InterRedes, un nucleamiento que reúne a redes y centros comunitarios del Gran Buenos Aires, denunció el desfinanciamiento del programa “Argentina contra el hambre”. En diálogo con 4Palabras Margarita Zubizarreta sostuvo que los montos de las prestaciones están congelados desde agosto de 2024 e informó que insistieron con su reclamo ante el ministerio de Capital Humano. Se demanda una respuesta urgente, mientras se difunde el problema en la sociedad y se preparan nuevas reuniones con las familias afectadas.

Redacción 4Palabras

InterRedes, una red de redes que viene trabajando desde 1993 y reúne a aproximadamente 170 centros comunitarios en la denominada Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), reiteró su denuncia por el desfinanciamiento del Programa PNUD “Argentina contra el hambre” –pensado para brindar prestaciones alimentarias a niños, niñas y adolescentes– y cuyos montos están congelados desde agosto de 2024. Mediante una carta dirigida a Martín Lepera, subsecretario de Promoción Humana del ministerio de Capital Humano, se le solicitó al funcionario una reunión con carácter “urgente” con “el objetivo de analizar la grave situación que atraviesan nuestros comedores comunitarios como consecuencia del desfinanciamiento del Programa”.

En la nota, el colectivo de centros comunitarios le manifiesta al funcionario que “de acuerdo con los precios relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a marzo del corriente año, el valor de la prestación correspondiente al almuerzo permite adquirir únicamente 44,65 gramos de carne vacuna (paleta)”. Y en el caso de la “prestación destinada al desayuno o merienda, el monto resulta insuficiente para llenar un vaso de leche”.

En diálogo con 4Palabras la licenciada Margarita Zubizarreta, actuando en calidad de vocera de InterRedes, informó que “desde agosto de 2024, el Estado nacional transfiere 763 pesos por cada persona que recibe almuerzo en un comedor comunitario y 280 pesos en el caso que desayune o meriende”.

Según lo sostuvo Zubizarreta “esta situación impide a los comedores comunitarios ofrecer una prestación alimentaria que responda a los estándares nutricionales requeridos para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes y para proteger la salud de los adultos que se encuentran en situación de vulnerabilidad”.

Según una medición hecha por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) a fines de 2025, el 53,6% de las infancias vive en situación de pobreza. Se agrega que el 42% de los chicos de menos de 18 años habita viviendas con falta de cloacas o tratamiento de residuos. De acuerdo a la misma fuente el 61,2% no tiene cobertura médica, el 82% no realiza actividades culturales fuera de la escuela y un 18% presenta síntomas de tristeza o ansiedad.

Otro estudio realizado por el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y la asociación Fundar, da cuenta que el 42% de los jóvenes de barrios populares del AMBA abandonaron la escuela. A lo anterior se agrega que el ingreso al trabajo de los jóvenes de barrios populares ocurre de forma temprana: el 36% comienza antes de los 16 años y casi el 80% antes de los 18. El 52% reporta haber sufrido ansiedad y el 37%, depresión. Además, el 51% afirma que la mayoría de sus amigos consume drogas, mientras que el 15% reconoce ser o haber sido adicto.

Zubizarreta señala que “la actual crisis económica y el sostenido aumento de los precios han generado un incremento considerable en la demanda de asistencia a nuestros comedores comunitarios, lo que nos coloca en la imposibilidad de responder adecuadamente a dicha necesidad”.

En la carta dirigida ahora al subsecretario Lepera InterRedes destacó que “los titulares de derecho de este programa (Argentina contra el hambre) son personas que se encuentran bajo la línea de pobreza, con un porcentaje significativo en situación de indigencia”. Según Zubizarreta “en este contexto, cualquier reducción en la calidad nutricional de las prestaciones alimentarias tiene un impacto directo y severo sobre su estado de salud”.

No es ésta la primera ocasión en la que los centros reunidos en InterRedes advierten sobre la crisis que implica el desfinanciamiento de “Argentina contra el hambre”. En reiteradas ocasiones los petitorios han tenido solamente el silencio por respuesta.

Ahora, reiterando los términos de lo señalado también a Lepera, Margarita Zubizarreta señala que “la actual crisis económica y el sostenido aumento de los precios han generado un incremento considerable en la demanda de asistencia a nuestros comedores comunitarios, lo que nos coloca en la imposibilidad de responder adecuadamente a dicha necesidad”.

Desde InterRedes subrayan a su vez la disposición a trabajar “de manera conjunta para abordar las principales problemáticas” en la medida en que las autoridades del ministerio de Capital Humano muestren apertura para el diálogo y disposición a obrar de manera asociada, algo que no ha ocurrido hasta el presente.

Zubizarreta adelantó que además de las gestiones ante el Estado nacional, InterRedes puso en conocimiento de la situación al titular de Cáritas Argentina, el arzobispo platense Gustavo Carrara, se programan encuentros con las familias afectadas y se brindó información y solicitó solidaridad de otras redes que trabajan en iniciativas solidarias en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios del conurbano bonaerense.

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