molero y Daniel Lipani), avanzó con una medida que el sector califica de unilateral. Mientras el gobierno nacional se apoya en una “actualización automática” futura, los prestadores advierten que, sin una recomposición inmediata del 40%, el sistema de prestaciones básicas está destinado al colapso. 

“No hubo ninguna posibilidad de discusión de nada. Frente a eso nos respondieron: ‘Bueno, esa es la interpretación que hacen ustedes, nosotros tenemos otra, lean el texto como está, vayan al juez’”, explica el padre Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente por la Discapacidad, en diálogo con 4Palabras.

El “borrón y cuenta nueva” que rechaza el sector

Además del porcentaje de febrero, el Gobierno aprobó por mayoría simple que, a partir de marzo, la actualización sea automática y mensual según el IPC. Lo que parece una solución técnica es, para el sector, una forma de cristalizar la pérdida de poder adquisitivo. Al tomar como base enero de 2025 para futuros aumentos, se ignora la compensación obligatoria del período diciembre 2023 / diciembre 2024. “La persona que no está en el sector tiene que entender que hay gente que todavía no cobró octubre. En muchos casos les están debiendo cuatro meses”, señala Molero.